La Corte de Justicia suspendió la aplicación de una ordenanza aprobada por tres de los siete concejales de Cerrillos, que disminuía la Unidad Tributaria Municipal de $2,40 a $2.
Los ediles opositores Iván Medina del Partido Conservador Popular, Ramón Avalos de Propuesta Salteña y Ricardo Martínez de Salta somos Todos, aprobaron en mayo pasado la modificación de un artículo de la ordenanza 250 sancionada el año pasado, y bajaron los montos recaudatorios. Por esa razón, el intendente Rubén Corimayo, que ya había vetado esa misma norma anteriormente, interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
En este contexto la Corte de Justicia sostiene que “la norma rompe el equilibrio presupuestario. La aplicación de la ordenanza cuestionada podría configurar un perjuicio al equilibrio presupuestario de la Municipalidad”.
Al respecto, la secretaria de Gobierno de Cerrillos, Liana Sánchez, consideró que “fue una desatinada modificación, producto de discursos preelectorales demagógicos de los concejales. Además, el proyecto fue tratado sobre tablas sin contar con voto afirmativo de las dos terceras partes del Concejo Deliberante”.
Por otra parte, y de acuerdo a la carta orgánica municipal, solo es el intendente quien tiene facultades sobre ordenanzas impositivas.
“Sería un verdadero desequilibrio fiscal sobre el cobro de impuestos y tareas comunales como desagote de pozos, recolección de escombros y muchas tareas que se basan en esa unidad tributaria”, explicó Sánchez.
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La Corte de Justicia suspendió la aplicación de una ordenanza aprobada por tres de los siete concejales de Cerrillos, que disminuía la Unidad Tributaria Municipal de $2,40 a $2.
Los ediles opositores Iván Medina del Partido Conservador Popular, Ramón Avalos de Propuesta Salteña y Ricardo Martínez de Salta somos Todos, aprobaron en mayo pasado la modificación de un artículo de la ordenanza 250 sancionada el año pasado, y bajaron los montos recaudatorios. Por esa razón, el intendente Rubén Corimayo, que ya había vetado esa misma norma anteriormente, interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
En este contexto la Corte de Justicia sostiene que “la norma rompe el equilibrio presupuestario. La aplicación de la ordenanza cuestionada podría configurar un perjuicio al equilibrio presupuestario de la Municipalidad”.
Al respecto, la secretaria de Gobierno de Cerrillos, Liana Sánchez, consideró que “fue una desatinada modificación, producto de discursos preelectorales demagógicos de los concejales. Además, el proyecto fue tratado sobre tablas sin contar con voto afirmativo de las dos terceras partes del Concejo Deliberante”.
Por otra parte, y de acuerdo a la carta orgánica municipal, solo es el intendente quien tiene facultades sobre ordenanzas impositivas.
“Sería un verdadero desequilibrio fiscal sobre el cobro de impuestos y tareas comunales como desagote de pozos, recolección de escombros y muchas tareas que se basan en esa unidad tributaria”, explicó Sánchez.