Concluyó el décimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta antes y durante la última dictadura cívico militar.
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Concluyó el décimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta antes y durante la última dictadura cívico militar.
Ayer se leyeron las sentencias en la causa donde se investigó la privación ilegal de la libertad de Marcial Uro, ocurrida entre fines de septiembre de 1975 y diciembre del mismo año, cuando personal policial provincial vestido de uniforme y de civil ingresó a su domicilio particular del barrio Finca Independencia de Salta y, tras causar destrozos en la vivienda, lo detuvo y trasladó hasta la Central de Policía de la Provincia de Salta, donde sufrió diferentes tormentos.
Los acusados en este proceso fueron el exjefe de la Policía provincial Miguel Gentil y el exjefe de Investigaciones de esa fuerza Joaquín Gil.
Gentil recibió 8 años de prisión efectiva y Gil 7 años por ser hallados culpables de ser coautores mediatos, del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso ideal con el de imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. Esta última circunstancia quedó acreditada con los elementos de prueba reunidos durante la etapa de instrucción, en la que intervino el fiscal Eduardo Villalba. También ambos habían sido condenados el 8 de mayo pasado, junto a otros represores, a prisión perpetua por la denominada Megacausa Orán UNSa II.
Gentil siguió la audiencia a través de una videoconferencia, desde Buenos Aires, y Gil estuvo en los tribunales federales salteños, pero en una sala contigua.
También estuvo como imputado, hasta su fallecimiento, el policía federal Ernesto Federico Livy.
La víctima, Marcial Uro, era cofundador de una cooperativa de trabajo en herrería y carpintería radicada en terrenos (otorgados por el gobernador Ragone) del barrio Finca Independencia, de la zona sudeste de la ciudad de Salta. El gobernador Ragone fue obligado a renunciar a fines de 1974, cuando el Ejecutivo nacional intervino la provincia. y se encuentra desaparecido desde su secuestro, el 11 de marzo de 1976.
El Tribunal Oral Federal II, compuesto por Gabriela Catalano, Domingo José Batule y Abel Fleming, pudo comprobar, efectivamente, que personal policial ingresó brutalmente a la casa de Uro, en Finca Independencia, provocando destrozos y secuestrando a la víctima. La cual fue llevada hasta la Central de Policía de la Provincia "sin proceso judicial", dijo Fleming.
La detención de Marcial no figuró en ningún registro de la fuerza, pero Uro fue visto por testigos cuando era trasladado a bordo de una camioneta hasta la Central de Policía.
En la Central fue golpeado y sometido a tormentos. Luego lo llevaron a la delegación local de la Policía Federal, donde lo continuaron sometiendo a torturas para luego ser confinado en la casa del comisario Livy hasta su liberación, varias semanas después.
En los fundamentos el Tribunal tuvo que hilar bastante fino ya que los hechos sucedieron antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En ese sentido, enumeraron los decretos y disposiciones que se dieron, desde el Poder Ejecutivo, entre febrero y agosto de 1975 en su lucha contra "los subversivos". Salta, sin gobernador democrático, estaba bajo el control operacional de las FFAA.