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Se comprometieron a controlar el precio de la garrafa social

Domingo, 29 de mayo de 2016 01:30
Blanco Muiño, en la asamblea del Consejo Federal del Consumo.
No hay ningún motivo para que la garrafa social de 10 kilos salga más de 97 pesos. Así quedó establecido el viernes durante la 77ª asamblea del Consejo Federal del Consumo (Cofedec), reunida en Salta, con representantes de las 24 jurisdicciones argentinas y la presencia del director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. Las deliberaciones fueron en el Grand Bourg, tras la apertura encabezada por el gobernador Juan Manuel Urtubey; en el primer encuentro realizado fuera de Buenos Aires.
En diálogo con El Tribuno, Blanco Muiño explicó que la preocupación central del encuentro se manifestó en tarifas de gas, precios de garrafas, sobreprecios de garrafas, control del programa Precios Cuidados y difusión de Precios Claros. En esa línea, destacó que también vino a Salta el coordinador nacional del programa de garrafas. Dijo que todas las provincias "tomaron contacto con la máxima autoridad en el tema para coordinar políticas públicas y mecanismos de control para que la garrafa social de 10 kilos llegue a los vecinos a los 97 pesos estipulados, y no más que eso. Estamos con todas las 24 jurisdicciones y sus autoridades de control para coordinar eso, precisamente. La idea es que todas las provincias salgamos a controlar y a recibir reclamos para que la garrafa se venda al precio acordado y no a cualquiera", puntualizó el funcionario y añadió: "Nosotros trabajamos con un ojo en el reclamo individual y con otro en la educación y prevención, con los consumidores y con las empresas. Lo que tenemos que garantizar es el poder sancionatorio que tiene el Estado frente a los que incumplen".
"Sinceramiento"
Santa Fe La 77ª asamblea del Consejo Federal de Consumo eligió al representante que desde hoy tiene la presidencia. Resultó elegido el de la provincia de Santa Fe. El Consejo funciona desde 1992. Está integrado por representantes del Gobierno nacional, representantes de cada una de las provincias y de la Capital Federal.
Blanco Muiño reconoció que los reclamos por las tarifas de los servicios "están muy presentes" en la agenda de trabajo de Defensa del Consumidor, pero aseguró que todavía no tienen la cantidad de reclamos sobre aumentos del servicio de gas porque recién se están emitiendo las facturas.
"Lamentablemente -remarcó- estamos en un proceso de sinceramiento de la economía que es doloroso, traumático, pero que había que hacer. Desde el Gobierno acompañamos a las familias con la tarifa social, estamos repensando la aplicación de los cuadros tarifarios y también se viene la discusión del marco regulatorio".
Admitió luego que los ajustes "siempre generan tensiones, pero se trata de poner a la Argentina en línea con lo que está pasando en el resto de América, donde la inflación no está entre las preocupaciones de los gobiernos. Solo Argentina y Venezuela tenemos índices tan altos. Estamos ante el gran desafío de normalizar la Argentina. Son medidas dolorosas, costosas".
Muiño, Urtubey y el ministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez firmaron un convenio para impulsar la educación en el consumo en la provincia.

Defensor del cliente

Blanco Muiño anticipó a El Tribuno que en el organismo que dirige se trabaja en el borrador de norma que le va a dar el marco legal a una figura que llamarán defensor del cliente, y funcionará adentro de las empresas de telefonía. "Estamos en la primera etapa. La idea del defensor del cliente es que cada empresa habilite dentro de su propia estructura esta área, cumpliendo con requisitos impuestos por Defensa del Consumidor y con un reglamento de funcionamiento homologado por esta Dirección". Esto va a permitir la disminución del volumen de reclamos que hoy llega a Defensa del Consumidor. Es posible, según el funcionario, que pueda implementarse en el transcurso de este año.
"Las empresas fueron convocadas, les presentamos la idea, trabajamos colaborativamente con ellas. Algunas telefónicas que están en Argentina tienen esta figura incorporada en otros lugares del mundo, por lo cual es razonable que también la tengan acá. Creo que es útil para la empresas porque fideliza los clientes y porque el cliente va a tener rápida resolución de sus reclamo. A su vez, nosotros podremos bajar mucho el nivel de infraestructura que hoy disponemos para eso".
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No hay ningún motivo para que la garrafa social de 10 kilos salga más de 97 pesos. Así quedó establecido el viernes durante la 77ª asamblea del Consejo Federal del Consumo (Cofedec), reunida en Salta, con representantes de las 24 jurisdicciones argentinas y la presencia del director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. Las deliberaciones fueron en el Grand Bourg, tras la apertura encabezada por el gobernador Juan Manuel Urtubey; en el primer encuentro realizado fuera de Buenos Aires.
En diálogo con El Tribuno, Blanco Muiño explicó que la preocupación central del encuentro se manifestó en tarifas de gas, precios de garrafas, sobreprecios de garrafas, control del programa Precios Cuidados y difusión de Precios Claros. En esa línea, destacó que también vino a Salta el coordinador nacional del programa de garrafas. Dijo que todas las provincias "tomaron contacto con la máxima autoridad en el tema para coordinar políticas públicas y mecanismos de control para que la garrafa social de 10 kilos llegue a los vecinos a los 97 pesos estipulados, y no más que eso. Estamos con todas las 24 jurisdicciones y sus autoridades de control para coordinar eso, precisamente. La idea es que todas las provincias salgamos a controlar y a recibir reclamos para que la garrafa se venda al precio acordado y no a cualquiera", puntualizó el funcionario y añadió: "Nosotros trabajamos con un ojo en el reclamo individual y con otro en la educación y prevención, con los consumidores y con las empresas. Lo que tenemos que garantizar es el poder sancionatorio que tiene el Estado frente a los que incumplen".
"Sinceramiento"
Santa Fe La 77ª asamblea del Consejo Federal de Consumo eligió al representante que desde hoy tiene la presidencia. Resultó elegido el de la provincia de Santa Fe. El Consejo funciona desde 1992. Está integrado por representantes del Gobierno nacional, representantes de cada una de las provincias y de la Capital Federal.
Blanco Muiño reconoció que los reclamos por las tarifas de los servicios "están muy presentes" en la agenda de trabajo de Defensa del Consumidor, pero aseguró que todavía no tienen la cantidad de reclamos sobre aumentos del servicio de gas porque recién se están emitiendo las facturas.
"Lamentablemente -remarcó- estamos en un proceso de sinceramiento de la economía que es doloroso, traumático, pero que había que hacer. Desde el Gobierno acompañamos a las familias con la tarifa social, estamos repensando la aplicación de los cuadros tarifarios y también se viene la discusión del marco regulatorio".
Admitió luego que los ajustes "siempre generan tensiones, pero se trata de poner a la Argentina en línea con lo que está pasando en el resto de América, donde la inflación no está entre las preocupaciones de los gobiernos. Solo Argentina y Venezuela tenemos índices tan altos. Estamos ante el gran desafío de normalizar la Argentina. Son medidas dolorosas, costosas".
Muiño, Urtubey y el ministro de Gobierno Juan Pablo Rodríguez firmaron un convenio para impulsar la educación en el consumo en la provincia.

Defensor del cliente

Blanco Muiño anticipó a El Tribuno que en el organismo que dirige se trabaja en el borrador de norma que le va a dar el marco legal a una figura que llamarán defensor del cliente, y funcionará adentro de las empresas de telefonía. "Estamos en la primera etapa. La idea del defensor del cliente es que cada empresa habilite dentro de su propia estructura esta área, cumpliendo con requisitos impuestos por Defensa del Consumidor y con un reglamento de funcionamiento homologado por esta Dirección". Esto va a permitir la disminución del volumen de reclamos que hoy llega a Defensa del Consumidor. Es posible, según el funcionario, que pueda implementarse en el transcurso de este año.
"Las empresas fueron convocadas, les presentamos la idea, trabajamos colaborativamente con ellas. Algunas telefónicas que están en Argentina tienen esta figura incorporada en otros lugares del mundo, por lo cual es razonable que también la tengan acá. Creo que es útil para la empresas porque fideliza los clientes y porque el cliente va a tener rápida resolución de sus reclamo. A su vez, nosotros podremos bajar mucho el nivel de infraestructura que hoy disponemos para eso".
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