El escándalo por los millonarios fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, supuestamente desviados por Sergio Schoklender, salpicó tan fuerte que tocó a varias provincias. Entre ellas figuran Salta, Santiago del Estero y Chaco, lugares en los cuales el juez Norberto Oyarbide (apartado ayer de la causa) realizó allanamientos y relevó información para añadir al extenso expediente por las obras del programa “Sueños Compartidos”.
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El escándalo por los millonarios fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, supuestamente desviados por Sergio Schoklender, salpicó tan fuerte que tocó a varias provincias. Entre ellas figuran Salta, Santiago del Estero y Chaco, lugares en los cuales el juez Norberto Oyarbide (apartado ayer de la causa) realizó allanamientos y relevó información para añadir al extenso expediente por las obras del programa “Sueños Compartidos”.
En Salta, la Fundación Madres de Plaza de Mayo firmó, en febrero de 2009, un acuerdo con el Gobierno provincial y con la Municipalidad de Tartagal para la construcción de un hospital y de 50 viviendas sociales. El monto del convenio era de 8 millones de pesos, una cifra que ya se consideraba elevada para el proyecto.
Para ejecutar esas obras, la fundación, que lidera Hebe de Bonafini y que en ese momento tenía como apoderado a Sergio Schoklender, acordó la compra de 10 hectáreas con la familia Uanini. En ese momento Schoklender viajó a Tartagal -en un avión de la empresa Meldorek, involucrada en la causa- y pagó la mitad del precio convenido. “El dinero lo trajo en efectivo en una mochila”, reveló entonces una fuente que tuvo contacto con la operación.
Las obras prometidas
El hospital se terminó de construir en 2009, pero nunca se puso en funcionamiento porque el Gobierno provincial rechazó asumir su administración. Con esta postura intentó despegarse de un hecho teñido de dudas, a pesar de haber participado en el origen del arribo de la Fundación al norte de Salta.
No sucedió lo mismo con las 50 viviendas sociales que debían ejecutarse como parte de un plan mayor de 1.000 unidades. Nada se hizo de las casas, ni siquiera se dividieron las hectáreas en manzanas ni se conocieron planos de servicios.
La compra de las tierras también estuvo viciada de irregularidades que recién se resolvieron en abril del año pasado. La Fundación nunca completó el pago de las 10 hectáreas y después de varios reclamos de los propietarios y sus apoderados, finalmente terminaron en una mediación en la que llegaron a un acuerdo.
Según el acta firmada el 30 de noviembre de 2011, por el dinero pagado (se hablaba de $400.000), la Fundación se quedó con 4 hectáreas de las 10. Dentro de esa fracción está el hospital (cerrado y sin usar desde hace cuatro años) y aún queda espacio para ejecutar casas.
Restan, todavía, completar los trámites de subdivisión de las tierras ya que al no tener catastro las 4 hectáreas se complica cualquier proyecto que se quiera desarrollar. En la Dirección General de Inmuebles de la Provincia está en trámite el expediente N§ 27638 presentado en abril de 2012 para que se realice la subdivisión de las 10 hectáreas cuyo catastro original es el número 30454.
Expropiación
Mientras el hospital permanece cerrado y el equipamiento instalado envejece sin uso, el año pasado el diputado provincial Darío Valenzuela (PRS) presentó en la Legislatura un proyecto para solicitar al Ejecutivo que tramite ante el Gobierno nacional la expropiación o transferencia del hospital y de las tierras adquiridas por la Fundación.
“El proyecto no entró en el cupo que tenemos por bloque ni en el cronograma, por lo que este año voy a presentarlo de nuevo”, anticipó ayer Valenzuela a El Tribuno.
“Es una obra nueva que está abandonada, que en principio no le pertenece ni a la Fundación, ni a la Provincia, ni a la Nación. Al no haber un título de propiedad de las tierras no se puede escriturar, pero, de todos modos, la Provincia puede avanzar con el trámite”, señaló.
En Santiago del Estero y en Chaco
Como parte de la investigación por el desvío de fondos del programa “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres, el juez Norberto Oyarbide estuvo a mediados del año pasado en Santiago del Estero y en Chaco.
En tierra santiagueña el juez federal N§ 5 detectó que mientras Sergio Schoklender era apoderado de la Fundación y ésta construía viviendas, tenían empleados “en negro”.
Durante un viaje a esa provincia Oyarbide inspeccionó las obras de viviendas que tenía la Fundación y, al tomar testimonios y cruzar esa información con datos bancarios, detectó que había trabajadores que se desempeñaban en la obra pero no recibían los aportes de ley.
En Chaco el magistrado también visitó varias obras a cargo de la Fundación y financiadas por el Gobierno nacional. La recorrida incluyó el barrio Néstor Kirchner, que estaba en ejecución en la ciudad de Roque Sáenz Peña, y luego la localidad de Avia Terai.