Y la arremetida del Gobierno sobre la Justicia comienza a tener sus primeros frutos. Es que luego de tantas idas y vueltas, con rechazos “moderados” al anuncio de la presidenta Cristina de Kirchner durante la inauguración del 131 Período de Sesiones Legislativas del Congreso efectuada el viernes pasado, los miembros de la Corte Suprema de la Nación dieron ayer un visto bueno a la modernización del sector, pero aún con algunas reservas.
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Y la arremetida del Gobierno sobre la Justicia comienza a tener sus primeros frutos. Es que luego de tantas idas y vueltas, con rechazos “moderados” al anuncio de la presidenta Cristina de Kirchner durante la inauguración del 131 Período de Sesiones Legislativas del Congreso efectuada el viernes pasado, los miembros de la Corte Suprema de la Nación dieron ayer un visto bueno a la modernización del sector, pero aún con algunas reservas.
Es que ayer la Corte en pleno se mostró a favor de la mayor parte de los proyectos de ley para reformar el Poder Judicial, aunque omitió expedirse sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, ya que consideró que “es un tema del Congreso”.
Lo cierto es que los siete ministros del máximo tribunal que se reunieron tomaron de buen grado las propuestas, entre ellas que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, sobre el que se coincidió en solucionarlo de alguna manera y resolverlo “lo antes que se pueda”. De todos modos, entre medias tintas dejaron en claro la posición del superior tribunal: “No estamos en una guerra con el Ejecutivo”.
Pero los miembros del tribunal también recordaron, respecto al discurso de Cristina donde cuestionó a la Justicia por las investigaciones sobre los atentados a entidades judías en el país, que si bien ya está determinada la responsabilidad del atentado a la Embajada de Israel ocurrido el 17 de marzo de 1992, resaltó que los familiares de las víctimas no expresaron “disconformidad” con esa investigación.
Según aseguraron en esa causa se pidieron informes a países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Venezuela, como así también en la Dirección de Migraciones, al Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de Policía Federal y a de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Finalmente, la Fundación Libertad y Progreso (FLyP) repudió ayer la iniciativa oficial para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular al resaltar que “apunta claramente a sujetar la Justicia al poder político anulando su independencia”.
La entidad advirtió que el proyecto que anunció Cristina “sería un segundo paso definitivo luego del ya iniciado con la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner”.
Balance de los puntos principales
* Elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación: “Es un tema para que el Congreso haga lo que le parece mejor. Sobre esa cuestión no opinamos porque nos puede llegar, ya que varias entidades anunciaron que van a pedir su inconstitucionalidad”, sostuvo una fuente de la Corte. “El Consejo no funciona. Si le encuentran la vuelta, que lo hagan funcionar”, agregó.
* Pago del impuesto a las ganancias: desde la Corte señalan que el tema se viene discutiendo desde el año pasado con la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de Magistrados y el gremio de empleados judiciales, pero que “no hubo acuerdo” para implementarlo. “Se trata de un caso que tiene “temas técnicos a resolver” y que requiere la colaboración de los otros poderes del Estado, como la AFIP.
* Declaraciones juradas de jueces: explicaron que las declaraciones de los magistrados de la Corte son públicas, al igual que la del resto de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, ya que para ellos se aplica la ley de ética pública desde 2005 a partir de una acordada de la Corte. “Las declaraciones no pueden ser colgadas en internet porque muchos jueces tienen problemas de seguridad”, explicaron.
* Publicidad de las causas judiciales: “Hace mucho que se aplica en la Corte. Todos los expedientes están registrados y se pueden seguir en qué estado se encuentran”, explicaron en el máximo tribunal y adelantaron que este año va a ocurrir lo mismo en la Justicia nacional y federal, cuando finalice el plan informático nacional.