Nicolás Monteros es un gendarme desencantado. Fue sancionado, arrestado, liberado y absuelto. Desde entonces denuncia ser perseguido dentro de la institución. Dice que vive con miedo desde que una voz en el teléfono amenazó con matar a su hija. "Tengo miedo. Pero quiero que todo el país sepa lo que pasa en la Agrupación Séptima de Gendarmería", dijo. Ahora, después de 31 años de servicio fue ascendido a cabo en 2012, lo que no fue motivo para su regocijo, ya que en los hechos, su salario de bolsillo pasó de $11.800 a $2.300 el primero de agosto último. "No se trató de un premio, sino de una muestra más de la persecución que estoy sufriendo", afirmó.
Según su relato, la persecución interna le produjo una fuerte depresión y desde entonces se encuentra en tratamiento psicológico. Todo empezó el 10 de marzo de 2004, en una de las fronteras más calientes de la Argentina, la de Aguas Blancas, en Orán. Monteros dice que era de noche, llovía y estaban a la intemperie. Habían decomisado un paquete con seis kilos de hojas de coca. Cuando llegaron sus superiores le reclamaron por la presencia de 11 bagayeros que no habían sido detectados por el puesto vigía y por no haber labrado el acta de decomiso de las hojas de coca. "No teníamos ni papel para labrar el acta, además llovía y estaba oscuro. Todo el mundo sabe que los bagayeros pasan por todos lados porque es un territorio muy amplio y está lleno de pasos no habilitados, mientras que nosotros éramos solamente dos personas", relató.
Monteros fue entonces procesado por "incumplimiento de los deberes del funcionario público" y "encubrimiento de contrabando". Quedó detenido y estuvo 13 meses en disponibilidad. "Nos llevaron a Salta como delincuentes comunes. Estuve preso cinco días. Me sentí altamente humillado", le dijo a El Tribuno el hombre de 50 años y tres hijos, dos de los cuales siguieron sus pasos en la fuerza centinela de la patria. En febrero de 2005 fue sobreseído por la Justicia de todos los cargos.
En 2006, a 13 meses del sobreseimiento, Monteros fue reintegrado, esta vez, fue enviado al escuadrón de San Antonio de los Cobres. Ahí empezó un nuevo calvario. "Nos ponían trabas en el tratamiento de mi hija, que tiene problemas mentales y visitaba a sus médicos en Salta. Me preguntaban por qué la llevaba al médico y me hacían imposible cualquier pedido de mi parte por ese tema. Me pasaban factura por lo de 2004", aseguró Monteros.
Solo fue trasladado a Salta después de que el director del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) intimara a finales de 2007 a Gendarmería para que el Monteros pueda cumplir con el tratamiento de su hija. "En Salta ya tenía una depresión muy grande y eso me llevó a un tratamiento psicológico que me tiene constantemente medicado. Pero ellos me mandaron al Escuadrón Núcleo, a realizar tareas operativas, cuando solo podía hacer tareas administrativas, según los doctores", aseguró. El 30 de octubre de 2010 una junta médica en Buenos Aires calificó a Monteros como "disminuido en aptitudes físicas" (DAF) y le diagnosticó un "predominio paranoide y antisocial". Aconsejaban que solo realice tareas administrativas. Pero los consejos no fueron escuchados.
Según denuncia Monteros, sus superiores insistieron en ignorar las recomendaciones médicas, que pedían evitar "tareas de alta operatividad, servicio de armas e instrucción", como se puede leer en el documento. "Sufrí persecución y discriminación por ese certificado médico que ellos hicieron. Seguían pidiendo que realice tareas que no podía realizar", puntualizó el gendarme.
El 7 de julio de este año, Monetros fue puesto otra vez en disponibilidad. Se lo dijeron en el trabajo, sin notificación previa por escrito. Le impusieron una sanción de dos días de arresto y pidió audiencia con las autoridades. "Loco de mierda te voy a dar de baja. Le hacés muy mal a la institución", le dijo el comandante principal, Diego Conrado Balari, según Monteros. Inmediatamente después se descompensó y tuvo que ser asistido en el servicio médico de la agrupación.
"Se me ordenó volver a mi puesto de trabajo, aunque estaba sufriendo un episodio de presión alta y un ataque de pánico", aseguró Monteros. "Yo hice la colimba en el 82 y tengo más de 30 años en Gendarmería, pero nunca me habían tratado de esa forma. El mismo comandante principal volvió exigirme a la salida de sanidad que me ponga de pie en posición de firme, pero no podía moverme. Fue una señal de desprecio", agregó. Balari, según registros del Poder Judicial de Salta, tiene en su contra dos denuncias de violencia familiar presentadas por Zulma Carmen Moreno en septiembre y diciembre de 2013, ante el juzgado en lo civil de personas y familia de primera nominación de esta ciudad.
El último 17 de julio, Susana, su mujer, pidió por escrito a la Dirección de Gendarmería en Buenos aires, que se investigue lo ocurrido en un órgano imparcial. "Estando en tratamiento psiquiátrico y psicológico suena raro que me sancionen. Es un acto contrario a la ley 26657, sobre el derecho a la protección de la salud mental", sostuvo.
Ahora, todo está en manos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Julio Bavio, en el expediente 9887/14, caratulado como: "Demanda por daños y perjuicios y daño moral por enfermedad profesional, acoso psicológico y moral, discriminación, medida de protección de persona y reestructuración jerárquica".
Susana Román, mujer de Monteros.
Después del traslado a San Antonio de los Cobres, Susana comenzó a peregrinar por los medios de Orán y hasta viajó a Buenos Aires. Luego llegaron las amenazas. “Fui hasta la Casa rosada a dejarle una carta a la Presidenta. Se ve que molestó que salga por las radios de Orán y me empezaron a amenazar por teléfono. Decían que iban a matar a mi hija. Hice la denuncia en la Policía y nunca pasó nada. Sentimos miedo”, relató Susana Román.



Últimas Noticias

Últimas Noticias de Salta

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...