La fiscal de Estado de Salta, Mónica Lionetto, debe tomar una decisión en el caso de dos jóvenes que tuvieron una hija biológica hace tres años y luego ambos cambiaron su identidad de género. La pareja modificó sus documentos gracias a la ley que lo permitió en 2012 pero ahora sus nombres no coinciden con los que figuran en la partida de nacimiento de la niña y piden una solución.
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La fiscal de Estado de Salta, Mónica Lionetto, debe tomar una decisión en el caso de dos jóvenes que tuvieron una hija biológica hace tres años y luego ambos cambiaron su identidad de género. La pareja modificó sus documentos gracias a la ley que lo permitió en 2012 pero ahora sus nombres no coinciden con los que figuran en la partida de nacimiento de la niña y piden una solución.
Oriana y Alan son los nombres actuales de los padres que están demandando una nueva partida de nacimiento para su hija. Oriana nació con sexualidad masculina y Alan, femenina.
La diferencia entre las identidades que figuran en los papeles de la niña y las que ellos tienen ahora en sus DNI le trae problemas a la familia para hacer trámites en la escuela o acceder a los servicios de las obras sociales, entre otras gestiones.
Oriana y Alan pidieron en octubre del año pasado al Registro Civil de Salta un cambio en la documentación de la niña, pero en la institución consideraron que debía intervenir el Ministerio de Gobierno.
Meses después, los padres resolvieron recurrir al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo) y a la Secretaría de Niñez y Familia de la Nación.
Mónica Antacle, directora del Registro Civil de Salta, sostuvo que no se podía hacer el cambio de partida sin pedir la autorización del Ministerio de Gobierno y detalló que esta cartera decidió derivar el caso a la Fiscalía de Estado.
“Excede la competencia del Registro Civil hacer una modificación de este tipo sin hacer la consulta correspondiente porque la ley dice que los cambios de identidad de género no pueden tener un efecto retroactivo sobre los derechos ya adquiridos”, dijo Antacle a El Tribuno.
La responsable del Registro Civil de Salta aseguró que la situación no tendría por qué afectar la prestación de servicios de salud o educación para la niña. “La nena siempre tuvo su partida de nacimiento y su DNI. En ningún momento estuvieron en riesgo sus derechos”, manifestó.
Ahora la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, debe decidir si le ordena al Registro Civil rectificar la documentación o si considera que la pareja debe llevar el caso a la Justicia.
Lionetto recibió el viernes pasado a Martín Canevaro, presidente de “100 por ciento Diversidad y Derechos”, una organización que intervino para apoyar a los padres en su reclamo.
Canevaro aseguró a El Tribuno que Lionetto se comprometió a resolver el tema en el transcurso de esta semana. “Creo que hubo un buen diálogo y que la fiscal de Estado le dio al tema la importancia que merece”, indicó.
“La nena nació cuando sus padres tenían vedado el derecho a cambiar su identidad de género y ahora se encuentran con problemas para acreditar el vínculo con su hija porque la partida tiene nombres que no son los que corresponden”, sostuvo Canevaro.
En la reunión entre Martín Canevaro y Mónica Lionetto también estuvieron presentes representantes del INADI. Si bien no hubo una confirmación oficial, distintas fuentes consideraron ayer que la fiscal de Estado podría ordenar que el Registro Civil cambie la partida de nacimiento sin necesidad de que intervenga la Justicia.
La ley que permite el cambio de DNI
El 9 de mayo de 2012 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 26.743, que permite obtener un nuevo DNI, con un nombre y sexo diferente, por medio de un trámite sencillo en el Registro Civil.
La norma busca proteger los derechos de las personas que tienen una identidad de género que no coincide con su sexo biológico.
Antes, para hacer el cambio se debía iniciar un juicio. Solo en los primeros diez meses de vigencia de la ley, más de 150 personas cambiaron su DNI en el Registro Civil de Salta.
En el mismo periodo, unas 1.700 personas en todo el país oficializaron en los papeles una sexualidad diferente a la que tenían inscripta desde el nacimiento, según estimaciones de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
En Salta, el primer DNI con identidad femenina se entregó a una transexual en julio de 2012 a María Pía Ceballos, estudiante universitaria y militante por los derechos de las minorías.
La Ley 26.743 también determinó que el sistema de salud pública tiene la obligación de cubrir los tratamientos hormonales o cirugías que permitan adaptar el cuerpo a la identidad de género.