El desafío laboral: generar empleo y garantizar equidad

El proyecto sobre "primer empleo", la reducción de cargas sociales, la exhortación a renovar los convenios colectivos ultraactivos desde 1975, la lucha contra el trabajo no registrado, el reforzamiento de la estructura jurídica y económica de la ley de riesgos del trabajo, son algunos ejes de una incipiente política.

Las novedades son escasas, pero eso poco importa. Es ocioso recordar, por ejemplo, que el empleo joven, el blanqueo laboral y la rebaja de cargas sociales vieron la luz en 1991 (con la ley nacional de empleo, hecha sobre molde español en tiempos del ministro Rodolfo Díaz). También se me ocurre innecesario advertir que la polémica ley de riesgos de trabajo nació en 1995 de un pacto tripartito suscrito por la CGT, el Grupo de los Ocho y el presidente Carlos Menem. O citar que la participación sindical en el control del fraude se pactó en 1996.

En cualquier caso, está bien que el Gobierno rechace la ideología de la flexibilidad laboral, entendida como un arma de la patronal para aumentar sus utilidades y su poder de dirección, dividiendo y disciplinando a los trabajadores y sus organizaciones.

Y está mejor que explore matices y caminos alternativos, aprovechando experiencias extranjeras y locales, y que lo haga situándose en el contexto económico contemporáneo (alta inflación, paridad cambiaria flotante, bajo desempleo, y términos internacionales de intercambio favorables) que poco y nada tiene de noventista.

Habiendo logrado evitar el anunciado y temido estallido económico, Macri no padece las urgencias que impusieron ciertas dosis de improvisación e inequidad durante las grandes crisis de finales de los 80 y de principios del nuevo siglo.

De los textos públicos oficiales, puede deducirse que hay un intento -positivo- de salir de la pasiva "administración del kirchnerismo" para inaugurar un imprescindible proceso de reformas estructurales.

El no-estallido, las experiencias históricas y su debilidad parlamentaria y sindical, están consolidando el "talante negociador" del Gobierno y de otros interlocutores.

En la misma sintonía, los actores sociales parecieran advertir que no es lo mismo gobernar o reformar en tiempos de "convertibilidad con baja inflación", que hacerlo en un contexto de libertad cambiaria y alta inflación.

Se trata, ahora, de poner sobre la mesa todos los componentes del "costo argentino" que están asfixiando la producción, el empleo y nuestra competitividad exterior. No vale hablar, como sucedió en los años 90, solo del "costo laboral unitario", y operar sobre él para rebajarlo. Hay que poner bajo la lupa todos los costos: energético, financiero, impositivo, logístico, comercial.

Y diseñar reformas para ganar mercados y converger con nuestros competidores, sin tener que devaluar la moneda, sabiendo que es conveniente procurar consensos para los cambios, tanto como necesario resulta que cada innovación contemple acciones compensatorias.

¿Constitucionalizar el derecho colectivo del trabajo?

Una mirada más exigente de nuestro presente socio-laboral, permite advertir la existencia de áreas de urgente reforma que, muy probablemente, quedarán sin abordar en virtud de las restricciones que plantean la actual conformación de los poderes estatales y fácticos.

Me refiero, en primer lugar, a la efectiva vigencia del principio de libertad sindical que impone, entre otras consecuencias, reconocer la personería gremial de las confederaciones alternativas que giran bajo la sigla CTA, así como generalizar las prácticas democráticas al interior de los sindicatos y de las obras sociales que controlan sus vértices.

Y, cuando me refiero a prácticas democráticas aludo a la transparencia en la gestión y en los procesos electorales, a la periodicidad de los cargos, al respeto a las minorías y, sobremanera, a la federalización de los sindicatos que, en nuestra prehistoria laboral, optaron por la forma "unión" donde todo el poder reside en el puerto de Buenos Aires.

El segundo aspecto de rango constitucional tiene relación con las garantías del derecho de huelga y de los otros derechos de igual jerarquía afectados, ocasionalmente, por las huelgas obreras.

En este sentido, bien haría el Gobierno en propiciar la derogación de la legislación nacional vigente, reforzando, jerarquizando y dando autonomía a la comisión de Garantías, e instando una declaración tripartita de respeto a los criterios de la OIT y de su Comité de Libertad Sindical.

El pacto Kirchner-Moyano, que inspiró las reglas vigentes, facilita las huelgas salvajes, desarmó al Estado democrático de derecho, y dejó indefensos a consumidores, usuarios y ciudadanos.

Los notorios abusos que hemos padecido en recientes huelgas sin preaviso y sin servicios mínimos en el sector del transporte de pasajeros, deberían llamar a la reflexión, a la responsabilidad y a la acción.

Renovar los convenios colectivos.

La idea de abrir una nueva unidad de negociación colectiva para permitir la creación de empleo en Vaca Muerta, es muy atinada. Ya se hizo -con óptimos resultados- en los 90, cuando Toyota, que pretendía desembarcar en la Argentina, y el sindicato de mecánicos (Smata), con el visto bueno del Gobierno, firmaron un convenio colectivo de trabajo, pese a que la automotriz no había contratado ni un sólo trabajador.

Creo que estamos aquí frente a un "gradualismo" que bien pudiera permitir avanzar, mientras llega el momento de renegociar los convenios ultraactivos y de modificar la vetusta estructura centralista y unitaria que tanto daño hace a las economías regionales.

Sin embargo, es preciso señalar que esta vía afectará pronto a las empresas y sectores "condenados" a sobrevivir bajo los CCT del 75. Aerolíneas Argentinas, la industria radicada en la Patagonia y los sueños agroindustriales de Salta sufrirán las consecuencias.

Bajo el kirchnerismo, la negociación colectiva estuvo paralizada. Más allá de la propaganda, las paritarias se reunieron mayoritariamente para tratar de salarios e inflación, rehuyendo los temas de productividad.

Fue así cómo las condiciones de trabajo quedaron congeladas, frenando cambios tecnológicos y organizativos y, en más de una ocasión, reforzando la discrecionalidad de las empresas. En realidad, el congelamiento de las condiciones de trabajo acordadas en 1975 es fruto de un pacto implícito entre los sindicatos oficiales y las cámaras empresarias que, más allá de ocasionales reproches, se sienten a gusto con un modelo que tutela sus respectivos intereses corporativos.

Ojalá patronales y sindicatos se atrevan ahora a transitar el camino abierto para la actividad hidrocarburífera, adoptando su mensaje federal. Ojalá las centrales representativas de trabajadores y empresas se animen a repasar la experiencia del Congreso Nacional de la Productividad y del Bienestar Social de 1955 (Bitran), cuando, por extraño que parezca, Perón introdujo el término flexibilidad laboral, en su mejor sentido, como requisito para viabilizar el objetivo de "producir, producir, producir".

(1)Una versión resumida de esta nota se publicó en la diario Clarín el pasado 11 de enero.

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El proyecto sobre "primer empleo", la reducción de cargas sociales, la exhortación a renovar los convenios colectivos ultraactivos desde 1975, la lucha contra el trabajo no registrado, el reforzamiento de la estructura jurídica y económica de la ley de riesgos del trabajo, son algunos ejes de una incipiente política.

Las novedades son escasas, pero eso poco importa. Es ocioso recordar, por ejemplo, que el empleo joven, el blanqueo laboral y la rebaja de cargas sociales vieron la luz en 1991 (con la ley nacional de empleo, hecha sobre molde español en tiempos del ministro Rodolfo Díaz). También se me ocurre innecesario advertir que la polémica ley de riesgos de trabajo nació en 1995 de un pacto tripartito suscrito por la CGT, el Grupo de los Ocho y el presidente Carlos Menem. O citar que la participación sindical en el control del fraude se pactó en 1996.

En cualquier caso, está bien que el Gobierno rechace la ideología de la flexibilidad laboral, entendida como un arma de la patronal para aumentar sus utilidades y su poder de dirección, dividiendo y disciplinando a los trabajadores y sus organizaciones.

Y está mejor que explore matices y caminos alternativos, aprovechando experiencias extranjeras y locales, y que lo haga situándose en el contexto económico contemporáneo (alta inflación, paridad cambiaria flotante, bajo desempleo, y términos internacionales de intercambio favorables) que poco y nada tiene de noventista.

Habiendo logrado evitar el anunciado y temido estallido económico, Macri no padece las urgencias que impusieron ciertas dosis de improvisación e inequidad durante las grandes crisis de finales de los 80 y de principios del nuevo siglo.

De los textos públicos oficiales, puede deducirse que hay un intento -positivo- de salir de la pasiva "administración del kirchnerismo" para inaugurar un imprescindible proceso de reformas estructurales.

El no-estallido, las experiencias históricas y su debilidad parlamentaria y sindical, están consolidando el "talante negociador" del Gobierno y de otros interlocutores.

En la misma sintonía, los actores sociales parecieran advertir que no es lo mismo gobernar o reformar en tiempos de "convertibilidad con baja inflación", que hacerlo en un contexto de libertad cambiaria y alta inflación.

Se trata, ahora, de poner sobre la mesa todos los componentes del "costo argentino" que están asfixiando la producción, el empleo y nuestra competitividad exterior. No vale hablar, como sucedió en los años 90, solo del "costo laboral unitario", y operar sobre él para rebajarlo. Hay que poner bajo la lupa todos los costos: energético, financiero, impositivo, logístico, comercial.

Y diseñar reformas para ganar mercados y converger con nuestros competidores, sin tener que devaluar la moneda, sabiendo que es conveniente procurar consensos para los cambios, tanto como necesario resulta que cada innovación contemple acciones compensatorias.

¿Constitucionalizar el derecho colectivo del trabajo?

Una mirada más exigente de nuestro presente socio-laboral, permite advertir la existencia de áreas de urgente reforma que, muy probablemente, quedarán sin abordar en virtud de las restricciones que plantean la actual conformación de los poderes estatales y fácticos.

Me refiero, en primer lugar, a la efectiva vigencia del principio de libertad sindical que impone, entre otras consecuencias, reconocer la personería gremial de las confederaciones alternativas que giran bajo la sigla CTA, así como generalizar las prácticas democráticas al interior de los sindicatos y de las obras sociales que controlan sus vértices.

Y, cuando me refiero a prácticas democráticas aludo a la transparencia en la gestión y en los procesos electorales, a la periodicidad de los cargos, al respeto a las minorías y, sobremanera, a la federalización de los sindicatos que, en nuestra prehistoria laboral, optaron por la forma "unión" donde todo el poder reside en el puerto de Buenos Aires.

El segundo aspecto de rango constitucional tiene relación con las garantías del derecho de huelga y de los otros derechos de igual jerarquía afectados, ocasionalmente, por las huelgas obreras.

En este sentido, bien haría el Gobierno en propiciar la derogación de la legislación nacional vigente, reforzando, jerarquizando y dando autonomía a la comisión de Garantías, e instando una declaración tripartita de respeto a los criterios de la OIT y de su Comité de Libertad Sindical.

El pacto Kirchner-Moyano, que inspiró las reglas vigentes, facilita las huelgas salvajes, desarmó al Estado democrático de derecho, y dejó indefensos a consumidores, usuarios y ciudadanos.

Los notorios abusos que hemos padecido en recientes huelgas sin preaviso y sin servicios mínimos en el sector del transporte de pasajeros, deberían llamar a la reflexión, a la responsabilidad y a la acción.

Renovar los convenios colectivos.

La idea de abrir una nueva unidad de negociación colectiva para permitir la creación de empleo en Vaca Muerta, es muy atinada. Ya se hizo -con óptimos resultados- en los 90, cuando Toyota, que pretendía desembarcar en la Argentina, y el sindicato de mecánicos (Smata), con el visto bueno del Gobierno, firmaron un convenio colectivo de trabajo, pese a que la automotriz no había contratado ni un sólo trabajador.

Creo que estamos aquí frente a un "gradualismo" que bien pudiera permitir avanzar, mientras llega el momento de renegociar los convenios ultraactivos y de modificar la vetusta estructura centralista y unitaria que tanto daño hace a las economías regionales.

Sin embargo, es preciso señalar que esta vía afectará pronto a las empresas y sectores "condenados" a sobrevivir bajo los CCT del 75. Aerolíneas Argentinas, la industria radicada en la Patagonia y los sueños agroindustriales de Salta sufrirán las consecuencias.

Bajo el kirchnerismo, la negociación colectiva estuvo paralizada. Más allá de la propaganda, las paritarias se reunieron mayoritariamente para tratar de salarios e inflación, rehuyendo los temas de productividad.

Fue así cómo las condiciones de trabajo quedaron congeladas, frenando cambios tecnológicos y organizativos y, en más de una ocasión, reforzando la discrecionalidad de las empresas. En realidad, el congelamiento de las condiciones de trabajo acordadas en 1975 es fruto de un pacto implícito entre los sindicatos oficiales y las cámaras empresarias que, más allá de ocasionales reproches, se sienten a gusto con un modelo que tutela sus respectivos intereses corporativos.

Ojalá patronales y sindicatos se atrevan ahora a transitar el camino abierto para la actividad hidrocarburífera, adoptando su mensaje federal. Ojalá las centrales representativas de trabajadores y empresas se animen a repasar la experiencia del Congreso Nacional de la Productividad y del Bienestar Social de 1955 (Bitran), cuando, por extraño que parezca, Perón introdujo el término flexibilidad laboral, en su mejor sentido, como requisito para viabilizar el objetivo de "producir, producir, producir".

(1)Una versión resumida de esta nota se publicó en la diario Clarín el pasado 11 de enero.

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