El Gobierno dispuso una ampliación de 80.735 millones de pesos en el presupuesto 2013 mediante un decreto de necesidad y urgencia, con el argumento que, de lo contrario, podría correrse “el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado Nacional y de no estar en condiciones de atender sueldos y salarios”. Así se admitió en los considerandos del DNU 1757/2013, el primero de esa clase que firmó el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, junto al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y todos los ministros.
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El Gobierno dispuso una ampliación de 80.735 millones de pesos en el presupuesto 2013 mediante un decreto de necesidad y urgencia, con el argumento que, de lo contrario, podría correrse “el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado Nacional y de no estar en condiciones de atender sueldos y salarios”. Así se admitió en los considerandos del DNU 1757/2013, el primero de esa clase que firmó el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, junto al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y todos los ministros.
De acuerdo con el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), ese incremento del gasto supera los 80 mi millones de pesos y se financia parcialmente con recursos adicionales por 10.426,7 millones de pesos.
Es decir que la ampliación presupuestaria representa un incremento del déficit financiero del Estado de 70.308,6 millones de pesos.
Entre los principales aspectos atendidos por el DNU, figura el servicio de la deuda pública y los subsidios a la importación de combustibles y a las empresas de servicios públicos, que en conjunto representan más de la mitad de la ampliación del gasto.
La ampliación presupuestaria es un mecanismo repetido en los últimos años, al que el Poder Ejecutivo recurre ya que las leyes de Presupuesto quedan rápidamente desactualizadas por sus subestimaciones del gasto y de las proyecciones inflacionarias. El decreto señala que “ante la falta de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios, algunas jurisdicciones y entidades podrían verse perjudicadas debido a la falta de las pertinentes autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones, no pudiendo así atender los compromisos asumidos por las mismas, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado Nacional y de no estar en condiciones de atender sueldos y salarios”.
Las modificaciones son para atender, incrementos en remuneraciones, pago de deuda, gastos de seguridad y de funcionamiento de distintos organismos entre los que se encuentran los fondos fiduciarios energéticos, el ACUMAR y el pago de impuestos de inmuebles a ser utilizados por el Programa de Crédito Argentino (PROCREAR).