El renovado gabinete de Juan Manuel Urtubey, encabezado por Fernando Yarade como jefe de ministros, tiene por delante un compromiso que asumió en forma explícita para dar vuelta una página en la historia de Salta.
La derrota electoral del 22 de octubre es un llamado de atención y un indicio del agotamiento de una etapa. Ahora se espera que empiece otra, inspirada en los objetivos de desarrollo federal formulados por el Gobierno nacional desde 2015 y que aún se hacen esperar. Salta no debe consentir que la Argentina siga siendo pensada en función de las prioridades de la región central.
La provincia afronta problemas sociales que, si no se adoptan medidas idóneas y enérgicas, pueden volverse irreversibles, primero, y de inmediato, incontrolables. La tecnología informática de que disponen varios ministerios, especialmente la Jefatura de Gabinete, Educación y Primera Infancia, debería proporcionar la base de datos para una estrategia seria, con hechos perceptibles, que permitan abordar la grieta social. En la provincia más de la mitad de los niños vive en la pobreza.
Un informe de la Cooperadora Asistencial de Salta capital señala que en esta ciudad, la más desarrollada de la provincia, “de 11.312 nacidos vivos en 2013, fallecieron el 13 por mil antes de cumplir el primer año”. La misma publicación añade que “en 2015 fallecieron 164 recién nacidos; de ellos, 60 en la sala de partos y los 104 restantes antes del séptimo día de vida; el bajo peso es el indicador de la frecuencia de mortalidad de los recién nacidos. Más del 50 por ciento de las madres de los bebés fallecidos registran pocos o ningún control durante el embarazo”. El 99 por ciento de las embarazadas da a luz en alguna institución de salud, pero más del 10% llegan al parto sin control prenatal alguno. La Cooperadora Asistencial consigna también que de 14.952 embarazadas registradas en el municipio en 2013, viven 2.846 en situación de vulnerabilidad. De los 8.536 nacidos vivos en el Hospital Materno Infantil en 2015, 218 son hijos de niñas menores de 16 años y 1.727, de entre 16 y 19 años.
Esto ocurre en la mayor ciudad de Salta, y las tendencias se profundizan. Esta realidad social de la ciudad se refleja en un minucioso estudio desarrollado por un equipo de la Ucasal encabezado por el psicólogo Mario Verde sobre “Transformaciones psicosociales en la ciudad de Salta”. Con entrevistas y focus group organizados en base a criterios técnicos, se proponen conclusiones que obligan a repensar las políticas sociales.
Esas experiencias muestran que los jóvenes de menores recursos no agradecen los “favores” del gobierno; no adhieren a las tradiciones, están mucho más “globalizados” de lo que se supone y experimentan rechazo y desconfianza hacia la policía. Confían más en Dios que en las religiones.
“La educación -consignan- es objeto de crítica en todas las clases sociales y consideran a la escuela pública como guardería comedor y (la asocian con) docentes sin vocación, formación ni autoridad. En todos los casos no prepara para un futuro de progreso”.
El estudio detecta que en todos los sectores se valora al trabajo genuino en su mayoría, en relación de dependencia- en desmedro de los planes asistenciales. Y se vislumbra un cierto descrédito de la democracia y, especialmente en los sectores de menos ingresos, desconfianza profunda en las instituciones.
Otro estudio social también de la Ucasal, dirigido por el economista Eduardo Bojanich, muestra que en todos los barrios de la ciudad se señalan como reclamos dominantes la inseguridad, la violencia social y la presencia disociante del narcotráfico. También allí, la ciudadanía reclama educación con salida laboral, empleo genuino y presencia del Estado para controlar la violencia familiar, la violencia de género, las adicciones y las patotas. Estas perspectivas de la ciudad capital se proyectan con rasgos propios en el interior provincial, donde la violencia urbana, también con un fuerte componente de adicciones y narcotráfico, muestra tendencias constantes.
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció que comienza una etapa de optimización del gasto y de austeridad. Yarade considera que es imprescindible administrar los recursos pero, especialmente, ampliarlos. Si hay ajuste de gastos, habrá que definir dónde y cómo se debe hacer. Las investigaciones sociales citadas indican una situación de violencia social que no tiene manifestaciones masivas pero que representa un goteo que debería interpelar a la dirigencia política, al Gobierno, y especialmente a los legisladores que en su mayoría siguen actuando como si nada pasara en la provincia.
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El renovado gabinete de Juan Manuel Urtubey, encabezado por Fernando Yarade como jefe de ministros, tiene por delante un compromiso que asumió en forma explícita para dar vuelta una página en la historia de Salta.
La derrota electoral del 22 de octubre es un llamado de atención y un indicio del agotamiento de una etapa. Ahora se espera que empiece otra, inspirada en los objetivos de desarrollo federal formulados por el Gobierno nacional desde 2015 y que aún se hacen esperar. Salta no debe consentir que la Argentina siga siendo pensada en función de las prioridades de la región central.
La provincia afronta problemas sociales que, si no se adoptan medidas idóneas y enérgicas, pueden volverse irreversibles, primero, y de inmediato, incontrolables. La tecnología informática de que disponen varios ministerios, especialmente la Jefatura de Gabinete, Educación y Primera Infancia, debería proporcionar la base de datos para una estrategia seria, con hechos perceptibles, que permitan abordar la grieta social. En la provincia más de la mitad de los niños vive en la pobreza.
Un informe de la Cooperadora Asistencial de Salta capital señala que en esta ciudad, la más desarrollada de la provincia, “de 11.312 nacidos vivos en 2013, fallecieron el 13 por mil antes de cumplir el primer año”. La misma publicación añade que “en 2015 fallecieron 164 recién nacidos; de ellos, 60 en la sala de partos y los 104 restantes antes del séptimo día de vida; el bajo peso es el indicador de la frecuencia de mortalidad de los recién nacidos. Más del 50 por ciento de las madres de los bebés fallecidos registran pocos o ningún control durante el embarazo”. El 99 por ciento de las embarazadas da a luz en alguna institución de salud, pero más del 10% llegan al parto sin control prenatal alguno. La Cooperadora Asistencial consigna también que de 14.952 embarazadas registradas en el municipio en 2013, viven 2.846 en situación de vulnerabilidad. De los 8.536 nacidos vivos en el Hospital Materno Infantil en 2015, 218 son hijos de niñas menores de 16 años y 1.727, de entre 16 y 19 años.
Esto ocurre en la mayor ciudad de Salta, y las tendencias se profundizan. Esta realidad social de la ciudad se refleja en un minucioso estudio desarrollado por un equipo de la Ucasal encabezado por el psicólogo Mario Verde sobre “Transformaciones psicosociales en la ciudad de Salta”. Con entrevistas y focus group organizados en base a criterios técnicos, se proponen conclusiones que obligan a repensar las políticas sociales.
Esas experiencias muestran que los jóvenes de menores recursos no agradecen los “favores” del gobierno; no adhieren a las tradiciones, están mucho más “globalizados” de lo que se supone y experimentan rechazo y desconfianza hacia la policía. Confían más en Dios que en las religiones.
“La educación -consignan- es objeto de crítica en todas las clases sociales y consideran a la escuela pública como guardería comedor y (la asocian con) docentes sin vocación, formación ni autoridad. En todos los casos no prepara para un futuro de progreso”.
El estudio detecta que en todos los sectores se valora al trabajo genuino en su mayoría, en relación de dependencia- en desmedro de los planes asistenciales. Y se vislumbra un cierto descrédito de la democracia y, especialmente en los sectores de menos ingresos, desconfianza profunda en las instituciones.
Otro estudio social también de la Ucasal, dirigido por el economista Eduardo Bojanich, muestra que en todos los barrios de la ciudad se señalan como reclamos dominantes la inseguridad, la violencia social y la presencia disociante del narcotráfico. También allí, la ciudadanía reclama educación con salida laboral, empleo genuino y presencia del Estado para controlar la violencia familiar, la violencia de género, las adicciones y las patotas. Estas perspectivas de la ciudad capital se proyectan con rasgos propios en el interior provincial, donde la violencia urbana, también con un fuerte componente de adicciones y narcotráfico, muestra tendencias constantes.
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció que comienza una etapa de optimización del gasto y de austeridad. Yarade considera que es imprescindible administrar los recursos pero, especialmente, ampliarlos. Si hay ajuste de gastos, habrá que definir dónde y cómo se debe hacer. Las investigaciones sociales citadas indican una situación de violencia social que no tiene manifestaciones masivas pero que representa un goteo que debería interpelar a la dirigencia política, al Gobierno, y especialmente a los legisladores que en su mayoría siguen actuando como si nada pasara en la provincia.