Torcuato Sozio: “Confiamos en la Corte Suprema”

Torcuato Sozio es director ejecutivo de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles), organización que inició en conjunto con padres salteños el recurso de amparo en 2010 para que se deje de dictar educación religiosa en las escuelas primarias públicas en la provincia.
En diálogo conEl Tribuno, el abogado dijo tener la certeza de que la Corte Suprema de Justicia resolverá la demanda de acuerdo a las leyes y tratados vigentes y con independencia de un contexto marcado por cuestiones como las elecciones legislativas de este año y el hecho de que el papa Francisco sea argentino.
Además, cuestionó los dichos de Esteban Bullrich, exministro de Educación de la Nación y candidato a senador que avaló la formación confensional, y opinó que el tema no puede dirimirse en base al argumento de que la mayoría es católica. “No es el modo en que funciona un país democrático”, remarcó.

¿Cómo será la audiencia pública del 16 de agosto en la Corte Suprema?
Va estar el Estado salteño en defensa de su postura de que no hay actitud discriminatoria en el caso y que la educación que se brinda en las escuelas salteñas está conforme a la Constitución y la Ley de Educación de la Provincia.
Tanto los padres que iniciaron la acción como la Asociación por los Derechos Civiles, que es patrocinante pero a la vez es actora del juicio, vamos a insistir en la postura de que el modo en que se brinda en Salta la educación religiosa es violatorio de la libertad de pensamiento que prevé la Constitución Nacional y termina siendo discriminatorio para los niños que no profesan la religión católica o que no profesan religión alguna.

Esteban Bullrich, ahora candidato a senador de Buenos Aires por Cambiemos, dijo antes de renunciar a su cargo como ministro de Educación de la Nación que la postura del Gobierno es que en la escuela debe haber educación religiosa incluyendo diferentes credos. ¿Qué opina? 
He dicho en diferentes intervenciones que me parecen muy inoportunas las declaraciones de Esteban Bullrich. Me parece que un ministro debería tener claro que el tema no es que se puedan enseñar distintos credos en una escuela, sino que en la Argentina, y del modo que se está impartiendo en distintas provincias, con el argumento de que la mayoría de los argentinos somos o son católicos, termina siendo en realidad educación católica, no educación religiosa con la amplitud de poder enseñar los distintos credos. Más cuando Bullrich manifiesta de manera permanente, en sus tuits personales y expresiones públicas, tanto cuando era ministro como ahora que es candidato a senador, su clara convicción católica. Más aún cuando el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley que impone la creación de un registro para los distintos cultos. Nosotros lo que entendemos es que debe haber, más que libertad religiosa en Argentina, libertad de pensamiento. Eso implica, por un lado, considerar que puede haber personas que no sostengan ningún credo, pueden ser ateos o agnósticos. Por otro lado, también podemos pensar en que el Estado, como ocurre en países vecinos y como plantea en la excelente ley 14020, debiera no interferir en el plano religioso y dejar separado lo que es la educación religiosa de la tradicional. 
Uno puede tener educación religiosa porque va a un instituto, a un lugar donde quiere aprender sobre el tema, pero si queremos un Estado laico, la currícula no debiera tener enseñanza de religión. Hoy no tenemos esa clara distinción, que creemos que es muy positiva para un país porque implica libertad de pensamiento, que es mucho más que libertad religiosa. 
Por otro lado, y esto me parece central, surge del expediente que el modo en que se imparte la educación religiosa en las escuelas de Salta termina siendo claramente discriminatorio para los niños que no tienen convicciones religiosas porque, cuando deciden no estar en el aula donde se está impartiendo la religión que no profesan, no tienen ningún tipo de tarea que compense esa situación. Salen del aula pero no tienen ninguna otra alternativa de recibir alguna enseñanza que pudiera ser útil para ellos. Termina siendo estigmatizante, discriminatorio y eso nos parece un hecho que viola claramente la Constitución y los derechos civiles.
Además, en una provincia como Salta, donde hay pueblos originarios que pueden tener convicciones religiosas completamente distintas a las de la Iglesia católica, también se verían discriminados con esta imposición. 
El argumento que se da frecuentemente, de que en la Argentina el 90 por ciento de las personas son católicas, se desvirtúa. Primero, porque lo que importa en la Argentina es el cumplimiento de nuestro vértice legal, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que tienen alcance constitucional. Por otro lado, es como si se hiciera una encuesta y en la Argentina la mayoría de la población estuviera a favor de la pena de muerte y que, entonces, por un argumento sencillamente numérico, se terminara imponiendo una legislación. Obviamente que ese no es el modo en que funciona un país democrático como el nuestro.

Teniendo en cuenta que este es un reclamo que lleva tantos años, ¿hubieran preferido que se resuelva en un contexto que no esté asociado a la campaña electoral?
Nosotros hubiéramos preferido que esto se dirimiera más rápido porque evidentemente, en cualquier juicio que demora la cantidad de años que demoró este, estamos hablando de que la decisión llega tarde. Muchos de esos niños ya son adultos. El principal problema es la demora con que se ha resuelto en términos generales. Por otro lado, tampoco podemos desconocer que se da en un contexto en el que, el hecho de tener un papa argentino, con la influencia que esto puede tener en términos políticos, obviamente también crea un ambiente. Pero creemos que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación sumamente prestigiosa y que lo que va a hacer es tomar el caso, analizarlo, ver lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales y fallar de acuerdo a derecho. Todas las presiones políticas que pudieran existir y las circunstancias de coyuntura, realmente no van a condicionar a la Corte Suprema.

 

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