La violencia contra los discapacitados es otra manera de intentar callar a las personas. Así lo vive y lo siente Elsa Viñaval, de 65 años, quien postrada en su silla de ruedas cuenta que tiene que operarse de la cadera antes del 23 de julio, fecha en que vencen los estudios clínicos que se hizo en Buenos Aires.
El real impedimento que alega es que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) se niega a reconocer los honorarios del médico especialista que tiene que realizar la cirugía, pese a que hay un "doble" fallo judicial que obliga a la obra social a pagar. Sin embargo, el IPS dice lo contrario (ver aparte).
"Mientras esté viva voy a hacer todo para seguir. Están acostumbrados al afiliado que es viejo, discapacitado, que puede o no llegar a denunciar pero que por distancias u otros motivos luego no continúa las gestiones de sus trámites. Se muere y para la obra social se apagó el problema", señaló Elsa, quien pelea con su cadera desde hace seis años.
Papeleos interminables
"¿Cómo pueden pensar que una persona enferma y discapacitada pueda esperar y soportar la burocracia con la que se manejan? Yo quería operarme pero nadie se atrevía a hacerlo. Solicité una derivación porque aquí me tenían entre endocrinólogos e infectólogos. Me mandaron a la clínica Bazterrica de Buenos Aires. Desde allá vengo con el visto bueno para operarme. Me dan la prótesis (cuesta 129.000 pesos) y todo lo que el fallo decía. Pero cuando llegó el momento, el médico que me iba a operar pedía 20.000 pesos diferenciados. Allí se inició el problema", contó.
Por este motivo, ella, a través de llamados telefónicos a la Ciudad Judicial pudo reactivar su causa logrando que la Justicia, tras una apelación, vuelva a fallar el pasado 6 de abril y, de forma idéntica, a su favor. La sentencia llevaba la firma del juez Marcelo Ramón Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
"Solo falta que el IPS pague. ¿Cuál es el criterio?: ahorrar plata o matar al afiliado. La persona se muere y se acabaron los problemas. Los últimos estudios se realizaron el 23 de mayo en Buenos Aires. Se vencen ahora. La verdad es que estoy muy cansada. Me pasé la vida pagando por salud. Sigo pagando, nunca dejé de hacerlo. Entonces ¿no puedo pedir, exigir? ¿No tengo derecho?", se preguntó entre lágrimas.
El real impedimento que alega es que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) se niega a reconocer los honorarios del médico especialista que tiene que realizar la cirugía, pese a que hay un "doble" fallo judicial que obliga a la obra social a pagar. Sin embargo, el IPS dice lo contrario (ver aparte).
"Mientras esté viva voy a hacer todo para seguir. Están acostumbrados al afiliado que es viejo, discapacitado, que puede o no llegar a denunciar pero que por distancias u otros motivos luego no continúa las gestiones de sus trámites. Se muere y para la obra social se apagó el problema", señaló Elsa, quien pelea con su cadera desde hace seis años.
Papeleos interminables
"¿Cómo pueden pensar que una persona enferma y discapacitada pueda esperar y soportar la burocracia con la que se manejan? Yo quería operarme pero nadie se atrevía a hacerlo. Solicité una derivación porque aquí me tenían entre endocrinólogos e infectólogos. Me mandaron a la clínica Bazterrica de Buenos Aires. Desde allá vengo con el visto bueno para operarme. Me dan la prótesis (cuesta 129.000 pesos) y todo lo que el fallo decía. Pero cuando llegó el momento, el médico que me iba a operar pedía 20.000 pesos diferenciados. Allí se inició el problema", contó.
Por este motivo, ella, a través de llamados telefónicos a la Ciudad Judicial pudo reactivar su causa logrando que la Justicia, tras una apelación, vuelva a fallar el pasado 6 de abril y, de forma idéntica, a su favor. La sentencia llevaba la firma del juez Marcelo Ramón Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
"Solo falta que el IPS pague. ¿Cuál es el criterio?: ahorrar plata o matar al afiliado. La persona se muere y se acabaron los problemas. Los últimos estudios se realizaron el 23 de mayo en Buenos Aires. Se vencen ahora. La verdad es que estoy muy cansada. Me pasé la vida pagando por salud. Sigo pagando, nunca dejé de hacerlo. Entonces ¿no puedo pedir, exigir? ¿No tengo derecho?", se preguntó entre lágrimas.
Pronta solución (El descargo del IPS)
La doctora Gladys Sánchez, gerente del área previsional del IPS, alegó ayer que hubo demoras y faltas de cumplimiento de parte de la señora Viñaval en lo que respecta a los papeles y estudios a presentar, pero que la cobertura sí estaba garantizada. "Nosotros tenemos normas administrativas. Tratamos de que los procesos sean rápidos pero a veces el afiliado se demora y luego somos nosotros los culpables. Esa señora es conflictiva porque no quiere hacer los trámites y no podemos sacar la plata así como así", se defendió Sánchez.
De todas maneras, contó que los papeles faltantes estarían por presentarse, por lo que la operación tendría lugar próximamente.
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La violencia contra los discapacitados es otra manera de intentar callar a las personas. Así lo vive y lo siente Elsa Viñaval, de 65 años, quien postrada en su silla de ruedas cuenta que tiene que operarse de la cadera antes del 23 de julio, fecha en que vencen los estudios clínicos que se hizo en Buenos Aires.
El real impedimento que alega es que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) se niega a reconocer los honorarios del médico especialista que tiene que realizar la cirugía, pese a que hay un "doble" fallo judicial que obliga a la obra social a pagar. Sin embargo, el IPS dice lo contrario (ver aparte).
"Mientras esté viva voy a hacer todo para seguir. Están acostumbrados al afiliado que es viejo, discapacitado, que puede o no llegar a denunciar pero que por distancias u otros motivos luego no continúa las gestiones de sus trámites. Se muere y para la obra social se apagó el problema", señaló Elsa, quien pelea con su cadera desde hace seis años.
Papeleos interminables
"¿Cómo pueden pensar que una persona enferma y discapacitada pueda esperar y soportar la burocracia con la que se manejan? Yo quería operarme pero nadie se atrevía a hacerlo. Solicité una derivación porque aquí me tenían entre endocrinólogos e infectólogos. Me mandaron a la clínica Bazterrica de Buenos Aires. Desde allá vengo con el visto bueno para operarme. Me dan la prótesis (cuesta 129.000 pesos) y todo lo que el fallo decía. Pero cuando llegó el momento, el médico que me iba a operar pedía 20.000 pesos diferenciados. Allí se inició el problema", contó.
Por este motivo, ella, a través de llamados telefónicos a la Ciudad Judicial pudo reactivar su causa logrando que la Justicia, tras una apelación, vuelva a fallar el pasado 6 de abril y, de forma idéntica, a su favor. La sentencia llevaba la firma del juez Marcelo Ramón Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
"Solo falta que el IPS pague. ¿Cuál es el criterio?: ahorrar plata o matar al afiliado. La persona se muere y se acabaron los problemas. Los últimos estudios se realizaron el 23 de mayo en Buenos Aires. Se vencen ahora. La verdad es que estoy muy cansada. Me pasé la vida pagando por salud. Sigo pagando, nunca dejé de hacerlo. Entonces ¿no puedo pedir, exigir? ¿No tengo derecho?", se preguntó entre lágrimas.
El real impedimento que alega es que el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) se niega a reconocer los honorarios del médico especialista que tiene que realizar la cirugía, pese a que hay un "doble" fallo judicial que obliga a la obra social a pagar. Sin embargo, el IPS dice lo contrario (ver aparte).
"Mientras esté viva voy a hacer todo para seguir. Están acostumbrados al afiliado que es viejo, discapacitado, que puede o no llegar a denunciar pero que por distancias u otros motivos luego no continúa las gestiones de sus trámites. Se muere y para la obra social se apagó el problema", señaló Elsa, quien pelea con su cadera desde hace seis años.
Papeleos interminables
"¿Cómo pueden pensar que una persona enferma y discapacitada pueda esperar y soportar la burocracia con la que se manejan? Yo quería operarme pero nadie se atrevía a hacerlo. Solicité una derivación porque aquí me tenían entre endocrinólogos e infectólogos. Me mandaron a la clínica Bazterrica de Buenos Aires. Desde allá vengo con el visto bueno para operarme. Me dan la prótesis (cuesta 129.000 pesos) y todo lo que el fallo decía. Pero cuando llegó el momento, el médico que me iba a operar pedía 20.000 pesos diferenciados. Allí se inició el problema", contó.
Por este motivo, ella, a través de llamados telefónicos a la Ciudad Judicial pudo reactivar su causa logrando que la Justicia, tras una apelación, vuelva a fallar el pasado 6 de abril y, de forma idéntica, a su favor. La sentencia llevaba la firma del juez Marcelo Ramón Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
"Solo falta que el IPS pague. ¿Cuál es el criterio?: ahorrar plata o matar al afiliado. La persona se muere y se acabaron los problemas. Los últimos estudios se realizaron el 23 de mayo en Buenos Aires. Se vencen ahora. La verdad es que estoy muy cansada. Me pasé la vida pagando por salud. Sigo pagando, nunca dejé de hacerlo. Entonces ¿no puedo pedir, exigir? ¿No tengo derecho?", se preguntó entre lágrimas.
Pronta solución (El descargo del IPS)
La doctora Gladys Sánchez, gerente del área previsional del IPS, alegó ayer que hubo demoras y faltas de cumplimiento de parte de la señora Viñaval en lo que respecta a los papeles y estudios a presentar, pero que la cobertura sí estaba garantizada. "Nosotros tenemos normas administrativas. Tratamos de que los procesos sean rápidos pero a veces el afiliado se demora y luego somos nosotros los culpables. Esa señora es conflictiva porque no quiere hacer los trámites y no podemos sacar la plata así como así", se defendió Sánchez.
De todas maneras, contó que los papeles faltantes estarían por presentarse, por lo que la operación tendría lugar próximamente.