En una conferencia de prensa improvisada ayer por la mañana en la sede de Juramento 99 de la Asociación Docente Provincial (ADP), la secretaria general ratificó que su gremio no asistirá a la paritaria provincial hasta tanto no haya paritarias nacionales. En línea con la central Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), ADP redobló la apuesta: no solo faltarán a la convocatoria provincial sino que, si la negativa del Gobierno de la Nación sigue hasta el seis de marzo, se convocará a un paro. Las clases podrían no empezar.
"Hemos tenido una reunión con Ctera la semana pasada, ahí bajaron línea de cuál es la situación", comentó Patricia Argañaraz, escoltada por otros dos integrantes de la delegación que viajó a la reunión, Viviana Figueroa, secretaria de Actas de ADP, y Fernando Mazzone, de la seccional salteña de la CTA.
"Lo que nosotros pedimos es simplemente que se respete la ley sancionada en 2005, que protege y ampara a todos los trabajadores de la educación", evocó y luego retomó: "No estamos hablando solo de que haya piso nacional para los docentes, se trata de años de lucha, de derechos que fuimos peleando". Los acompañantes no emitieron juicio alguno, ni siquiera se presentaron.
Argañaraz, consultada por El Tribuno sobre si ADP eventualmente llamaría a un paro, respondió sin rodeos que si no se realizan las paritarias nacionales, no comenzarán las clases. "Convocaremos a nuestros afiliados y a todos los docentes a parar si no se llama a las paritarias nacionales". Desde hace un año el gobierno de Cambiemos, en la figura del ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, no cumple con citar paritarias.
La afirmación de Argañaraz tiene sustento en tanto el sindicato que conduce es uno de los de mayor cantidad de afiliados del campo docente. A ello hay que sumar que el sector de la educación tiene probado coraje en lo que a luchas respecta.
Los gobiernos de turno han alternado represiones con instrumentos administrativos -cesantías, suspensiones, descuentos, entre otros- para controlar al gremio que despliega las movilizaciones más sentidas.
Pese a que ADP no iría a la mesa provincial fijada para el próximo 16 de febrero, la dirigente se hizo eco también de la cifra de aumento que viene planteando Ctera: 35% de incremento salarial.
"No podemos hablar de menos del 35% de aumento porque el año pasado perdimos 10% de poder adquisitivo", resaltó, y añadió que "la situación es crítica". En cuanto al plano provincial, afirmó que "los docentes ya no quieren sumas no remunerativas".
La sindicalista bregó por la continuidad de "los proyectos y programas socioeducativos a nivel nacional, los CAJ, los CAI y Conectar Igualdad", entre otros. Trabajadores de dichas líneas de educación no formal confirmaron a este medio que fueron despedidos en diciembre último, con argumentos de bajo rendimiento pese a que no hubo evaluaciones ni devoluciones de los informes presentados por los trabajadores.
En la sala de reuniones contigua a la oficina personal de la secretaria general de ADP se mencionó otra preocupación: la necesidad de garantizar los fondos nacionales que llegan a la Provincia para completar los salarios de los docentes.
Se trata de dos líneas el incentivo docente y el fondo compensador, establecido para siete provincias. A través de ellos, la Nación se ocupa de aportar los montos para que se mantenga un piso nacional del salario docente, pese a las diferencias regionales.
De acuerdo a las estimaciones de la sindicalista, los aportes de la hacienda nacional representarían unos 360 millones. La referente se manifestó en contra de que se pierdan tales caudales pero además alertó que la Provincia no debe hacerse cargo de esos dineros porque sería una manera en que la Nación se desentienda de un "derecho adquirido".
Además, disparó contra el jefe de Gabinete salteño: "Lo vimos a (Carlos Teófilo) Parodi diciendo que la Provincia podría hacerse cargo de esos 360 millones, eso no corresponde. Si existe la posibilidad de incorporar esos 360 millones al presupuesto de Educación, que se inviertan, pero no que se sumen para reemplazar el fondo que por ley debe ser una ayuda nacional para la provincia".
Luego también cuestionó la política del Presidente. "Las decisiones de (Mauricio) Macri, lamentablemente, nos hacen retroceder a los años 90, cuando se discutía si los gobiernos provinciales debían pagarles a los docentes de acuerdo a sus respectivos recursos".
Ayer, desde una sala atiborrada con electrodomésticos empaquetados y una urna de afiliados inscriptos, la gremialista hizo un quiebre en su vínculo con Urtubey.
"El gobernador y sus ministros están apoyando los dichos y políticas de Macri, que declaró que los docentes están ganando por arriba de la inflación. Eso no es cierto", reafirmó.
Se permitió aseverar que "en la reunión de Mauricio Macri con los gobernadores esta semana, aunque no lo reconozcan, "pusieron un techo de 17% o 18% de aumento". Finalizó ratificando que, de ser necesario, se llamará a un paro antes de iniciar el ciclo lectivo y que la ADP no asistirá a la paritaria provincial hasta que la Nación no reabra las suyas.
"Hemos tenido una reunión con Ctera la semana pasada, ahí bajaron línea de cuál es la situación", comentó Patricia Argañaraz, escoltada por otros dos integrantes de la delegación que viajó a la reunión, Viviana Figueroa, secretaria de Actas de ADP, y Fernando Mazzone, de la seccional salteña de la CTA.
"Lo que nosotros pedimos es simplemente que se respete la ley sancionada en 2005, que protege y ampara a todos los trabajadores de la educación", evocó y luego retomó: "No estamos hablando solo de que haya piso nacional para los docentes, se trata de años de lucha, de derechos que fuimos peleando". Los acompañantes no emitieron juicio alguno, ni siquiera se presentaron.
Argañaraz, consultada por El Tribuno sobre si ADP eventualmente llamaría a un paro, respondió sin rodeos que si no se realizan las paritarias nacionales, no comenzarán las clases. "Convocaremos a nuestros afiliados y a todos los docentes a parar si no se llama a las paritarias nacionales". Desde hace un año el gobierno de Cambiemos, en la figura del ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, no cumple con citar paritarias.
La afirmación de Argañaraz tiene sustento en tanto el sindicato que conduce es uno de los de mayor cantidad de afiliados del campo docente. A ello hay que sumar que el sector de la educación tiene probado coraje en lo que a luchas respecta.
Los gobiernos de turno han alternado represiones con instrumentos administrativos -cesantías, suspensiones, descuentos, entre otros- para controlar al gremio que despliega las movilizaciones más sentidas.
Pese a que ADP no iría a la mesa provincial fijada para el próximo 16 de febrero, la dirigente se hizo eco también de la cifra de aumento que viene planteando Ctera: 35% de incremento salarial.
"No podemos hablar de menos del 35% de aumento porque el año pasado perdimos 10% de poder adquisitivo", resaltó, y añadió que "la situación es crítica". En cuanto al plano provincial, afirmó que "los docentes ya no quieren sumas no remunerativas".
Fondos nacionales
En cuanto a los derechos adquiridos que se están perdiendo, según diagnosticó Argañaraz, se encontrarían las consideraciones con respecto al presentismo y la liberación de docentes y directivos de la responsabilidad sobre la infraestructura educativa. Esto último implica que se los exime de responder por cuestiones edilicias o patrimoniales.La sindicalista bregó por la continuidad de "los proyectos y programas socioeducativos a nivel nacional, los CAJ, los CAI y Conectar Igualdad", entre otros. Trabajadores de dichas líneas de educación no formal confirmaron a este medio que fueron despedidos en diciembre último, con argumentos de bajo rendimiento pese a que no hubo evaluaciones ni devoluciones de los informes presentados por los trabajadores.
En la sala de reuniones contigua a la oficina personal de la secretaria general de ADP se mencionó otra preocupación: la necesidad de garantizar los fondos nacionales que llegan a la Provincia para completar los salarios de los docentes.
Se trata de dos líneas el incentivo docente y el fondo compensador, establecido para siete provincias. A través de ellos, la Nación se ocupa de aportar los montos para que se mantenga un piso nacional del salario docente, pese a las diferencias regionales.
De acuerdo a las estimaciones de la sindicalista, los aportes de la hacienda nacional representarían unos 360 millones. La referente se manifestó en contra de que se pierdan tales caudales pero además alertó que la Provincia no debe hacerse cargo de esos dineros porque sería una manera en que la Nación se desentienda de un "derecho adquirido".
Además, disparó contra el jefe de Gabinete salteño: "Lo vimos a (Carlos Teófilo) Parodi diciendo que la Provincia podría hacerse cargo de esos 360 millones, eso no corresponde. Si existe la posibilidad de incorporar esos 360 millones al presupuesto de Educación, que se inviertan, pero no que se sumen para reemplazar el fondo que por ley debe ser una ayuda nacional para la provincia".
Luego también cuestionó la política del Presidente. "Las decisiones de (Mauricio) Macri, lamentablemente, nos hacen retroceder a los años 90, cuando se discutía si los gobiernos provinciales debían pagarles a los docentes de acuerdo a sus respectivos recursos".
Nuevos opositores
Desde 2007 a esta parte, Argañaraz tuvo una relación cercana con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Fue una de las referentes siempre dispuestas a desmovilizar a los docentes en lucha. Jamás se le oyeron declamaciones abiertas de críticas hacia el mandatario.Ayer, desde una sala atiborrada con electrodomésticos empaquetados y una urna de afiliados inscriptos, la gremialista hizo un quiebre en su vínculo con Urtubey.
"El gobernador y sus ministros están apoyando los dichos y políticas de Macri, que declaró que los docentes están ganando por arriba de la inflación. Eso no es cierto", reafirmó.
Se permitió aseverar que "en la reunión de Mauricio Macri con los gobernadores esta semana, aunque no lo reconozcan, "pusieron un techo de 17% o 18% de aumento". Finalizó ratificando que, de ser necesario, se llamará a un paro antes de iniciar el ciclo lectivo y que la ADP no asistirá a la paritaria provincial hasta que la Nación no reabra las suyas.
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En una conferencia de prensa improvisada ayer por la mañana en la sede de Juramento 99 de la Asociación Docente Provincial (ADP), la secretaria general ratificó que su gremio no asistirá a la paritaria provincial hasta tanto no haya paritarias nacionales. En línea con la central Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), ADP redobló la apuesta: no solo faltarán a la convocatoria provincial sino que, si la negativa del Gobierno de la Nación sigue hasta el seis de marzo, se convocará a un paro. Las clases podrían no empezar.
"Hemos tenido una reunión con Ctera la semana pasada, ahí bajaron línea de cuál es la situación", comentó Patricia Argañaraz, escoltada por otros dos integrantes de la delegación que viajó a la reunión, Viviana Figueroa, secretaria de Actas de ADP, y Fernando Mazzone, de la seccional salteña de la CTA.
"Lo que nosotros pedimos es simplemente que se respete la ley sancionada en 2005, que protege y ampara a todos los trabajadores de la educación", evocó y luego retomó: "No estamos hablando solo de que haya piso nacional para los docentes, se trata de años de lucha, de derechos que fuimos peleando". Los acompañantes no emitieron juicio alguno, ni siquiera se presentaron.
Argañaraz, consultada por El Tribuno sobre si ADP eventualmente llamaría a un paro, respondió sin rodeos que si no se realizan las paritarias nacionales, no comenzarán las clases. "Convocaremos a nuestros afiliados y a todos los docentes a parar si no se llama a las paritarias nacionales". Desde hace un año el gobierno de Cambiemos, en la figura del ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, no cumple con citar paritarias.
La afirmación de Argañaraz tiene sustento en tanto el sindicato que conduce es uno de los de mayor cantidad de afiliados del campo docente. A ello hay que sumar que el sector de la educación tiene probado coraje en lo que a luchas respecta.
Los gobiernos de turno han alternado represiones con instrumentos administrativos -cesantías, suspensiones, descuentos, entre otros- para controlar al gremio que despliega las movilizaciones más sentidas.
Pese a que ADP no iría a la mesa provincial fijada para el próximo 16 de febrero, la dirigente se hizo eco también de la cifra de aumento que viene planteando Ctera: 35% de incremento salarial.
"No podemos hablar de menos del 35% de aumento porque el año pasado perdimos 10% de poder adquisitivo", resaltó, y añadió que "la situación es crítica". En cuanto al plano provincial, afirmó que "los docentes ya no quieren sumas no remunerativas".
La sindicalista bregó por la continuidad de "los proyectos y programas socioeducativos a nivel nacional, los CAJ, los CAI y Conectar Igualdad", entre otros. Trabajadores de dichas líneas de educación no formal confirmaron a este medio que fueron despedidos en diciembre último, con argumentos de bajo rendimiento pese a que no hubo evaluaciones ni devoluciones de los informes presentados por los trabajadores.
En la sala de reuniones contigua a la oficina personal de la secretaria general de ADP se mencionó otra preocupación: la necesidad de garantizar los fondos nacionales que llegan a la Provincia para completar los salarios de los docentes.
Se trata de dos líneas el incentivo docente y el fondo compensador, establecido para siete provincias. A través de ellos, la Nación se ocupa de aportar los montos para que se mantenga un piso nacional del salario docente, pese a las diferencias regionales.
De acuerdo a las estimaciones de la sindicalista, los aportes de la hacienda nacional representarían unos 360 millones. La referente se manifestó en contra de que se pierdan tales caudales pero además alertó que la Provincia no debe hacerse cargo de esos dineros porque sería una manera en que la Nación se desentienda de un "derecho adquirido".
Además, disparó contra el jefe de Gabinete salteño: "Lo vimos a (Carlos Teófilo) Parodi diciendo que la Provincia podría hacerse cargo de esos 360 millones, eso no corresponde. Si existe la posibilidad de incorporar esos 360 millones al presupuesto de Educación, que se inviertan, pero no que se sumen para reemplazar el fondo que por ley debe ser una ayuda nacional para la provincia".
Luego también cuestionó la política del Presidente. "Las decisiones de (Mauricio) Macri, lamentablemente, nos hacen retroceder a los años 90, cuando se discutía si los gobiernos provinciales debían pagarles a los docentes de acuerdo a sus respectivos recursos".
Ayer, desde una sala atiborrada con electrodomésticos empaquetados y una urna de afiliados inscriptos, la gremialista hizo un quiebre en su vínculo con Urtubey.
"El gobernador y sus ministros están apoyando los dichos y políticas de Macri, que declaró que los docentes están ganando por arriba de la inflación. Eso no es cierto", reafirmó.
Se permitió aseverar que "en la reunión de Mauricio Macri con los gobernadores esta semana, aunque no lo reconozcan, "pusieron un techo de 17% o 18% de aumento". Finalizó ratificando que, de ser necesario, se llamará a un paro antes de iniciar el ciclo lectivo y que la ADP no asistirá a la paritaria provincial hasta que la Nación no reabra las suyas.
"Hemos tenido una reunión con Ctera la semana pasada, ahí bajaron línea de cuál es la situación", comentó Patricia Argañaraz, escoltada por otros dos integrantes de la delegación que viajó a la reunión, Viviana Figueroa, secretaria de Actas de ADP, y Fernando Mazzone, de la seccional salteña de la CTA.
"Lo que nosotros pedimos es simplemente que se respete la ley sancionada en 2005, que protege y ampara a todos los trabajadores de la educación", evocó y luego retomó: "No estamos hablando solo de que haya piso nacional para los docentes, se trata de años de lucha, de derechos que fuimos peleando". Los acompañantes no emitieron juicio alguno, ni siquiera se presentaron.
Argañaraz, consultada por El Tribuno sobre si ADP eventualmente llamaría a un paro, respondió sin rodeos que si no se realizan las paritarias nacionales, no comenzarán las clases. "Convocaremos a nuestros afiliados y a todos los docentes a parar si no se llama a las paritarias nacionales". Desde hace un año el gobierno de Cambiemos, en la figura del ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, no cumple con citar paritarias.
La afirmación de Argañaraz tiene sustento en tanto el sindicato que conduce es uno de los de mayor cantidad de afiliados del campo docente. A ello hay que sumar que el sector de la educación tiene probado coraje en lo que a luchas respecta.
Los gobiernos de turno han alternado represiones con instrumentos administrativos -cesantías, suspensiones, descuentos, entre otros- para controlar al gremio que despliega las movilizaciones más sentidas.
Pese a que ADP no iría a la mesa provincial fijada para el próximo 16 de febrero, la dirigente se hizo eco también de la cifra de aumento que viene planteando Ctera: 35% de incremento salarial.
"No podemos hablar de menos del 35% de aumento porque el año pasado perdimos 10% de poder adquisitivo", resaltó, y añadió que "la situación es crítica". En cuanto al plano provincial, afirmó que "los docentes ya no quieren sumas no remunerativas".
Fondos nacionales
En cuanto a los derechos adquiridos que se están perdiendo, según diagnosticó Argañaraz, se encontrarían las consideraciones con respecto al presentismo y la liberación de docentes y directivos de la responsabilidad sobre la infraestructura educativa. Esto último implica que se los exime de responder por cuestiones edilicias o patrimoniales.La sindicalista bregó por la continuidad de "los proyectos y programas socioeducativos a nivel nacional, los CAJ, los CAI y Conectar Igualdad", entre otros. Trabajadores de dichas líneas de educación no formal confirmaron a este medio que fueron despedidos en diciembre último, con argumentos de bajo rendimiento pese a que no hubo evaluaciones ni devoluciones de los informes presentados por los trabajadores.
En la sala de reuniones contigua a la oficina personal de la secretaria general de ADP se mencionó otra preocupación: la necesidad de garantizar los fondos nacionales que llegan a la Provincia para completar los salarios de los docentes.
Se trata de dos líneas el incentivo docente y el fondo compensador, establecido para siete provincias. A través de ellos, la Nación se ocupa de aportar los montos para que se mantenga un piso nacional del salario docente, pese a las diferencias regionales.
De acuerdo a las estimaciones de la sindicalista, los aportes de la hacienda nacional representarían unos 360 millones. La referente se manifestó en contra de que se pierdan tales caudales pero además alertó que la Provincia no debe hacerse cargo de esos dineros porque sería una manera en que la Nación se desentienda de un "derecho adquirido".
Además, disparó contra el jefe de Gabinete salteño: "Lo vimos a (Carlos Teófilo) Parodi diciendo que la Provincia podría hacerse cargo de esos 360 millones, eso no corresponde. Si existe la posibilidad de incorporar esos 360 millones al presupuesto de Educación, que se inviertan, pero no que se sumen para reemplazar el fondo que por ley debe ser una ayuda nacional para la provincia".
Luego también cuestionó la política del Presidente. "Las decisiones de (Mauricio) Macri, lamentablemente, nos hacen retroceder a los años 90, cuando se discutía si los gobiernos provinciales debían pagarles a los docentes de acuerdo a sus respectivos recursos".
Nuevos opositores
Desde 2007 a esta parte, Argañaraz tuvo una relación cercana con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Fue una de las referentes siempre dispuestas a desmovilizar a los docentes en lucha. Jamás se le oyeron declamaciones abiertas de críticas hacia el mandatario.Ayer, desde una sala atiborrada con electrodomésticos empaquetados y una urna de afiliados inscriptos, la gremialista hizo un quiebre en su vínculo con Urtubey.
"El gobernador y sus ministros están apoyando los dichos y políticas de Macri, que declaró que los docentes están ganando por arriba de la inflación. Eso no es cierto", reafirmó.
Se permitió aseverar que "en la reunión de Mauricio Macri con los gobernadores esta semana, aunque no lo reconozcan, "pusieron un techo de 17% o 18% de aumento". Finalizó ratificando que, de ser necesario, se llamará a un paro antes de iniciar el ciclo lectivo y que la ADP no asistirá a la paritaria provincial hasta que la Nación no reabra las suyas.