A partir del 5 de marzo de 2018, cuando se inicien las clases, en los más de 750 establecimientos primarios estatales salteños, donde estudian aproximadamente 160 mil niñas y niños, no se deberá impartir educación religiosa en horario de clase. Las repercusiones son diversas, de un extremo y del otro. Se trata de un fallo histórico que sin dudas trastocará la organización del ámbito educativo para ponerse a tono con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.
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A partir del 5 de marzo de 2018, cuando se inicien las clases, en los más de 750 establecimientos primarios estatales salteños, donde estudian aproximadamente 160 mil niñas y niños, no se deberá impartir educación religiosa en horario de clase. Las repercusiones son diversas, de un extremo y del otro. Se trata de un fallo histórico que sin dudas trastocará la organización del ámbito educativo para ponerse a tono con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal de Estado, Pamela Calletti, le dijo a El Tribuno que "la Corte señala que es constitucional el derecho reconocido en nuestra Constitución a que se dé educación religiosa en las escuelas públicas, lo que hay que modificar es la forma".
Es decir, siguió, "que no esté en la currícula ni dentro del horario de clases; se declaró inconstitucional que el contenido y los docentes que daban la materia requerían de un aval de la autoridad religiosa y la disposición de educación que establecía el llenado de un formulario (para expresar su acuerdo o desacuerdo)".
Por su parte, la ministra de Educación, Analía Berruezo, prefirió no realizar declaraciones. Junto con Calletti trabajaron en el proyecto de ley que ayer por la tarde se presentó en la Legislatura provincial.
Se habla de una séptima hora fuera del horario escolar, en la que estaría trabajando la titular de la Asociación Docente Provincial, Patricia Argañaraz, junto con Berruezo. La gremialista se mostró preocupada por la situación laboral de los maestros de religión, por lo que a través de un audio de WhatsApp, primero trató de transmitirle tranquilidad a estos docentes, aunque anoche admitió, por el mismo medio, que hay varios puntos débiles en el proyecto oficial que analizará con los abogados del sindicato. Mañana se reuniría nuevamente con la ministra por este tema. Desde la ADP estimaron que son 500 los docentes de religión en la provincia.
La exsenadora del Partido Obrero Gabriela Cerrano manifestó que el fallo de la Corte es un "duro golpe" al gobierno de Urtubey, quien defendió hasta último momento la educación religiosa en las escuelas públicas. "Nosotros apoyamos esta iniciativa y acompañamos a los padres y a la Asociación por los Derechos Civiles", dijo. Agregó: "Estamos planeando que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto y se haga la transición para que los docentes de religión pasen a otras áreas o que den otra materias".
Para el diputado provincial Andrés Suriani, quien participó de la audiencia pública en agosto pasado en Buenos Aires, "la Corte no respetó la autonomía de Salta, no respetó la Constitución de Salta ni tuvo en cuenta el sentimiento de la mayoría del pueblo salteño, que es profundamente religioso y no había hecho ninguna manifestación en contra de la ley que tiene 141 años".
Suriani criticó la decisión atribuyendo la misma a que va en consonancia con la formación de los miembros del máximo tribunal. No le llama la atención la votación de los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, pero sí la de Juan Carlos Maqueda porque entiende que es católico.
El diputado provincial concluyó con dureza: "Espero que en Salta todos aquellos que se golpean el pecho en cada procesión del Milagro se animen a defender los valores de esto que es tan importante, porque la mayoría del pueblo de Salta se ha metido debajo de la alfombra".
Para el docente y licenciado en Ciencias de la Educación Gabriel Tejerina, "el desafío del momento es lograr una educación integral e inclusiva que brinde igualdad de oportunidades a todos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería generar en los distintos niveles de la política educativa salteña la posibilidad de abrir un debate profundo sobre qué queremos para las nuevas generaciones".
Roberto Suaina, presidente del Coprodec (entidad que nuclea a los colegios privados confesionales), aclaró que la educación privada está organizada según el ideario institucional, por lo que el fallo judicial, por más que menciona la educación primaria, no influiría de ninguna manera, dado que los padres eligen enviar a sus hijos a colegios religiosos.
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