Los severos planteos que formularon el Episcopado argentino y la Suprema Corte de Justicia sobre el avance del narcotráfico y la inacción del Estado ante semejante flagelo colocaron en el centro de la agenda pública un drama que desde hace años vienen expresando, especialmente, las familias de jóvenes adictos.
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Los severos planteos que formularon el Episcopado argentino y la Suprema Corte de Justicia sobre el avance del narcotráfico y la inacción del Estado ante semejante flagelo colocaron en el centro de la agenda pública un drama que desde hace años vienen expresando, especialmente, las familias de jóvenes adictos.
Este problema fue motivo de innumerables informes que publicó El Tribuno, cuya línea editorial se mantiene intacta a lo largo de sesenta y cuatro años: este diario, ubicado en la frontera estratégica para la lucha contra la droga, se opone al comercio de estupefacientes, a la legalización de la venta y consumo de drogas y a cualquier forma de tolerancia de parte del Estado, sus funcionarios y sus agentes con las mafias que manejan ese mercado.
Tal como señalan los obispos y la Corte, pero también organismos nacionales e internacionales dedicados a la niñez en situación de riesgo, las adicciones de diverso tipo se multiplicaron en los últimos años, con un efecto letal entre los niños, los adolescentes y los jóvenes de las zonas con menores recursos, que generalmente quedan al margen de la escuela y el trabajo.
Los obispos argentinos se refieren a “las madres y los padres que ya no saben qué hacer con sus hijos adictos, a quienes ven cada vez más cerca de la muerte”, son categóricos cuando recuerdan que “perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado” y cuando denuncian la desprotección de nuestras fronteras, la demora en la radarización de las áreas vulnerables y la acefalía de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Hace pocas semanas, las Madres del Paco, en Salta, denunciaron que cuando piden acciones de gobierno contra la droga las tratan de “locas” y demostraron que las víctimas recurren a ellas y no a los organismos del Estado, que se muestran ineficientes y muchos de ellos, desmantelados.
Salvador Mazza y Aguas Blancas son fronteras con altísimos niveles de violencia debido a la llegada de narcotraficantes y sicarios. Nueve ejecuciones en pocos meses es un dato más que elocuente sobre la gravedad del fenómeno. La Argentina, por cierto, ya se ha convertido en un territorio de tráfico, elaboración y consumo de droga.
Los episodios de corrupción policial registrados en Santa Fe y Córdoba, sumados al atentado mafioso que sufrió el gobernador Antonio Bonfatti en su casa de Rosario no fueron investigados en su dimensión de alcance nacional.
Los jueces federales de Tucumán, Salta y Jujuy demostraron que las causas penales por droga aumentaron en siete años un 85 por ciento. Las cárceles federales colapsaron y por ese motivo muchos presos son liberados o trasladados a comisarías, como ocurre en estos días en el Valle de Lerma. Por eso piden la construcción de cárceles, la designación de jueces y personal en los juzgados de Libertador y Tartagal, que están creados por ley desde hace años pero que aún no funcionan, que se creen nuevos juzgados en Salta y Orán, y que se refuerce el apoyo policial y de seguridad.
En este escenario, resulta inexplicable que la Gendarmería haya sido retirada de las fronteras: esta región necesita más gendarmes, radares que detecten el ingreso de aviones clandestinos, un sistema de defensa que actúe de inmediato y una ley que reglamente la operación de las fuerzas de seguridad en estos casos, incluyendo la posibilidad de derribar el avión invasor, como ocurre en los espacios aéreos de todo el mundo. Hoy, la radarización es incompleta, parcial, inorgánica y absolutamente ineficiente frente a los narcos.
Las declaraciones de los ministros de Seguridad Arturo Puricelli, y de Justicia, Julio Alak, así como las del secretario de Seguridad, Sergio Berni, del senador Aníbal Fernández y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina eludieron respuestas concretas a los pedidos de los jueces locales y no demostraron interés en el tema.
En narcotráfico es un flagelo que no admite polémicas ni debates, sino que requiere soluciones inmediatas. Quienes vivimos en Salta conocemos la gravedad de este fenómeno frente al que no caben la ineptitud, la tolerancia y, mucho menos, la connivencia de los funcionarios.