En un escenario de máxima tensión entre el Gobierno de la Nación y la Justicia, Mario Fera prefirió un discurso moderado pero apoyó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsó el oficialismo.
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En un escenario de máxima tensión entre el Gobierno de la Nación y la Justicia, Mario Fera prefirió un discurso moderado pero apoyó el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró inconstitucional la reforma al Consejo de la Magistratura que impulsó el oficialismo.
La mayor instancia de la Justicia a nivel nacional frenó la ley que pretendía que se eligiera por votación popular a los miembros del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar a los jueces.
La decisión generó nuevos cuestionamientos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Justicia y, días después, se conoció una iniciativa oficial que promueve que los fondos que hasta ahora maneja la Corte Suprema queden en manos del Consejo de la Magistratura.
Señalado como un hombre más bien cercano a las ideas del kirchnerismo, Fera mostró sin embargo su apoyo al Tribunal que preside Ricardo Lorenzetti. “Fue una señal institucional fuerte y clara ... que es necesario respetar”, dijo sobre la resolución.
El presidente del Consejo de la Magistratura abogó, de todos modos, por “una mayor participación” de la sociedad en los temas de la Justicia. Incluso señaló que apoyaría la idea de que haya juicios por jurados para determinados casos.
Fera, que es camarista laboral, estuvo en Salta el viernes para firmar un convenio por el cual el Gobierno de la Provincia le cedió a la Justicia Federal un espacio para un juzgado en Tartagal.
El país atraviesa un debate por las reformas al Consejo de la Magistratura que acaba de frenar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ¿Qué opina del tema?
Los proyectos ya se transformaron en leyes. El que concierne al Consejo de la Magistratura no fue objeto solo de una sanción sino de un reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales algunos aspectos de la ley.
Creo que todo lo que aconteció en los últimos meses es muy significativo desde el punto de vista institucional y nos pone frente a un nuevo escenario.
Hay aspectos de la ley que no fueron objetados y ya entraron en vigencia. Son principalmente las subrogancias, que es el régimen de reemplazos en el Poder Judicial para los cargos vacantes y el sistema de concursos, en el que la ley introdujo algunas modificaciones. En la reglamentación de estos aspectos estoy trabajando como presidente del Consejo de la Magistratura.
Con respecto al fallo de la Corte Suprema, creo que fue una señal institucional fuerte y clara que es necesario respetar teniendo en cuenta que se trata de una resolución dictada por la última instancia en nuestro sistema judicial.
El fallo tiene un afán docente por la explicación que hace del Estado argentino. Sobre la base de lo que la Corte entiende como interpretación correcta y adecuada de la Constitución Nacional, creo que tenemos para el tiempo que viene un desafío importante en la consolidación del Poder Judicial y su relación armónica con los poderes políticos del Estado.
También debemos abocarnos a los desafíos que enfrentamos que, en el marco del Consejo de la Magistratura, tienen que ver con dotar de mayor ejecutividad a este órgano constitucional que debe cumplir con funciones muy importantes.
Entonces cree que los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que seguir siendo elegidos como son elegidos hasta ahora.
Yo creo que el fallo de la Corte, al hacer una interpretación del artículo 114 de la Constitución Nacional en lo que refiere a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, no dejó margen como para que los postulados de esta ley introdujeran la participación popular en la elección de los consejeros.
Sin perjuicio de eso, pienso que tendríamos que estudiar, dentro de la interpretación que la Corte hace, de qué modo podríamos lograr directa o indirectamente la participación de la sociedad en distintas facetas que hacen tanto al desarrollo de las funciones del Consejo de la Magistratura como al desarrollo de las funciones judiciales.
En este sentido me parece importante que pudiéramos profundizar el debate y la reforma, que ya se viene haciendo dentro del Poder Judicial desde hace varios años con el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una mayor difusión de la actividad judicial y una mayor apertura a organizaciones no gubernamentales a la ciudadanía en general.
Desde la presidencia del Consejo de la Magistratura estoy abierto a todas las iniciativas que puedan surgir para promover en los órganos judiciales un mayor acercamiento con la sociedad.
Creo que eso es bienvenido y que sería conveniente que hubiera modos de acercamiento a la sociedad para que la gente tuviera una mayor concientización sobre los temas judiciales.
¿De qué forma cree que podría darse esa participación de la sociedad? Lo que se planteó es que, si los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos por la gente, se politiza la Justicia.
La elección de los consejeros es solo uno de los aspectos en los cuales se materializó la idea de tener una mayor participación social dentro de los temas judiciales.
Creo que hay muchos otros medios. Por ejemplo, si analizamos reformas a los órganos judiciales podríamos pensar en mayores procesos de oralización, no solo en materia penal sino también en otros temas.
Se podrían instrumentar mecanismos de juicios por jurados en determinados casos, lo que creo que implicarían una mayor participación de la sociedad.
Creo que habría que trabajar y profundizar lo que ya se está haciendo en materia de acceso a la Justicia a través de la creación de casas de justicia. También promover un acercamiento a la sociedad en temas de menor cuantía, como pueden ser los vecinales.
Hay que hacer una diferenciación entre los casos que llegan a la Justicia y aquellos que podrían tener una solución prejudicial.
Hay mucho que debatir y hacer en Argentina. Incluso, vinculando a la Justicia Federal con la Justicias provinciales.
Es cierto que la sociedad no comprende, frente a sus problemas, las distintas competencias que existen entre la Justicia Federal y la Provincial.
La gente solo espera que se resuelvan sus problemas y se respeten sus derechos. Es importante que entendamos que tenemos que dar la respuesta única de la solución más rápida.
Hay una nueva iniciativa oficial para modificar la forma en que se manejan los recursos de la Justicia ¿Cómo la ve?
Todavía no tuve oportunidad de ver el proyecto porque me enteré cuando estaba viajando. Por lo que conozco, entiendo que la iniciativa volvería sobre la idea inicial que acaba de ser tratada este año.
Si esto fuera así, entiendo que esto fue objeto de un debate ya en el ámbito legislativo y, a mi parecer, se resolvió de la manera más acorde con la interpretación constitucional que la doctrina del derecho venía dando con anterioridad y posterioridad a la reforma constitucional de 1994.
Es la Corte Suprema la que ostenta la facultad de gobierno del Poder Judicial.
Quiere decir que a los recursos de la Justicia los tiene que manejar la Justicia.
Por supuesto. La Corte Suprema de Justicia, en este sentido, ejerce una función de gobierno que es mucho más amplia que el manejo de los fondos.
En realidad, el manejo de los fondos se hace conjuntamente entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura porque se produce una relación según la cual la Corte gobierna y aprueba y el Consejo administra y ejecuta.
Dentro del ámbito de sus respectivas incumbencias, ambos organismos van buscando un modo armónico de realización de lo que es la administración del Poder Judicial.
¿Considera que hubo un ataque a la Justicia tras el fallo en contra de la reforma al Consejo de la Magistratura con la investigación de la AFIP a la familia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, o las declaraciones de la presidenta?
Desde mi rol institucional preferiría no opinar. Pero a partir de los trascendidos periodísticos, lo que puedo decir es que sería importante que en nuestro país las instituciones puedan articularse adecuadamente y que no exista ningún tipo de presión que tenga que ver con situaciones coyunturales como pueden ser el dictado de fallos o la entrada en vigencia de una ley.
Creo que tenemos que defender en todo sentido la institucionalidad y que nadie debe ver impedido su derecho de opinar desde el poder político o desde el Poder Judicial cuando lo tenga que hacer en la medida en que lo requiera la función que uno cumple.
¿Qué opina del límite a las cautelares contra el Estado que se fijó en la reforma judicial?
Es importante que todo lo que tenga que ver con el Estado tome en cuenta que el Estado tiene un rol diferenciado y, en muchas materias, también una regulación diferenciada en Argentina.
Es necesario que esto se tenga en cuenta a la hora de regular la legislación. Me parece que las medidas cautelares siguen la suerte del resto de la legislación y tienen que considerar que el Estado tiene cierta diferenciación con respecto a los particulares.
En lo que hace específicamente al impacto que esta ley tiene y a cómo eso es regulada, me parece que el tema está teniendo sus cuestionamientos en el orden judicial.
Yo respeto el funcionamiento armónico de las instituciones y creo que a esto lo tienen que tratar los jueces que lo deban resolver. Por eso preferiría no dar una opinión más detallada.
Pero es importante reconocer que el Estado tiene algunas prerrogativas distintas al resto de los particulares y, por otro lado, lograr que esas prerrogativas no sean un privilegio que pongan a los particulares en una situación de indefensión en determinadas circunstancias.
En líneas generales ¿Cree que fue buena la reforma judicial? ¿Faltó debate?
Creo que la reforma tiene algunos aspectos positivos cuyo análisis excede el marco de una entrevista porque son seis y se refieren a temas muy diversos.
También tiene algunos otros aspectos que, quizás, por lo rápido que se dio el debate en temas demasiado profundos, no superaron el test de constitucionalidad. Es lo que sucedió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por eso creo que a cada punto hay que analizarlo muy detenidamente y dentro del contexto en que se produce para ver en qué medida la interpretación que se haga de esas normas puede superar el test de constitucionalidad en nuestro país.