La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) fue contundente en el pedido que le realizó ayer al Gobierno de Salta luego de observar con preocupación “una escalada de agresiones verbales por parte de allegados al Gobierno de la Provincia de Salta y que tiene como destinatarios al diario El Tribuno de esa provincia, y al exgobernador Juan Carlos Romero, quien es miembro de la familia propietaria de esa tradicional publicación del norte argentino”. Así reza un extracto del texto que Adepa emitió ayer en clara alusión al ataque que este medio recibe por parte de funcionarios provinciales y legisladores allegados a éste. La entidad que agrupa a los diarios del país, manifestó profunda preocupación razón por lo que “exhorta a las autoridades del Gobierno salteño a que su compromiso con el respeto por la libertad de prensa no se vea empañado por legisladores y allegados que formulan irresponsables juicios de valor”.

La campaña de desprestigio que El Tribuno sufre desde los últimos años fue planificada y ejecutada por el Gobierno de la Provincia que encabeza Juan Manuel Urtubey, a través de legisladores oficialistas y medios sostenidos con la pauta oficial.

Intentan ubicar al diario en un rol que es ajeno a su compromiso de informar a los salteños sobre los hechos y actos de gobierno que ocurren día a día, desde hace 63 años.

La entidad hizo hincapié en el ataque que el legislador nacional Pablo Kosiner profirió días atrás al senador nacional Juan Carlos Romero.

El 4 de agosto del año 2011, Adepa también le pidió a Urtubey “tolerancia republicana” por sus graves dichos contra este medio.

Señaló que “allegados al gobierno han pretendido descalificar a Juan Carlos Romero vinculándolo al condenable ejercicio del narcotráfico y, recientemente, un legislador oficialista fue mucho más allá en la materia. El diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner, llegó a afirmar que el diario propiedad del exgobernador es vocero de la estrategia de los narcotraficantes”. Y añade que “resulta obvio señalar que una imputación de tamaño calibre representa un agravio para las autoridades del medio, sus periodistas y, en definitiva, para todos quienes trabajan en esa empresa periodística”.

El legislador mencionado realizó esas calumniosas declaraciones como respuesta a las informaciones detalladas por El Tribuno sobre el uso de el avión y del helicóptero oficiales para la campaña a senador de Rodolfo Urtubey, los traslados del mandatario para ir a ver a River y hasta para llevar a los dirigentes del oficialismo al cumpleaños del oranense Marcelo Astún.

Las agravios que pronunció este legislador y varios otros funcionarios ahora encolumnados con el gobernador se ubica en la línea de las declaraciones inaugurada en diciembre pasado, cuando el publicista Mario Ernesto Peña acordó con el gobernador Urtubey un plan para la erosión de la imagen de la familia Romero.

Esos argumentos aparecen habitualmente como respuesta a informaciones sobre pobreza, desempleo, déficit habitacional o casos de corrupción. El gobernador, sin prueba alguna que lo avale, fue quien primero vinculó a este medio con el narcotráfico; una actitud que lo emparenta con los autoritarismos que no soportan la mirada periodística.

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