Cuenta la historia que cuando Federico II el Grande, rey de Prusia, estaba construyendo su palacio de Sanssouci, entró en conflicto con el dueño de una propiedad lindera. El vecino afectado recurrió a la Justicia en busca de protección y ésta le dio la razón. La sociedad creyó que el rey se iba a negar a cumplir la sentencia, pero éste, para sorpresa de todos, expresó su acatamiento diciendo: “Veo con alborozo que aún hay jueces en Berlín”.
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Cuenta la historia que cuando Federico II el Grande, rey de Prusia, estaba construyendo su palacio de Sanssouci, entró en conflicto con el dueño de una propiedad lindera. El vecino afectado recurrió a la Justicia en busca de protección y ésta le dio la razón. La sociedad creyó que el rey se iba a negar a cumplir la sentencia, pero éste, para sorpresa de todos, expresó su acatamiento diciendo: “Veo con alborozo que aún hay jueces en Berlín”.
La función de una justicia independiente es, precisamente, la de resolver los conflictos que se suscitan entre particulares y también entre un vecino y el Estado. En este último caso, frente a una decisión de quienes ejercen el poder, el ciudadano afectado en sus derechos recurre a la protección judicial. Es el caso del jubilado que pide que se respete la movilidad de su haber o el de cualquier persona a la cual se le desconocen sus derechos. La Justicia es el escudo protector del ciudadano frente a las arbitrariedades que se pueden cometer, aún invocando a la mayoría.
La Presidenta de la Nación, molesta con una Corte Suprema de Justicia que no puede dominar, ha remitido al Congreso un paquete de leyes que tiene como objetivo doblegar a los jueces y convertir en letra muerta la independencia judicial.
En el año 2006, la entonces senadora nacional Cristina de Kirchner fue autora de un controvertido proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, el cual tuvo como objetivo reducir el número de sus integrantes para que el estamento político tuviera mayoría en este órgano, encargado de seleccionar por concurso a los jueces, resolver cuestiones disciplinarias, administrativas y pedir la remoción de los magistrados en caso de faltas de los mismos.
En el nuevo proyecto de ley que acaba de remitir al Congreso, la Presidenta amplia esta vez el número de integrantes del Consejo, con un diseño que tiende a garantizarle la mayoría y, además, sustituye los dos tercios que hasta ahora se requieren para proponer jueces, sancionarlos o removerlos, por la mayoría de que ella dispondrá.
Establece también que los jueces que integren el Consejo deberán ser electos por el voto popular, presentándose como candidatos de los partidos políticos. Toda una tradición institucional argentina, de separación de la Justicia de la política, corre el riesgo de ser tirada por la borda.
Si los jueces van a militar en los comités políticos, no se entiende cómo luego se les va a pedir que sean independientes. Además, en el caso de los miembros electos, no se aplica el sistema de representación proporcional, sino el regresivo sistema de mayoría y minoría. Así, por ejemplo, en el caso de los miembros académicos que serían seis, cuatro le corresponden a la mayoría y dos, a la primera minoría. Plantea además que esta elección se realice el próximo mes de agosto.
Este proyecto de ley busca también quitarle a la Corte toda injerencia en el manejo administrativo y presupuestario, olvidándose de que es la cabeza del Poder Judicial.
Otro de los proyectos de ley presentados limita el alcance de las medidas cautelares que se dictan contra el Estado, disponiendo que si éste apela, el recurso suspende la cautelar decretada por el juez. Con el rótulo de “democratizar” se quiere, en realidad, “desproteger” a los ciudadanos.
Ingresados al Congreso nacional, estos y otros proyectos, todos, tienen el mismo objetivo de restringir la independencia judicial. La estrategia de la Presidenta será la de un trámite exprés, ya que necesita que los proyectos se aprueben, antes que la opinión pública advierta que pretende cambiar nada menos que la forma de gobierno. De esta manera, el lunes la Presidenta anunció los proyectos, el martes los envió y el miércoles el Senado dictaminó nada menos que la reforma del Consejo de la Magistratura. El Congreso argentino vive así uno de los momentos más tristes y opacos de su historia.
Argentina se encamina a una crisis institucional. Está claro que el Parlamento ya no es más un ámbito de racionalidad y de construcción de consensos, dejando a salvo las honrosas excepciones de quienes defienden la división de poderes.
Si la obsecuencia es mayoría en el Congreso, los últimos límites para protegernos del autoritarismo son los de la opinión pública y la propia Corte de Justicia, a la cual le corresponde el rol de ser “guardiana de la Constitución”. El máximo Tribunal, se enfrentará así a la necesidad de resguardar su propia independencia y la del Poder Judicial, pero para ello necesitará del apoyo moral de todos los que queremos vivir en una República.