La tragedia de Judith Palma nos llena de indignación y vergenza. Nada explica el ultraje y asesinato de una nena, sea cual fuere su condición social ni las circunstancias en que se produjeron.
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La tragedia de Judith Palma nos llena de indignación y vergenza. Nada explica el ultraje y asesinato de una nena, sea cual fuere su condición social ni las circunstancias en que se produjeron.
En Joaquín V. González ya se habían percibido señales de advertencia sobre la desprotección de los niños frente a la prostitución infantil. Sin embargo, no hubo una actitud de alerta de parte de las autoridades.
González es un pueblo pequeño, pero los derechos de las personas son los mismos en todas partes. Lamentablemente, muchas veces las cosas parecen más graves y preocupantes cuando suceden en el centro de una gran ciudad.
Tras el horrible crimen en Anta, no hubo conferencias de prensa ni sobreexposiciones de parte del gobernador y de sus principales colaboradores, como sucedió en otros hechos, tan aciagos como este. No se observó esta vez el frenético protagonismo que Juan Manuel Urtubey mostró en los días sombríos de agosto de 2011, cuando fueron asesinadas dos jóvenes francesas en San Lorenzo, ocasión en la que intentó mostrar la imagen de una Policía de Salta sumamente eficiente.
Tampoco se mostró esta vez el gobernador como la noche del lunes 16 de julio de 2012, cuando dos jovencitas aparecieron muertas en cercanías del barrio San Carlos y, antes de conocerse las pericias, junto con otras autoridades, brindó una conferencia en la que afirmó que se trataba de un suicidio. Sin esperar la autopsia.
En el caso de Judith, dos ministros y la plana mayor de la Policía estuvieron en Joaquín V. González. Entre tanto, la furia de la gente se descargó contra la comisaría.
El Estado, otra vez, mostró sus fragilidades. La familia Palma, golpeada por el horror inexplicable, no recibió certezas.
El dolor, a veces, hace ver lo que no existe. Los padres de Judith piensan que, si la policía hubiera actuado de inmediato, la niña podría haberse salvado.
Pero también creen que el CIF intentó robarle el cuerpo, porque los peritos interrumpieron el velatorio para extraer una muestra capilar.
El Estado estuvo ausente e imprudente. Quizá, el crimen era inevitable, pero las autoridades, civiles y policiales, debieron haber transmitido certezas para que los padres no agregaran a su tristeza la sensación de que hay salteños de primera y salteños de segunda.