Almacenes, comedores, tiendas, farmacias y locales comerciales exhiben a sus clientes certificados que indican que esos negocios fueron desinfectados en cumplimiento de las normas que protegen la salud y el medio ambiente.
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Almacenes, comedores, tiendas, farmacias y locales comerciales exhiben a sus clientes certificados que indican que esos negocios fueron desinfectados en cumplimiento de las normas que protegen la salud y el medio ambiente.
Tras los sellos estampados en las constancias, sin embargo, no siempre hay una empresa que realmente exista y esté habilitada para manejar, aplicar y desechar venenos. Esas certificaciones tampoco garantizan que una fumigación haya sido efectivamente realizada y que se hayan utilizado insecticidas, ovicidas, funguicidas, rodenticidas, bactericidas, alguicidas, herbicidas o larvicidas de uso permitido.
"Hay días en que recibo entre ocho y diez llamados de gente que pregunta cuánto cuesta un certificado de desinfección. Les aclaro que los certificados no tienen ningún costo, sino el servicio que deben realizar en sus locales, con la periodicidad que establecen las normas vigentes, para proteger la salud de los clientes, empleados y su propia integridad". Oscar Morón, el titular de la Asociación de Empresas de Control de Plagas del NOA, con sede en Salta, aclaró que esos llamados son una constante en una actividad donde la "industria de los certificados" es una irregularidad con raíces de vieja data.
El Tribuno, en efecto, la denunció en 2004, cuando en vísperas de la sanción de la ordenanza 12.157 se los vendía a valores de entre 20 y 30 pesos. Hoy, firmas y prestadores irresponsables los venden por 150 y 200 pesos, según advirtieron varias fuentes del sector consultadas para este informe.
Cada 30 a 120 días
El decreto reglamentario 917, dictado en 2008, cuatro años después de la sanción de la ordenanza 12.157, obliga a diferentes comercios y servicios a realizar las fumigaciones cada 30 a 120 días, dependiendo del rubro de actividad.
Los vehículos del transporte público y de sustancias alimenticias deben ser desinfectados cada 45 días.
En los locales donde se elaboran sustancias alimenticias y bebidas, las aplicaciones de plaguicidas deben realizarse cada 30 días.
Para los locales que comercializan y distribuyen sustancias alimenticias y bebidas, los tratamientos están normados cada 60 días. La misma periodicidad rige para los consorcios habitacionales y los depósitos de materiales en desuso.
Los locales con alto tránsito de personas deben ser tratados cada 90 días, al igual que los establecimientos hoteleros.
En los negocios que almacenan y comercializan servicios y productos no alimenticios, las desinfecciones deben efectuarse cada 120 días.
Niños y mascotas, expuestos a potentes venenos
En ferreterías, corralones, veterinarias, viveros, agroquímicas y otros negocios se comercializan plaguicidas no aptos para usos domésticos e incluso prohibidos.
Es el caso de diferentes rodenticidas granulados que se ofrecen, hasta en envases sueltos, para exterminar ratas. Esos granos, de vivos colores, atraen la atención de niños y mascotas. Además, no tienen efecto sobre las hormigas, que pueden esparcirlos con lamentables consecuencias. Muchos de los matarratas granulados carecen de los amargantes prescriptos para evitar ingestas accidentales y contienen compuestos que ya no son admitidos.
Entre 2008 y 2009, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) también prohibió otros plaguicidas que, sin embargo, son aplicados en viviendas y comercios sin medir riesgos de intoxicación.
Uno de los principios activos que prohibió la Anmat es el Clorpirifós, un insecticida organofosforado que actúa sobre el sistema nervioso de los seres humanos y afecta el desarrollo de los niños por nacer. En Estado Unidos, a partir de su prohibición, se comprobó un aumento de peso en los neonatos.
La Anmat también dispuso prohibiciones para el DDVP y otro organofosforado, el Diclorvós. Este último es un insecticida líquido altamente volátil a temperatura ambiente, característica que aumenta notablemente la posibilidad de exposición a su potente efecto tóxico por vía inhalatoria.
La Environmental Protection Agency (EPA) y la Internacional Agency for Research on Cancer (IARC) lo declararon como posible carcinógeno en humanos.
Otra plaguicida prohibido es el Dimetoato. En la línea jardín, se venden muchos productos fraccionados ilegalmente. Los más tóxicos son los insecticidas para matar pulgones o moscas blancas. Es un organofosforado con acción de contacto e ingestión de alta toxicidad, que es muy persistente y tarda mucho tiempo en degradarse. También es comercializado, sin control, en concentraciones no aptas para uso doméstico.
La ley y la trampa
Las empresas de control de plagas deben encuadrar sus servicios a elementales normas de seguridad sanitaria y ambiental. Están obligadas -entre otras cosas- a usar solo biocidas permitidos, a manejarlos y desecharlos en arreglo a la legislación nacional y provincial vigente para residuos peligrosos.
Deben contar con profesionales que asistan sus prestaciones en calidad de directores técnicos y disponer de vehículos utilitarios para el transporte exclusivo de sus equipos y productos químicos.
También están obligadas a suministrar al personal que realiza las fumigaciones indumentarias, equipos de protección homologados y capacitación.
Lejos de lo que exigen las normas vigentes, muchos prestadores cargan los plaguicidas en automóviles particulares y hasta en motos. No declaran ante los organismos de registro competentes los productos que utilizan en las desinfecciones ni acreditan los certificados de la disposición final de los envases. En la capital la operadora autorizada es Hábitat Ecológico, empresa que tiene sus instalaciones en el parque industrial. También hay operadoras privadas habilitadas en el Valle de Lerma (una en Rosario de Lerma y otra en El Carril) y una planta de reciclado que funciona en Las Lajitas.
La disposición final de los desechos fitosanitarios, como ocurre con los generadores de residuos peligrosos en general, tiene un elevado nivel de incumplimiento que se traduce en serios impactos en el medio ambiente y en los cauces que desembocan en el dique Cabra Corral.