El proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento viene cobrando fuerza los últimos días a medida que su tramitación avanza por los salones del Congreso Nacional. Y a medida que avanza, las voces en contra se van sumando.
A nivel local hay preocupación, pero hasta ahora no hay acciones formales para levantar la voz en conjunto como ya lo han hecho a nivel nacional instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El proyecto, incluye entre otros puntos, un endurecimiento del Estado en lo que respecta al abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios y hasta genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Prevé también sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, acaparen materias primas y productos y nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, entre otros puntos.
En Salta existe un intercambio de opiniones entre las empresas y comercios, pero no han emitido hasta el momento comunicados. Sin embargo, a nivel particular ya manifestaron preocupación. Entre ellos se encuentra Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte quien, en comunicación con El Tribuno expresó: "Es un proyecto que trae aparejado un incremento del mercado negro y profundiza la especulación. Son leyes retrógradas en un país donde la política debe ser dinámica y donde la política de oferta y demanda debe ir dando lugar al equilibrio de precios equitativos. Todo instrumento que quiera pasar a un grado alto de intervencionismo es nefasto y solo consigue resultados negativos. Son instrumentos de represión que no logran el fin último de tener los productos en las góndolas así como es ficticio determinar un valor desde un despacho."
Soler recordó que la norma es una ley que nace en la década del setenta frente a un altísimo intervencionismo del Estado y que generó mas situaciones negativas que positivas. "Es más un instrumento de presión que de soluciones rápidas. Un instrumento que el Estado tiene para cuando la variable económica se escapa de las manos porque cuando se empiezan a perder los instrumentos de control empiezan a aparecer los de acción represiva", sentenció.
Por su parte, Daniel Chávez Díaz, presidente de la Unión Industrial de Salta, consideró que es un proyecto que "no favorece el ambiente de negocios y no va a contribuir a que la situación mejore. Es una forma de avanzar en términos de intervención del Estado que no queremos en absoluto porque son medidas que terminan caratulando a la Argentina como un un país no amigable" y consideró que "hay que tener mucho cuidado".
Informó que a nivel local hay un movimiento de la mesa multisectorial de entidades que coincidimos en que la situación del país no es de las mejores. Y, aunque todavía no se discutió específicamente el proyecto mencionado, esto está en la agenda.
Sí aclaró Chávez Díaz que no tiene muchas expectativas en que el gobierno de la Provincia se movilice en este sentido: "tenemos que sincerarnos y saber que de verdad el gobierno provincial puede hacer poco y nada. Quienes mueven la aguja son los agentes a nivel federal. Por eso también queremos que mejoren la institucionalidad y el federalismo que no se está aplicando".
La defensa de la Presidenta
Ayer, Cristina Fernandez de Kirchner salió en defensa del proyecto de reforma a la ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y dijo que los empresarios podrán plantear su posición en torno al tema en las comisiones legislativas en las que se discutirán esas iniciativas.
‘‘No son iniciativas elaboradas por un bando, como dicen algunos empresarios, sino proyectos de ley que las cámaras empresarias y las asociaciones de consumidores van a poder ir a las comisiones del Congreso para discutirlos y para proponer lo que quieran’’, dijo durante un acto celebrado en Casa de Gobierno, en respuesta a las críticas formuladas durante los últimos días por banqueros, empresarios e industriales.
La Presidenta sostuvo que los ‘‘usuarios y consumidores deben tener protección’’ y que el objetivo de esas iniciativas no es ’’fundir a ningún empresario’’.
‘‘Lo que no queremos es que no fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores’’, subrayó la jefa del Estado.
‘‘Es cierto que los usuarios y consumidores deben tener protección, de la misma manera que las empresas quieren protección para invertir (pero) los problemas no se discuten por los diarios, se discuten en las cámaras donde se discuten las leyes’’, agregó la Presidenta.
Cristina se pronunció de esta forma luego que la Unión Industrial Argentina (UIA) diera a conocer que la totalidad de los representantes sectoriales y territoriales de la entidad fabril expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Abastecimiento enviado al Poder Legislativo el reciente 5 de agosto.
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El proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento viene cobrando fuerza los últimos días a medida que su tramitación avanza por los salones del Congreso Nacional. Y a medida que avanza, las voces en contra se van sumando.
A nivel local hay preocupación, pero hasta ahora no hay acciones formales para levantar la voz en conjunto como ya lo han hecho a nivel nacional instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
El proyecto, incluye entre otros puntos, un endurecimiento del Estado en lo que respecta al abastecimiento de bienes y cumplimiento de servicios y hasta genera un marco regulatorio para el proceso de formación de precios. Prevé también sanciones por incumplimiento que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso y, en caso de reincidencia, clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios, acaparen materias primas y productos y nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios, entre otros puntos.
En Salta existe un intercambio de opiniones entre las empresas y comercios, pero no han emitido hasta el momento comunicados. Sin embargo, a nivel particular ya manifestaron preocupación. Entre ellos se encuentra Juan José Soler, presidente de Cerámica del Norte quien, en comunicación con El Tribuno expresó: "Es un proyecto que trae aparejado un incremento del mercado negro y profundiza la especulación. Son leyes retrógradas en un país donde la política debe ser dinámica y donde la política de oferta y demanda debe ir dando lugar al equilibrio de precios equitativos. Todo instrumento que quiera pasar a un grado alto de intervencionismo es nefasto y solo consigue resultados negativos. Son instrumentos de represión que no logran el fin último de tener los productos en las góndolas así como es ficticio determinar un valor desde un despacho."
Soler recordó que la norma es una ley que nace en la década del setenta frente a un altísimo intervencionismo del Estado y que generó mas situaciones negativas que positivas. "Es más un instrumento de presión que de soluciones rápidas. Un instrumento que el Estado tiene para cuando la variable económica se escapa de las manos porque cuando se empiezan a perder los instrumentos de control empiezan a aparecer los de acción represiva", sentenció.
Por su parte, Daniel Chávez Díaz, presidente de la Unión Industrial de Salta, consideró que es un proyecto que "no favorece el ambiente de negocios y no va a contribuir a que la situación mejore. Es una forma de avanzar en términos de intervención del Estado que no queremos en absoluto porque son medidas que terminan caratulando a la Argentina como un un país no amigable" y consideró que "hay que tener mucho cuidado".
Informó que a nivel local hay un movimiento de la mesa multisectorial de entidades que coincidimos en que la situación del país no es de las mejores. Y, aunque todavía no se discutió específicamente el proyecto mencionado, esto está en la agenda.
Sí aclaró Chávez Díaz que no tiene muchas expectativas en que el gobierno de la Provincia se movilice en este sentido: "tenemos que sincerarnos y saber que de verdad el gobierno provincial puede hacer poco y nada. Quienes mueven la aguja son los agentes a nivel federal. Por eso también queremos que mejoren la institucionalidad y el federalismo que no se está aplicando".
La defensa de la Presidenta
Ayer, Cristina Fernandez de Kirchner salió en defensa del proyecto de reforma a la ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y dijo que los empresarios podrán plantear su posición en torno al tema en las comisiones legislativas en las que se discutirán esas iniciativas.
‘‘No son iniciativas elaboradas por un bando, como dicen algunos empresarios, sino proyectos de ley que las cámaras empresarias y las asociaciones de consumidores van a poder ir a las comisiones del Congreso para discutirlos y para proponer lo que quieran’’, dijo durante un acto celebrado en Casa de Gobierno, en respuesta a las críticas formuladas durante los últimos días por banqueros, empresarios e industriales.
La Presidenta sostuvo que los ‘‘usuarios y consumidores deben tener protección’’ y que el objetivo de esas iniciativas no es ’’fundir a ningún empresario’’.
‘‘Lo que no queremos es que no fundan a los argentinos, a los usuarios y consumidores’’, subrayó la jefa del Estado.
‘‘Es cierto que los usuarios y consumidores deben tener protección, de la misma manera que las empresas quieren protección para invertir (pero) los problemas no se discuten por los diarios, se discuten en las cámaras donde se discuten las leyes’’, agregó la Presidenta.
Cristina se pronunció de esta forma luego que la Unión Industrial Argentina (UIA) diera a conocer que la totalidad de los representantes sectoriales y territoriales de la entidad fabril expresaron su rechazo al proyecto de Ley de Abastecimiento enviado al Poder Legislativo el reciente 5 de agosto.