Luego de cuatro días de encendidas y desgastantes polémicas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció que "el Gobierno va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad".
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Luego de cuatro días de encendidas y desgastantes polémicas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció que "el Gobierno va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad".
En un enérgico comunicado, la funcionaria expresó una decisión, que más bien que una "marcha atrás clásica" supone un cambio drástico en la interpretación de la normativa sobre los derechos de las personas con facultades disminuidas o, directamente, con discapacidades absolutas.
Stanley envió un mensaje de "tranquilidad a un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y que la van a seguir cobrando".
"Todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión la van a estar recibiendo la semana que viene".
Stanley reconoció errores. "Las bases de datos con las que contamos no son las mejores", dijo, y recalcó que "combatimos a las mafias y el uso clientelar de las pensiones", dijo la ministra. "Tratamos de que vayan a quienes las necesitan".
El detonante fue la quintuplicación de pensiones de este tipo en poco tiempo, sin razones a la vista. Antes de investigar, procedieron.
El cambio de "criterio" anunciado por Stanley supone una interpretación diferente sobre un decreto del expresidente Carlos Menem, en 1997, que definía a la "pensión por invalidez" como "un recurso de última instancia de nuestro sistema de seguridad social, no un subsidio genérico a la discapacidad". En base a ese decreto, que inhibe la asignación de pensiones a personas cuyas familias puedan mantenerlas o que tengan menos de un 75% de disminución, el Gobierno actual suspendió el pago de 70 mil beneficios. Ayer el fiscal para Delitos de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social información detallada sobre la medida.
Nuevo decreto
"No se van a aplicar los criterios del decreto de 1997. Tenemos un proyecto de decreto para adecuar la legislación a lo que es hoy la Convención para Personas con Discapacidad", indicó Stanley. El nuevo texto debería definir una visión más amplia e inclusiva que el anterior, contemplando el criterio progresivo de los derechos que establecen el Pacto de Costa Rica y la Convención de la ONU.
En lo práctico hubo precisiones: volverán a percibir la pensión aquellos beneficiarios cuyos grupos familiares posean ingresos mayores a tres jubilaciones mínimas o sean propietarios de un automóvil usado, y que "por error" este mes no cobraron. Se revisará "caso por caso" para evitar el otorgamiento inadecuado del beneficio, y enfatizó que, en cambio, no lo percibirán quienes "no tienen una discapacidad".