Como otras veces sucedió a lo largo de su extensa gestión como intendente de la localidad de Cerrillos, el justicialista Humberto Rubén Corimayo enfrenta ahora otro intento de destitución por parte del Concejo Deliberante integrado en su mayoría por la oposición. El cuerpo lo acusa de incurrir en mal desempeño en el ejercicio a su cargo respecto de la administración de los fondos públicos de la obra del playón deportivo del barrio Las Tunas.
Corimayo sostiene que se trata de “una movida política”, al tiempo que consideró que la resolución 001/2013 emitida por el Concejo en la sesión del jueves últimos, está viciada de nulidad. El jefe comunal negó en forma terminante haber incurrido en mala administración de los fondos de la obra cuestionada. De acuerdo con la denuncia realizada por el concejal Iván Franco Medina, la provincia le depositó a la Municipalidad los $295.000 correspondiente al Fondo Federal de Soja y que pese a ello la obra no está concluida y los plazos están vencidos.
Expresa la resolución que “el estado actual en grado lamentable de la obra no se condice con los fondos supuestamente pagados a la contratista a instancias del Ejecutivo municipal”. Para los concejales que lo acusan “esto configura un grave incumplimiento del intendente dado que incurre en mala administración al autorizar a pagar una obra que evidentemente es inútil para su finalidad en la práctica de deportes”.
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Como otras veces sucedió a lo largo de su extensa gestión como intendente de la localidad de Cerrillos, el justicialista Humberto Rubén Corimayo enfrenta ahora otro intento de destitución por parte del Concejo Deliberante integrado en su mayoría por la oposición. El cuerpo lo acusa de incurrir en mal desempeño en el ejercicio a su cargo respecto de la administración de los fondos públicos de la obra del playón deportivo del barrio Las Tunas.
Corimayo sostiene que se trata de “una movida política”, al tiempo que consideró que la resolución 001/2013 emitida por el Concejo en la sesión del jueves últimos, está viciada de nulidad. El jefe comunal negó en forma terminante haber incurrido en mala administración de los fondos de la obra cuestionada. De acuerdo con la denuncia realizada por el concejal Iván Franco Medina, la provincia le depositó a la Municipalidad los $295.000 correspondiente al Fondo Federal de Soja y que pese a ello la obra no está concluida y los plazos están vencidos.
Expresa la resolución que “el estado actual en grado lamentable de la obra no se condice con los fondos supuestamente pagados a la contratista a instancias del Ejecutivo municipal”. Para los concejales que lo acusan “esto configura un grave incumplimiento del intendente dado que incurre en mala administración al autorizar a pagar una obra que evidentemente es inútil para su finalidad en la práctica de deportes”.
Según Corimayo, la comuna no recibió la totalidad de los recursos, ya que en el acuerdo que se firmó con el Ministerio de Economía provincial se estableció que éste abonaría el 30 por ciento del monto total de la obra y el resto de acuerdo a las certificaciones de los trabajos que se vayan presentando.
“Hasta el momento se han presentado dos certificaciones y la demora de los trabajos obedece a que se está haciendo un cercado perimetral a raíz de los daños provocados por terceros”, afirmó el intendente. Y agregó que por lo expuesto a la empresa contratista Castillo, “no se le abonó ni un peso de más”.
A juicio del jefe comunal el cuerpo legislativo carece de argumentos para acusarlo y puso como ejemplo el contenido del artículo 5 de la resolución, a través del cual le requieren copia del contrato celebrado con la provincia, de los depósitos que efectuó el Ministerio de Economía para la ejecución de la obra del playón deportivo y el detalle de los pagos realizados a la empresa contratista.
“Si los concejales no tienen esta información pregunto: ¿con qué argumentos me están acusando?”, expresó Corimayo. Esto le dio pie para sostener una y otra vez que “detrás de esto se oculta una abierta intencionalidad política”.
Sesión especial
Tras la acusación al intendente, el Concejo Deliberante de Cerrillos convocó a una sesión especial para el 24 del corriente a las 9, a la que se requirió la presencia de Corimayo y de la directora de Obras Públicas del municipio. En la resolución solicitan que ambos se presenten con las copias de la documentación pertinente que forma parte de la acusación. Además se remitió copia del dictamen a la Secretaría de Asuntos Municipales para que envíe las copias certificadas del contrato o convenio celebrado entre el Gobierno de la provincia y la Municipalidad de Cerrillos para la construcción del playón deportivo en el barrio Las Tunas.
El dictamen fue refrendado por cuatro de los cinco concejales que asistieron a la sesión del jueves en la que se resolvió acusar al jefe comunal de mal desempeño de sus funciones. Ellos son: Mabel del Valle Burgos (presidenta), Ricardo Jorge Martínez (vicepresidente primero), Iván Franco Medina (vice presidente segundo) e Hilario Ramón Abalos.
Corimayo, que en anteriores gestiones enfrentó intentos de destitución, manifestó que está tranquilo y que responderá ante la Justicia con pruebas a todas las imputaciones. “Los que ahora me acusan son los mismos que mantuvieron por un año paralizada la pavimentación de la calle Sarmiento, son los que haciendo demagogia decían en la campaña electoral que iban a bajar los impuestos”, señaló el intendente.
“Esta es una movida política”
¿Por qué la resolución del Concejo está viciada de nulidad?
Porque no se respetó la Carta Orgánica ni el reglamento del cuerpo. La actividad legislativa culminó el 30 de diciembre, pero la oposición decidió convocar a sesiones especiales con el argumento que no habían aprobado el presupuesto. Las sesiones especiales únicamente se pueden realizar durante el año legislativo cuando sucede algo grave, como una catástrofe.
¿Y qué pasa con el presupuesto?
Como el Concejo no lo aprobó, yo decidí prorrogar el del año pasado y por lo tanto no pueden decir que no hay presupuesto.
La resolución que lo acusa, ¿también está viciada?
Totalmente. La acusación que me hicieron fue tratada sobre tablas y para ello se requiere los dos tercios de la totalidad de los integrantes del cuerpo legislativo, que son siete. En la sesión del jueves había cinco concejales, cuatro votaron por la acusación y el último se pronunció en contra.
¿Va a concurrir a la sesión especial del 24?
No. Bajo ningún punto de vista. Si voy sería avalar una resolución que está viciada de nulidad. Además, no tengo duda que detrás de esto se oculta una intencionalidad política. A esta gente se le cumple el mandato a fin de año y algo tienen que hacer...
¿Recurrirá a la Justicia?
Sí, claro. Mis abogados ya se presentaron en el Concejo Deliberante para pedir la versión taquigráfica de la sesión del jueves y toda la documentación pertinente.