Malas noticias para  el desarrollo rural de  nuestra provincia

Salta está pintada de "amarillo subdesarrollo", todo indica que hay pocas expectativas de cambio. A partir de las declaraciones del secretario de Política Ambiental, Cambio climático y Desarrollo Sustentable. Diego Moreno, coincidentes con las de su jefe, el ministro Sergio Bergman, todo indica que es ilusoria la voluntad de generar agroindustria con valor agregado en los territorios más pobres del país, en el chaco semiári do.

Ese depresivo color amarillo que desalentó la inversión rural durante una década es el resultado del ordenamiento territorial decretado en 2008 bajo la presión de activistas ambientales. Uno de ellos, el Pelado Cordera ha caído en desgracia y otros dos, Juan Carlos Villalonga y Emiliano Ezcurra, son figuras decisivas en la política ambiental del gobierno de Cambiemos.

Salta sigue sufriendo las consecuencias del mito de que "desmontan la yunga para poner soja". Quien lo repite no conoce ni la yunga ni la soja, por supuesto.

La idea de "amarillo subdesarrollo" la planteó el recordado Céltico Rodríguez. En un artículo publicado a principios de este año en El Tribuno, destacó que "el campo es el motor que impulsa a nuestro país y permite que su gente pueda esperar un futuro mejor". Luego de mencionar el reconocimiento de la urgencia por reformular el ordenamiento territorial expresada por funcionarios del gobierno, advirtió que "la realidad nos muestra un crecimiento vegetativo dramático en Salta de las exportaciones agropecuarias, cada vez más primarizadas, y una pobreza que sigue castigando". Citando estudios del IELDE (UNSa) señaló que ""Salta, a diferencia del NOA y de la Argentina, disminuyó la desigualdad entre 2003 y 2008 pero no la modificó en absoluto entre 2008 y 2013. La desigualdad en Salta es todavía mayor que la desigualdad de todo el país'". No relacionar esto con el Ordenamiento Territorial es no querer ver la realidad", concluyó.

Salta, pintada de "amarillo subdesarrollo"

Para el desarrollo económico y humano de Salta es imprescindible que el campo aproveche su potencial. Hay cinco millones de hectáreas que podrían entrar en producción en una década y el ordenamiento no lo permite.

La ley de Bosques señala con el color rojo a las áreas boscosas que deben resguardarse por su valor y porque "ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad". Con el amarillo a las que merecen aprovechamiento sostenible, que permita la actividad productiva y de la posibilidad de que se preserven y recuperen espacios de bosques. En cambio, se pintan de verde los espacios donde el bosque está plenamente degradado.

En Salta, a deferencia de otras provincias, el amarillo se trata como si fuera rojo. En otros términos, se actúa como si nuestra provincia debiera crear un parque nacional de superficie equivalente a Bélgica. Un parque nacional sin guardaparques, ni presupuesto y albergando economías de subsistencia, cuyas características las convierten en factores altamente degradantes para los suelos.

La ley de Bosques se promulgó hace diez años. Las declaraciones de Diego Moreno hacen constante referencia a debates, análisis y proyectos, - y, nunca, resultados- con experimentos como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, una idea en la que no creen productores, técnicos ni funcionarios, que consideran imposible combinar bosque con pasturas.

Moreno, en nombre del gobierno nacional, relativizó el valor de la agricultura como factor de desarrollo. Pensada como mera producción primaria, tiene razón. Pero en un proyecto de desarrollo, como se presentó al Plan Belgrano en su momento, resulta para Salta una base de producción industrial de alimentos, con tecnología de última generación y un impacto social imprescindible.

Una década en infracción 

El Fondo para la Conservación de Bosques fue concebido para compensar a las provincias y empresarios por las tierras vedadas. Entre 2010 y 2016 el Tesoro transfirió $1.485 millones cuando, según lo establece la ley debería haber remitido al menos $20.350 millones Es un fondo compuesto con retenciones a las exportaciones y otros tributos. El 30% de los recursos se destina a los gobiernos y el 70% a los dueños de los predios. Nunca cumplieron. En 2018 se debería girar $10.200 millones, pero prevén $556 millones. Salta, la más boscosa, es el pato de la boda. 
 

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