A casi siete meses de la ley que declaró entidad pública a la ex Ciccione Calcográfica, el Gobierno nacional resolvió que sea la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) el “sujeto expropiante” de los bienes de la imprenta, actualmente llamada “Compañía de Valores Sudamericana”.
La medida fue dispuesta a través del decreto 252, publicado hoy en el Boletín Oficial, y precisa que los bienes y el personal estarán a cargo de la Sociedad Casa de Moneda, tal como fue establecido en el decreto que reglamentó la ley 26.761, a fines de agosto de 2012.
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A casi siete meses de la ley que declaró entidad pública a la ex Ciccione Calcográfica, el Gobierno nacional resolvió que sea la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) el “sujeto expropiante” de los bienes de la imprenta, actualmente llamada “Compañía de Valores Sudamericana”.
La medida fue dispuesta a través del decreto 252, publicado hoy en el Boletín Oficial, y precisa que los bienes y el personal estarán a cargo de la Sociedad Casa de Moneda, tal como fue establecido en el decreto que reglamentó la ley 26.761, a fines de agosto de 2012.
“Instrúyese a la AFIP a que, cumplido el procedimiento expropiatorio, transfiera de forma definitiva los bienes de la Compañía, incluyendo el inmueble en que se asiente su planta, a Sociedad Casa de Moneda”, establece el artículo 6 del decreto.
En tanto, la medida también aclara que la intervención actualmente dispuesta en la ex Ciccone “finalizará una vez completado el proceso de expropiación encomendado por el presente decreto a la AFIP”.
Por otro lado, instruye al Tribunal de Tasaciones de la Nación a “estimar el justiprecio de los bienes de la Compañía”.
El 22 de agosto del año pasado, el oficialismo, acompañado por algunos legisladores opositores, obtuvo 145 votos a favor en la Cámara baja y declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación a la imprenta de papeles de seguridad, en medio de fuertes críticas contra el vicepresidente Amado Boudou y el rechazo de gran parte de la oposición a la medida promovida por el Ejecutivo nacional.
La Justicia investiga a Boudou por supuesto tráfico de influencias a favor de un grupo de empresarios que compró la imprenta cuando se encontraba en proceso de quiebra.
El mes pasado, el vicepresidente remarcó que no está imputado en la causa. “Por el tema Ciccone, salió durante meses que había una foto mía con (el directivo de la empresa Alejandro) Vandenbroele, (pero) yo nunca la vi ni salió por ningún lado porque no existe”, afirmó Boudou.