La extraña versión de un funcionario

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se mostró muy desinformado en relación al proceso internacional que se libra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la tenencia de las tierras en el municipio de Santa Victoria Este. Es que Fresneda mostró desconocer algunos aspectos del tema en el diario Pagina 12, a mediados de septiembre, cuando definió el proceso de regularización de las tierras de los ex lotes fiscales 14 y 55 como "un conflicto territorial de 30 años por las disputa de 600 mil hectáreas entre criollos y pueblos originarios", entre otras extrañas definiciones. En realidad son 643 mil hectáreas. Además, no existe una disputa entre criollos y aborígenes.

La demanda de la asociación aborigen que inició el proceso internacional está dirigida contra el Estado argentino y el de la provincia de Salta. Criollos y aborígenes conviven desde hace generaciones en paz, fueron juntos al colegio, son vecinos, sufren las mismas necesidades. Se conocieron incidentes aislados, pero de ninguna manera existe un enfrentamiento. Además, independientemente de que algunas familias criollas aceptaron su relocalización en tierras fuera de las 400 mil hectáreas reclamadas por los pueblos originarios, hay decenas de ejemplos de aborígenes que pidieron al Estado que sus vecinos criollos sigan viviendo en donde vivieron por generaciones. "Eso derivó en la causa denominada La Cajonal contra el Estado argentino", le dijo el funcionario al diario capitalino. El secretario se refería en realidad a la asociación aborigen Lhaka Honhat, que en wichi significa "nuestra tierra" y que es asesorada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyo presidente es Horacio Verbitsky. "Es un conflicto de más de 100 años, cuando el Estado mandó a los colonos a ocupar esas tierras...", agregó. Lo curioso es que sin esos colonos, el funcionario no estaría hablando de Santa Victoria Este, porque ese no sería territorio argentino. "El gran problema en la Argentina son los sectores de concentración de la riqueza que tienen una gran extensión territorial. Ellos son los que desplazan a los pueblos originarios...", opinó el funcionario. Las fincas privadas en los lotes 14 y 55 no existen. En esa línea el periodista del medio porteño sostuvo que algunos criollos están "instalados en extensiones de tierra que van mucho más allá de sus necesidades". En realidad están ocupando las tierras que les pertenecen después de generaciones de ocupación pacífica y legal y ningún puesto criollo recibirá más de 900 hectáreas. Sería bueno preguntarle a algunos que manejan el país, si los millones que tienen "van mucho más allá de sus necesidades".

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se mostró muy desinformado en relación al proceso internacional que se libra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la tenencia de las tierras en el municipio de Santa Victoria Este. Es que Fresneda mostró desconocer algunos aspectos del tema en el diario Pagina 12, a mediados de septiembre, cuando definió el proceso de regularización de las tierras de los ex lotes fiscales 14 y 55 como "un conflicto territorial de 30 años por las disputa de 600 mil hectáreas entre criollos y pueblos originarios", entre otras extrañas definiciones. En realidad son 643 mil hectáreas. Además, no existe una disputa entre criollos y aborígenes.

La demanda de la asociación aborigen que inició el proceso internacional está dirigida contra el Estado argentino y el de la provincia de Salta. Criollos y aborígenes conviven desde hace generaciones en paz, fueron juntos al colegio, son vecinos, sufren las mismas necesidades. Se conocieron incidentes aislados, pero de ninguna manera existe un enfrentamiento. Además, independientemente de que algunas familias criollas aceptaron su relocalización en tierras fuera de las 400 mil hectáreas reclamadas por los pueblos originarios, hay decenas de ejemplos de aborígenes que pidieron al Estado que sus vecinos criollos sigan viviendo en donde vivieron por generaciones. "Eso derivó en la causa denominada La Cajonal contra el Estado argentino", le dijo el funcionario al diario capitalino. El secretario se refería en realidad a la asociación aborigen Lhaka Honhat, que en wichi significa "nuestra tierra" y que es asesorada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyo presidente es Horacio Verbitsky. "Es un conflicto de más de 100 años, cuando el Estado mandó a los colonos a ocupar esas tierras...", agregó. Lo curioso es que sin esos colonos, el funcionario no estaría hablando de Santa Victoria Este, porque ese no sería territorio argentino. "El gran problema en la Argentina son los sectores de concentración de la riqueza que tienen una gran extensión territorial. Ellos son los que desplazan a los pueblos originarios...", opinó el funcionario. Las fincas privadas en los lotes 14 y 55 no existen. En esa línea el periodista del medio porteño sostuvo que algunos criollos están "instalados en extensiones de tierra que van mucho más allá de sus necesidades". En realidad están ocupando las tierras que les pertenecen después de generaciones de ocupación pacífica y legal y ningún puesto criollo recibirá más de 900 hectáreas. Sería bueno preguntarle a algunos que manejan el país, si los millones que tienen "van mucho más allá de sus necesidades".