Norma Ráuzer, de 68 años, vive sobre la ruta 21, más conocida como camino a San Agustín, en la zona de Limache. Cerca de su casa hay una cancha de fútbol en la que todos los fines de semana se disputan partidos de fútbol. Allí se expenden bebidas alcohólicas y el tercer tiempo de los partidos se extiende de tarde a madrugada. Nada distinto a lo que ocurre en tantos otros descampados de la capital y el interior, salvo por la cruel y desaprensiva forma de divertirse de algunos habituales concurrentes. "Les tiran a los perros petardos con los que los enloquecen y lastiman", señaló Norma a El Tribuno, tras manifestarse harta de esperar respuestas a alguna de las 21 denuncias que presentó desde el 12 de julio de 2016 en la comisaría de Limache. "Ni siquiera me llamaron para ratificarlas", lamentó la vecina que vive amenazada y sufre daños en su propiedad por defender los derechos de seres nobles y sensibles que son tratados con una maldad incomprensible.
Su hermana, otra jubilada que desde hace varios años rescata animales de la calle, para asistirlos y darlos en adopción a familias responsables, aseguró que "las denuncias de maltrato animal son sistemáticamente archivadas por las fiscalías". Claudia Ráuzer tiene 70 años y vive en el barrio Castañares, en la zona norte de la capital provincial, en una casa en la que alimenta, limpia y cura las heridas de perros y gatos que encuentra en la calle o recibe en situación desesperante.
"En los últimos dos años presenté 15 denuncias con pruebas fotográfícas y testigos, pero los fiscales nunca los citaron ni elevaron las actuaciones a los jueces", reseñó Claudia, y lamentó la falta de concientización y de preparación que muestran los funcionarios policiales y agentes del Ministerio Público para hacer cumplir los preceptos de la vigente ley 14.346 de protección animal.
"A perros, gatos o caballos maltratados y torturados, funcionarios que deberían velar por sus derechos los cosifican, salvo honradas excepciones", aseguró Claudia. Citó, como antecedente ejemplar, un fallo de 2011 de la jueza Sandra Espeche, que obligó a una desinteresada mujer a alimentar y cuidar de sus canes, un dogo y un pitbull, a los que tenía confinados, desnutridos y enfermos en el fondo de su casa del barrio El Círculo.
Ese año, hubo 300 denuncias de maltrato animal en Salta. Las presentaciones aludían a perros, gatos y caballos encadenados, enjaulados, mal alimentados, enfermos, explotados, abusados, mutilados, quemados y torturados hasta la muerte. Solo una de aquellas denuncias prosperó en la fiscalía de Gabriel Portal.
Sus pares en el fuero correccional consideraron que todas las demás no llegaban a constituir un delito.
Los años que siguieron desde 2011 hasta hoy tampoco mostraron buena disposición para tomar, promover y resolver este tipo de causas, pese a que la sociedad salteña fue sacudida por estremecedores episodios como el de Dardo, el perro callejero al que en abril de 2012 le estalló en su hocico un petardo encendido por estudiantes, y el de Brad Pitt, otro perrito callejero que recibió brutales heridas con un machete en Metán.
De hecho, 2016, finalizó con el conmovedor caso de Vicente, el caballo que, agotado y lastimado por los esfuerzos a los que lo sometían, se desplomó en la calle. Su dueño, un carrero, terminó demorado por algunas horas.
Proteccionistas denunciaron que el 85% de los animales que tiran de los carros son víctimas de maltratos.
En 2011 el Concejo aprobó una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, pero aún no se cumple. Se espera una medida que promueva la reconversión del medio de trabajo de los carreros.
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Norma Ráuzer, de 68 años, vive sobre la ruta 21, más conocida como camino a San Agustín, en la zona de Limache. Cerca de su casa hay una cancha de fútbol en la que todos los fines de semana se disputan partidos de fútbol. Allí se expenden bebidas alcohólicas y el tercer tiempo de los partidos se extiende de tarde a madrugada. Nada distinto a lo que ocurre en tantos otros descampados de la capital y el interior, salvo por la cruel y desaprensiva forma de divertirse de algunos habituales concurrentes. "Les tiran a los perros petardos con los que los enloquecen y lastiman", señaló Norma a El Tribuno, tras manifestarse harta de esperar respuestas a alguna de las 21 denuncias que presentó desde el 12 de julio de 2016 en la comisaría de Limache. "Ni siquiera me llamaron para ratificarlas", lamentó la vecina que vive amenazada y sufre daños en su propiedad por defender los derechos de seres nobles y sensibles que son tratados con una maldad incomprensible.
Su hermana, otra jubilada que desde hace varios años rescata animales de la calle, para asistirlos y darlos en adopción a familias responsables, aseguró que "las denuncias de maltrato animal son sistemáticamente archivadas por las fiscalías". Claudia Ráuzer tiene 70 años y vive en el barrio Castañares, en la zona norte de la capital provincial, en una casa en la que alimenta, limpia y cura las heridas de perros y gatos que encuentra en la calle o recibe en situación desesperante.
"En los últimos dos años presenté 15 denuncias con pruebas fotográfícas y testigos, pero los fiscales nunca los citaron ni elevaron las actuaciones a los jueces", reseñó Claudia, y lamentó la falta de concientización y de preparación que muestran los funcionarios policiales y agentes del Ministerio Público para hacer cumplir los preceptos de la vigente ley 14.346 de protección animal.
"A perros, gatos o caballos maltratados y torturados, funcionarios que deberían velar por sus derechos los cosifican, salvo honradas excepciones", aseguró Claudia. Citó, como antecedente ejemplar, un fallo de 2011 de la jueza Sandra Espeche, que obligó a una desinteresada mujer a alimentar y cuidar de sus canes, un dogo y un pitbull, a los que tenía confinados, desnutridos y enfermos en el fondo de su casa del barrio El Círculo.
Ese año, hubo 300 denuncias de maltrato animal en Salta. Las presentaciones aludían a perros, gatos y caballos encadenados, enjaulados, mal alimentados, enfermos, explotados, abusados, mutilados, quemados y torturados hasta la muerte. Solo una de aquellas denuncias prosperó en la fiscalía de Gabriel Portal.
Sus pares en el fuero correccional consideraron que todas las demás no llegaban a constituir un delito.
Los años que siguieron desde 2011 hasta hoy tampoco mostraron buena disposición para tomar, promover y resolver este tipo de causas, pese a que la sociedad salteña fue sacudida por estremecedores episodios como el de Dardo, el perro callejero al que en abril de 2012 le estalló en su hocico un petardo encendido por estudiantes, y el de Brad Pitt, otro perrito callejero que recibió brutales heridas con un machete en Metán.
De hecho, 2016, finalizó con el conmovedor caso de Vicente, el caballo que, agotado y lastimado por los esfuerzos a los que lo sometían, se desplomó en la calle. Su dueño, un carrero, terminó demorado por algunas horas.
Proteccionistas denunciaron que el 85% de los animales que tiran de los carros son víctimas de maltratos.
En 2011 el Concejo aprobó una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, pero aún no se cumple. Se espera una medida que promueva la reconversión del medio de trabajo de los carreros.