La Cámara de Diputados dio anoche media sanción al proyecto de ley que dispone frenar por un año más los desalojos de productores campesinos y de familias rurales.
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La Cámara de Diputados dio anoche media sanción al proyecto de ley que dispone frenar por un año más los desalojos de productores campesinos y de familias rurales.
La última prórroga había sido dispuesta por seis meses, hasta el 31 de diciembre de este año.
El diputado Jesús Villa (PV) remarcó que el proceso de regularización de las tierras no se cumplió en su totalidad y remarcó la necesidad de alargar el plazo.
El proyecto aprobado establece suspender por un año, a partir del 31 de diciembre de 2017, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en casos previstos en los artículos 1898 o 1899 del Código Civil y Comercial.
Con este texto se modificará el artículo noveno de la ley 7.658, que fue sancionada en 2010.
Esta ley dispone un programa de regularización de dominio y de asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales. Además de determinar un registro, establece beneficios para el desarrollo productivo, agroindustrial y económico de estos sectores.
El diputado Arturo Borelli indicó que se conoce que "unas 50 familias se encuentran en riesgo de desalojo y la situación es crítica" y manifestó el apoyo del PO a la prórroga.
El PJ está consustanciado con la problemática de los pequeños productores campesinos y las familias rurales, resaltó el diputado Lucas Godoy, uno de los impulsores del proyecto.
Desde la presidencia de la Cámara Baja, el diputado Manuel Godoy hizo conocer a sus pares que "no pude conseguir una reunión con los funcionarios" involucrados en el tema para conocer en qué estado se encuentra el proceso de implementación de la ley 7658 y dijo que "el único que habría iniciado un registro es el Ministerio de Asuntos Indígenas".
El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó en revisión al Senado.