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El monitoreo de la pastera UPM (ex Botnia) quedó hoy nuevamente envuelto en una fuerte polémica, luego de que Uruguay reclamara la publicación "completa e inmediata" de los resultados del control sobre la planta y la Argentina acusara al vecino país de desarrollar una "permanente obstrucción" a la tarea y de permitir que la empresa infrinja los límites permitidos para el volcado de efluentes al río compartido.
La delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) brindó en un comunicado su "pleno consentimiento para la publicación completa e inmediata de los resultados de todos los análisis" realizados por laboratorios internacionales.
En ese sentido, los consideró como "un paso ineludible para la adecuada instrumentación del monitoreo conjunto", acordado por ambos gobiernos en noviembre de 2010, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Asimismo, sostuvo que seguirá monitoreando el funcionamiento de la planta "en forma regular, seria y rigurosa" a través de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) y subrayó que hasta ahora sus informes "han concluido en que el comportamiento medioambiental de la planta se ajusta a los parámetros previstos para su funcionamiento".
Un forzado "beneplácito" argentino
Al conocer el pedido, la delegación argentina ante la CARU mostró con ironía su "beneplácito" ante la "aceptación" por parte de la delegación uruguaya de dar a conocer los resultados de las 16 entradas y visitas de monitoreo a la planta, tras advertir que las tareas "se llevaron a cabo pese a los obstáculos y retaceos de información por parte de la empresa para su realización".
Además, a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión, la delegación argentina difundió un informe propio en el que denuncia que la falta de información hasta el momento se debe a "desacuerdos" en la CARU sobre las normas para el vuelco de efluentes de la empresa.
También denunció "inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense" y la "permanente obstrucción, de parte del Uruguay, al monitoreo".
"A través de una serie de inacciones, omisiones e indefiniciones por parte de la delegación uruguaya ante la CARU y de sus integrantes ante el Comité Científico de la Comisión, se impide que puedan implementarse y completarse los planes de monitoreo acordados en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia", acusó la delegación argentina, en el informe difundido por la Cancillería.
En primer término, denunció que en la primera visita a la planta, en octubre de 2010, se constató la dilución de los efluentes con agua del Río Uruguay antes del vertido, lo que estaba "terminantemente prohibido" por la propia normativa uruguaya, lo que motivó la objeción de la Argentina y la interrupción de la tarea cuestionada.
Sin embargo, la delegación indicó que en abril de 2011, dos días antes de la segunda visita, Uruguay comunicó a la CARU que había decidido unilateralmente permitir a Botnia aumentar a 37 grados la temperatura de vuelco de sus efluentes al Río Uruguay, lo que la Argentina cuestionó al advertir que la temperatura no debía superar las "condiciones naturales" del curso fluvial, que es de unos 20 grados máximo.
El informe indica que este hecho motivó un desacuerdo entre las dos delegaciones en la CARU sobre la norma que rige la temperatura de vuelco, "parámetro cuyos valores en la actualidad siguen superando ampliamente las normas", por lo cual "se ve imposibilitado generar un informe de los resultados de los análisis y mediciones realizadas en los efluentes".
Pero, además, la delegación denunció que hay "otros estándares uruguayos deben adecuarse", tras advertir que en el ingreso de control de agosto de 2011 "se verificó que la cantidad de fósforo que vuelca UPM superó el valor máximo permitido por la normativa uruguaya" y remarcó que "dicho vuelco excesivo sucede desde el inicio mismo de las operaciones de la planta y es reconocido tanto por la empresa como por la DINAMA, que no ha adoptado medidas correctivas".
La Argentina citó además varios episodios que mostraron "funcionamientos irregulares de la planta desde el comienzo del monitoreo", como por ejemplo un accidente el 18 de noviembre de 2011 que afectó a Fray Bentos y que "se habría debido al funcionamiento defectuoso de las calderas de recuperación y de gases GOL (Gases Olorosos Diluidos)".
"El citado accidente produjo un importante exceso en los efluentes de la planta en dióxido de azufre, TRS y material particulado, con el consiguiente incremento de la contaminación.
El informe elaborado por la DINAMA careció de rigor científico y técnico, no disipó la preocupación", señala el informe.
Indica además que en la visita del 28 de noviembre pasado se constató que en una pileta del predio se estaba volcando "gran cantidad de líquido con altos índices de PH, directamente a la costa del Río Uruguay, sin ningún tipo de tratamiento previo".
Por otra parte, se informó que el Comité Científico detectó "inconsistencias" en los análisis efectuados el laboratorio canadiense contratado (AGAT) con respecto a las primeras muestras tomadas en la planta y en la desembocadura del Río Gualeguaychú, por lo que se decidió "el inmediato cambio de laboratorio".
Finalmente, el informe subraya que -de acuerdo a los registros aduaneros de Uruguay- UPM "aumentó su nivel de producción anual,
superando el millón de toneladas autorizado", por lo que la planta
"está introduciendo en el Río Uruguay mayor cantidad de sustancias
y energía, de la que resultan efectos nocivos para ese curso fluvial, e incrementando su contaminación".
"Todo ello implica ignorar e infringir el Estatuto del Río Uruguay, el Digesto, la propia normativa interna del Uruguay, lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia y lo acordado por ambos países para la ejecución de la sentencia", apuntó.