Un conflicto latente. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú prepara una nueva marcha al puente internacional General San Martín para protestar contra la papelera UPM (ex Botnia) dado que, según dijeron, “se han detectado muchas irregularidades, pero no se tomaron medidas”.
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Un conflicto latente. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú prepara una nueva marcha al puente internacional General San Martín para protestar contra la papelera UPM (ex Botnia) dado que, según dijeron, “se han detectado muchas irregularidades, pero no se tomaron medidas”.
Bajo el lema “Unidos por el agua, por el aire y por la vida”, los asambleístas realizarán su novena marcha el próximo 28 de abril al puente que conecta Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde funciona la pastera cuestionada por presunta contaminación del Río Uruguay. Así lo confirmó el asambleísta Jorge Fritzler, quien indicó “la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) detectó muchas irregularidades, pero no se han tomado medidas al respecto”. “Reclamamos el desmantelamiento de la planta, como sostuvo el Gobierno en la Corte Internacional de La Haya”, señaló Fritzler, quien remarcó así el reclamo inicial de la Asamblea Ambiental, cuando inició la protesta en 2005 con el corte total del puente.
“Hay que hacer un control en serio, porque no se está cumpliendo con lo pedido por la Corte de La Haya. Si se detecta contaminación hay que entrar a la pastera, suspender su funcionamiento y realizar un control más profundo”, remarcó.
En este sentido, Fritzler aseguró que “en las piletas internas de UPM se detectó endosulfán, que es una sustancia prohibida en Uruguay” y agregó que si bien el argumento uruguayo es que la Argentina debe demostrar que UPM contamina, “en realidad es la planta la que tiene que demostrar lo contrario”.
Las protestas por la instalación de la pastera comenzaron en 2003 pero en 2005 estalló el conflicto binacional a partir de la toma del puente General San Martín. A pesar de esto, la pastera comenzó a funcionar el 8 de noviembre de 2007, por lo que la Argentina se hizo eco de los reclamos de los asambleístas y demandó a Uruguay ante la Corte de La Haya. El 20 de abril de 2010, la Corte dictó un fallo salomónico, en el que instruyó a ambos países a realizar un monitoreo en conjunto del río, a través de la CARU y en base a lo dictado por el Estatuto del Río Uruguay.