Madres de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas mayores de 70 años que se encuentran privadas de la libertad serán prioridad en la aplicación de un protocolo de arresto domiciliario monitoreado con tobilleras electrónicas que se aplicará a partir de un convenio que firmaron el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Salta con el Gobierno de la Nación.
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Madres de niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas mayores de 70 años que se encuentran privadas de la libertad serán prioridad en la aplicación de un protocolo de arresto domiciliario monitoreado con tobilleras electrónicas que se aplicará a partir de un convenio que firmaron el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Salta con el Gobierno de la Nación.
La Provincia difundió que se creará la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME). En 2016 se había anunciado que se empezaría a utilizar este tipo de tecnología para el seguimiento de 30 presos que estuvieran cerca de cumplir la condena. Ayer se informó que el plan se concretará antes de fin de año, con 70 equipos más.
"En una primera etapa se dispondrá de 100 dispositivos electrónicos que se van a poner en marcha. Ya estamos en la etapa final de lo que es la instalación del centro de monitoreo", dijo Pablo Alavila, secretario de Políticas Penales de la Provincia de Salta a El Tribuno.
Además se va a constituir una unidad de vigilancia electrónica, que va a funcionar en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.
Se estima que en julio terminarán de ajustarse las cuestiones técnicas y el personal estará capacitado. Desde julio hasta fin de año se trabajará con el Ministerio Público y el Poder Judicial, que estudiarán y elegirán a los beneficiarios de esta modalidad de arresto domiciliario.
"La idea es que arranque antes de fin de año porque ya estamos en la etapa final del centro de monitoreo. Estamos en condiciones de avanzar en esta primera etapa antes de fin de año", dijo Alavila.
Los beneficiarios
Para determinar quiénes serán los beneficiarios se realizará un trabajo sobre el perfil de las personas que estén en condiciones de acceder.
Un gabinete técnico - criminológico del Servicio Penitenciario evaluará cada caso y asesorará sobre la conveniencia de aplicar este sistema. "Esto funciona ya en otras provincias y en la Justicia Federal con protocolos predeterminados, a lo que se le suma el análisis de casos", dijo Alavila. "Esto fue pensado para las mujeres y por eso están en las prioridades", agregó.
En el convenio de implementación del monitoreo electrónico se especifica que el seguimiento de cada caso estará a cargo de un gabinete multidisciplinario. No se trata solo de colocar una tobillera y hacer una supervisión desde el punto de vista de la seguridad sino que implica un acompañamiento integral.
Violencia
Todas las unidades carcelarias de la provincia, como en gran parte del país, están sobrepasadas en su capacidad de alojamiento. La edad de la población es muy variada pero la franja etaria con mayor presencia va de 20 a 25 años.
En este contexto, los episodios de violencia son cotidianos. Este tema se viene afrontando con terapias individuales para los internos, sin mayores logros.
Desde la Provincia difundieron que en esta etapa se están implementando nuevas políticas de derechos humanos en el Servicio Penitenciario y se resolvió crear un plan de abordaje de los problemas de violencia desde un punto de vista multidisciplinario.
"Si bien el modelo es relativamente nuevo, ya se ha implementado en otros países con buenos resultados y buscamos adecuarlo a la realidad local" dijo Alavila.
El funcionario adelantó que habrá diferentes experiencias de abordaje. Primero se trabajará en Villa Las Rosas y luego se avanzará en el resto de las unidades.
Un sistema similar para proteger a las víctimas
Hay 30 equipos para mantener alejados a hombres denunciados por violencia de género.
Las pulseras electrónicas también se están utilizando en Salta para proteger a víctimas de violencia de género y mantener alejados a sus agresores.
En febrero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un sistema dual de monitoreo que consiste en un brazalete que debe tener puesto el agresor y un aparato del tamaño de un celular que debe llevar siempre la víctima.
Cuando ambos dispositivos se acercan, se activa una alerta al 911. A partir de ahí, la Policía llama al agresor para advertirle que se aleje y envía móviles para proteger a la víctima.
Esta herramienta se sumó a los botones antipánico, con la ventaja de que con este mecanismo no es necesario que la víctima active el pedido de ayuda sino que la alerta es automática y se produce antes de que el agresor llegue al lugar donde ella se encuentra.
El sistema se implementó por un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y el Gobierno de la Nación. Comenzó a funcionar con 30 equipos, aunque se esperaba ampliar el número en una segunda etapa.
El cinco de abril se conoció el primer caso en que se utilizaba la pulsera electrónica en un caso concreto.
La fiscal de violencia familiar y de género, Claudia Geria, informó que se había comenzado a usar un equipo para proteger a una víctima de violencia de género y controlar que el agresor, su expareja, no se acerque a ella.
El hombre se encontraba cumpliendo una condena condicional de dos años y medidas de conducta impuestas por el Tribunal de Juicio de la Sala V. Lo habían considerado culpable de los delitos de amenazas, agresión con armas y desobediencia judicial.