Los trabajadores precarizados del Ministerio Público siguen sin respuesta en el reclamo que, desde hace varios meses, realizan distintos sectores dependientes del organismo para regularizar su situación.

Esta vez, un grupo de empleados de planta permanente del Poder Judicial le reclamaron al secretario General de la Agremiación de Empleados Judiciales del Poder Judicial y Ministerio Público, Oscar Lafuente, que -con carácter de urgente- convoque a una Asamblea Resolutiva para decidir medidas de acción directa en defensa de los derechos de los contratados del Ministerio Público. En el requerimiento, los trabajadores le piden a Lafuente que se “plante en Ciudad Judicial con la voluntad inquebrantable de iniciar una verdadera lucha de concientización, movilizaciones y manifestaciones para restablecer los derechos negados a todos los contratados desde hace años”.

Los trabajadores anexaron a la presentación que le hicieron al secretario de su gremio un documento que -en este mismo sentido- le entregaron al secretario general de la Federación Judicial Agentina (FJA) Carlos Ordóñez, cuando estuvo en Salta los días 27 y 28 de junio. En ese escrito, los empleados le informaban al titular de la Federación sobre las problemáticas que los aquejan y denuncian que no son representados debidamente por su gremio de Salta. Destacaron la muerte de un empleado de apellido Fonrrodona, quien se descompensó y no tuvo la asistencia médica en Ciudad Judicial a tiempo; también reclamaron por las horas extras y la tolerancia de la Comisión Directiva del Gremio de Salta con la situación de los contratados del Ministerio Público, dependiente de Pablo López Viñals.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Tribuno, pese a que el pedido los empleados lo hicieron hace más de un mes, el 1 de julio, hasta el momento el gremio no ha convocado a la asamblea. Una fuente consultada por este medio indicó que la “asamblea resolutiva es la que da la capacidad de tomar las determinaciones que estamos reclamando para apoyar a nuestros colegas”.

Al Colegio de Magistrados

La defensora oficial Nº 4, Natalia Buira, también enviará una nota, en este caso al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, “para que se expida de manera clara y contundente sobre el reclamo que viene realizando por la precarización laboral de los profesionales del Ministerio Público quienes están en calidad de contratados sin poder acceder a los beneficios de los trabajadores de planta permanente”.
Consultada por El Tribuno, Buira indicó que le pedirá al presidente del Colegio de Magistrados, Héctor Martínez, que “emita un pronunciamiento señalando si van a guardar silencio ante la ilegalidad que sufren los empleados precarizados del Ministerio Público o si van a repudiar la situación”.

“No se debe perder de vista que esta situación que sufren los empleados contratados no solo los afecta en el sentido de que no gozan de estabilidad laboral ni de igual remuneración por igual tarea. También los perjudica en su carrera dentro del Poder Judicial”, denunció Buira.

La defensora oficial explicó que “por su situación de precarización laboral, los contratados del Ministerio Público no acceden al beneficio de ascenso de escalafón cada tres años que sí rige para todo el resto de los empleados de planta permanente del Ministerio Público”.

“Al único derecho que están accediendo hoy los empleados del Ministerio Público es a la capacitación. El derecho a la carrera laboral está consagrado en la Constitución Provincial en el artículo 64 que, si bien es para los administrativos del Poder Ejecutivo, en el artículo 166 de la Carta Magna salteña se fijan las atribuciones y deberes de los miembros del Ministerio Público y dice que se debe nombrar a los empleados conforme a lo que se establece en el artículo 64. Estamos frente a otro derecho constitucional que no se está respetando”, lamentó Buira.

Últimas Noticias

Últimas Noticias de Salta

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...