Con entusiasmo, la Secretaría de Hacienda de la Nación anunció que en enero las provincias habían recibido 3.500 millones de pesos más que en enero de 2012, en concepto de Coparticipación.

Los estados provinciales recibieron 15.749 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 27,93 % año a año.

A esto se suman 200 millones provenientes del fondo de la soja, más fondos específicos regionales. El NOA recibió 3.080 millones de pesos, que significó una suba de 23,6 %.

Salta recibió 586 millones de pesos. La información de la AFIP, a su vez, da cuenta de una recaudación récord de 65.683 millones; un 24,3 % de incremento, por debajo de la inflación real, del 25,6 % y más del doble de la inflación del INDEC, de 10,8 %.

En pocas palabras: en enero, la coparticipación que recibieron las provincias fue el 24, 3 % de la recaudación total.

¿Es tiempo o no es tiempo?

Según la Constitución nacional, las provincias no pueden recibir menos del 34 % de la recaudación. La misma Constitución, jurada en 1994, ordena sancionar una nueva ley de Coparticipación, cláusula que debió materializarse hace quince años.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, no obstante, considera que no es tiempo de importunar a la Nación con el debate de una reforma. Probablemente sea cierto, porque cada provincia se lanzaría con bríos incontrolables sobre el nuevo botín y, de acuerdo con el mapa electoral y poblacional actual, en el reparto podrían

salir perdiendo las provincias del NOA y el NEA, que no cuentan con gobernadores demasiado combativos, por cierto.

Pero lo que sí podría discutirse, porque no entraña más riesgo que el de pulsear con la Secretaría de Hacienda de la Nación, es la distribución de impuestos como las retenciones excepcionales sobre los cereales, el impuesto al cheque y los aportes de las provincias para el sostenimiento de la Anses, cedidos en los años noventa, cuando se privatizaron las jubilaciones, y que no se devolvieron tras la reestatización.

Ninguna provincia podría impulsar medidas que desequilibren el sistema fiscal, pero es imprescindible lograr un nuevo equilibrio en el reparto de recursos.

Salta necesita más recursos

La secretaría de Hacienda de la Nación en su página www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/recursos/montos.php, efectúa un relevamiento sobre la realidad social de Salta en 2012.

Informa que el Producto Bruto Geográfico de la provincia representa el 1,5% del PBI del país. Destaca que el nivel de actividad económica provincial creció de manera sostenida entre 1993 y 2009, acumulando un incremento real del 87%, superior al registrado a nivel nacional, que fue del 63,5%. No obstante, el escenario socio laboral es problemático:

. Durante el primer trimestre de 2012 la tasa de actividad de Salta fue del 42,4%, la misma que la de la región Noroeste e inferior al promedio del país.

* Registró la tasa de desocupación más alta del país, con el 11% según las categorías del INDEC. (La desocupación real merodea el 40 y hasta el 50 % en algunos departamentos).

* Salta sufre uno de los niveles de informalidad más elevado

.* El empleo público equivale aproximadamente a la mitad del empleo privado formal

* Un nivel promedio de remuneración de dicho empleo privado que es inferior en un 27% al del país

* El ingreso per cápita, de $ 1.267 en el 4§ trimestre de 2011, es un 28% inferior al promedio nacional.

* El 7,3% de la población bajo la línea de pobreza y un 1,3% bajo la línea de indigencia (las estimaciones privadas que contemplan la inflación real cuadruplican las cifras).

* El reparto del ingreso es menos equitativo que en el promedio de la región Noroeste.

* Es la cuarta provincia con menor tasa de cobertura de salud.

En Salta hay solamente 200 mil empleados registrados, sobre 1.200.000 habitantes y una población económicamente activa de 550 mil personas.

Más dinero para ONG que para provincias chicas

Un análisis que hace Idesa sobre el proyecto de Presupuesto 2012 muestra que se reparte discrecionalmente entre las ONG unos 10 mil millones de pesos, una cifra mucho mayor a la coparticipación de cualquier provincia del norte argentino. Es cierto que parte de los recursos centralizados en el nivel nacional está previsto que se transfiera a las provincias ($40 mil millones) que se suman a los que recibirán a través de la coparticipación. Pero esto no es el mecanismo legal sino que está sujeto a la discrecionalidad y, porende, al disciplinamiento político.

Algunas provincias están intensificando el reclamo para que se deje de derivar el 15% de la masa coparticipable a la ANSES. En 1993, el Estado nacional y las provincias firmaron un Pacto Fiscal por el cual se acordó detraer el 15% de la masa coparticipable para dirigirla a la ANSES. La finalidad era financiar la crisis del sistema previsional de aquel momento y la transición hacia el sistema mixto combinación de capitalización y reparto que se aprobó ese mismo año. A finales del 2008, el régimen de capitalización fue eliminado y la ANSES se apropió de los fondos acumulados en las AFJP y el flujo de los aportes personales.

Sin ese monto, el organismo previsional tendría déficit.

En el primer semestre del año 2012:

* Los ingresos del sistema previsional nacional fueron de $21 mil millones promedio mensual y las prestaciones previsionales abonadas $19,6 mil millones promedio mensual, o sea, hubo un excedente previsional de $1,4 mil millones por mes.

* En el mismo período, los recursos provenientes del 15% de la masa coparticipable que corresponden a las provincias fueron $1,8 mil millones por mes.

* Esto significa que, sin la detracción del 15% de la masa coparticipable a las provincias, la ANSES entraría en un déficit de unos $400 millones por mes.

Si las provincias recuperaran esta fuente de financiamiento, en consonancia con el régimen federal, la ANSES entraría nuevamente en déficit operativo. De allí que el conflicto entre la Nación y las provincias sea de muy difícil resolución.   

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