El 21 de diciembre, el Gobierno provincial emitió un decreto que establece una amplia moratoria para todas las deudas fiscales, con la que pretende recaudar unos 200 millones de pesos. El nuevo régimen especial de regularización entra en vigencia el 2 de enero e incluye condonación total o parcial de intereses, multas, recargos y sanciones vencidas al 30 de junio de este año.
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El 21 de diciembre, el Gobierno provincial emitió un decreto que establece una amplia moratoria para todas las deudas fiscales, con la que pretende recaudar unos 200 millones de pesos. El nuevo régimen especial de regularización entra en vigencia el 2 de enero e incluye condonación total o parcial de intereses, multas, recargos y sanciones vencidas al 30 de junio de este año.
En diálogo con El Tribuno, el director general de Rentas, Luis Trogliero, dijo que esta moratoria involucra a todos los impuestos que administra la provincia y están detallados en el Código Fiscal.
El funcionario detalló que el total de deuda que existe entre los distintos tipos de contribuyentes con el Estado provincial asciende a aproximadamente de 370 millones de pesos, es por eso que desde el Gobierno estiman que la recaudación inmediata puede alcanzar los 200 millones de pesos, un 54%.
Los medios de pago pueden ser de contado, con certificado de crédito fiscal o a través de planes de pagos que van desde 12 a 36 cuotas, según la categoría del contribuyente o el monto de la deuda a regularizar. "Lo más importante, o atractivo, son los beneficios que si el contribuyente regulariza su situación durante enero se le condonan el 100% de las multas y el 100% de los intereses. Si lo hace durante febrero se condona el 75% y si lo hace hasta el 15 de marzo, que es último plazo para acogerse a la moratoria, se condona el 50% de intereses y multas", indicó Trogliero.
Los pagos se podrán realizar en la Dirección General de Rentas. Con respecto al abono en cuotas, para grandes contribuyentes se podrá cancelar las obligaciones hasta en 12 cuotas; hasta 24 cuotas para micropymes y pymes cuando la deuda sea inferior a 500 mil pesos; y hasta 36 cuotas cuando supere los 500 mil pesos.
Si regularizan con plan de pago, se aplicará un interés mensual del 3 por ciento.
Pedido de comerciantes
El régimen de regularización está contemplado en la ley de Presupuesto sancionada el jueves 21 y considera las deudas tributarias propias, solidarias o como agentes de retención; los saldos impagos; deudas por regalías mineras y obligaciones en trámite de determinación de oficio o de discusión administrativa o judicial.
El 15 de marzo es el último plazo que tienen los contribuyentes salteños para acceder a la moratoria
"Es bueno saber y entender que quizás la piedra basal de esta moratoria fue a pedido de los comerciantes que cumplen, que por ahí en virtud de la crisis y la caída de la demanda generalizada en los últimos dos años se atrasaron. La Cámara de Comercio estaba pidiendo un régimen para poder tener un poco de aire y así lo entendió el gobernador que solicitó esta moratoria. Es un proyecto de ley dentro del proyecto de presupuesto donde se legisla el facultar al Poder Ejecutivo a sacar la moratoria", refirió Luis Trogliero.
Última moratoria
La última vez que el Gobierno provincial lanzó una moratoria impositiva fue en noviembre de 2015.
En esa oportunidad, el Estado intentó recaudar unos 200 millones de pesos. El régimen especial de regularización incluía obligaciones tributarias, intereses, recargos y multas devengadas al 31 de agosto de 2015, cuyo cobro también se encontraba a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia.
El beneficio se prorrogó desde el 12 de febrero de 2016 y por 60 días más. De esta manera, se procuraba cumplir con la meta de recaudación proyectada para el ejercicio vigente.
La ley contemplaba también una quita de intereses sobre la deuda y reducción en multas por obligaciones impagas, y variarán según el plan de pago.
Las deducciones eran del 90 por ciento si se abonan en efectivo y en una cuota. Pagando en hasta tres cuotas la reducción era del 70%; en cuatro y hasta seis, la reducción era del 50% y en siete y hasta doce cuotas, la reducción fue del 30 por ciento.
Acciones contra el comercio ilegal
El 18 de diciembre, autoridades nacionales y provinciales se reunieron para avanzar en la coordinación de las acciones contra el comercio ilegal. La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y participó el director general de Rentas (DGR), Luis Trogliero. El objetivo de este encuentro fue para mejorar los controles comerciales a través de una maximización de recursos.
En diálogo con El Tribuno, el funcionario provincial destacó todas las acciones que se vienen programando en conjunto con los distintos organismos de control. “Estamos tratando de no hacer esfuerzos estancos cada uno. Estamos teniendo reuniones cotidianas, de algún modo para segmentar los controles y apoyarnos. Hemos realizado operativos conjuntos con la Aduana, AFIP, apoyados por la Policía de la Provincia. En el fondo lo que estamos tratando es de proteger el comercio formal”, remarcó Luis Trogliero.
Pero el funcionario provincial señaló que estos controles no son un ataque al comercio ilegal, ya que entienden que para mucha gente este tipo de comercio es la única posibilidad de obtener dinero para poder alimentar a su familia, es por eso que buscan integrarlos al comercio legal.
“Entonces, acá la idea es proteger al comercio legal y tener acciones para que todos los que tienen un comercio informal se puedan encaminar a la formalización. Es la única forma de que nos desarrollemos y que haya una competencia legal, que es lo más importante, para contribuir con los impuestos que después terminan redundando en la sociedad”, explicó Luis Trogliero, titular del organismo recaudador de la provincia de Salta.
Pedir recibo
La lucha contra la informalidad no solo es prioritaria del Estado nacional y provincial. Los consumidores también deben involucrase. Es por eso que el titular de la Dirección General de Rentas destacó la importancia de pedir facturas. “Es importante que se fomente la compra a comercios inscriptos, que pidan ticket o facturas, eso es lo más importante. Sabemos que mucha gente compra con el bolsillo, esto lleva a veces al comercio ilegal a no formalizarse o comercializar fuera del sistema. Creo que es deber de todos los ciudadanos pedir factura”, finalizó.
Defienden cambios impositivos
El pacto fiscal que firmaron el Gobierno nacional y las provincias incluyen un conjunto de medidas tributarias para que exista menos presión. Están obligadas a bajar ingresos brutos y sellos, entre otros impuestos provinciales. No obstante, la Provincia elevó la alícuota para el comercio del 3,6 al 5 por ciento.
“Lo que busca el pacto fiscal es un consenso general entre todos los gobernadores y un equilibrio fiscal en el que todas las provincias se comprometieron a esto. Pero lo que busca el pacto es igualar las condiciones impositivas en las interjuridiscciones, tratar de igualar todas las tasas de ingresos brutos por actividad”, argumentó el director general de Rentas (DGR), Luis Trogliero.
El titular de Renta sostuvo que uno de los beneficios que brinda el pacto es que da seguridad jurídica a quien quiere hacer una inversión, ya que sabe que no se le van a cambiar las condiciones en el medio por los próximos cinco años.
“Genera de algún modo una motivación de invertir. Entonces se establece un marco que elimine las asimetrías o las diferenciaciones de tratamiento que había en las distintas juridicidades. Entonces, una industria que antes miraba dónde le convenía establecerse por más o menos ventaja, de algún modo se trata de que la carga va a ser la misma”, remarcó el director de la DGR.
Luis Trogliero afirmó que Salta junto a La Pampa eran de las provincias con menor presión tributaria a sus contribuyentes en el país.