El Comisariado Pontificio, a cargo del Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, emitió una declaración en relación con la detención del sacerdote Nicolás Parma, quien formaba parte de esta congregación creada en Salta por el cura Agustín Rosas Torino. El religioso está acusado de abuso sexual en perjuicio de dos exnovicios y su captura fue dispuesta por la jueza de instrucción de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, Noelia Ursino, donde habrían ocurrido los hechos.
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El Comisariado Pontificio, a cargo del Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, emitió una declaración en relación con la detención del sacerdote Nicolás Parma, quien formaba parte de esta congregación creada en Salta por el cura Agustín Rosas Torino. El religioso está acusado de abuso sexual en perjuicio de dos exnovicios y su captura fue dispuesta por la jueza de instrucción de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, Noelia Ursino, donde habrían ocurrido los hechos.
En el texto, los asistentes del Comisariado señalan que el 28 de diciembre de 2016 se dispuso que el sacerdote regresara a la Argentina desde su destino en la diócesis de Vic (España), a raíz del "conocimiento de las denuncias recibidas acerca del presunto comportamiento gravemente inapropiado del interesado con menores de edad, y ante los indicios de verosimilitud del contenido de esas denuncias".
Asimismo, subrayan que al padre Parma "se le impusieron severas medidas restrictivas consistentes en la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal, la prohibición del uso del hábito religioso y la residencia obligatoria en Tucumán". Paralelamente, el Comisario dispuso una investigación canónica preliminar, "cuyas actuaciones fueron elevadas pocos meses más tarde a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo vaticano que tiene competencia originaria en estos casos. En la actualidad, el proceso se encuentra radicado en dicha instancia".
Expresa el comunicado que por ausencia del Comisario Pontificio, monseñor Martín de Elizalde, obispo emérito de 9 de Julio, la declaración fue refrendada por Fray Alberto Saguier Fonrouge y prebístero doctor Hugo Adrián von Ustinov.
El nombre de Parma tomó estado público luego de la detención del cura Rosas Torino en 2016, también acusado de abuso sexual. Yair Gyurkovitz, un joven oriundo de Cafayate, hizo un crudo relato de la complicidad de ambos religiosos en relación a los abusos que sufrió desde los 14 años cuando ingresó como novicio en la congregación que dirigía Rosas. Dijo que este lo envió a Santa Cruz, donde quedó a cargo de Parma y que este se aprovechó de la situación para abusar de él. Yair declaró que cuando regresó a Salta y le comentó a Rosas los abusos de Parma, el sacerdote le recomendó que le perdonara y que incluso lo sometió a tocamientos en sus partes íntimas. A la denuncia de Gyurkovitz se sumó la de un exnovicio de Buenos Aires, quien manifestó que también fue víctima de abusos sexuales por parte de Parma.
Estaba en Tucumán desde 2016
El comunicado del Comisionado expresa que ante el presunto comportamiento gravemente inapropiado de Parma con menores, y ante los indicios de verosimilitud del contenido de esas denuncias, “el entonces Comisario Pontificio, Su Excia. Mons. Luis T. Stöckler, obispo emérito de Quilmes, dispuso el 28 de diciembre de 2016 que el Rev. Parma regresara de inmediato a la Argentina desde su destino en la diócesis de Vic, lo que se hizo efectivo en el término de 96 horas”. Señala que se le impusieron severas medidas restrictivas consistentes en la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal, prohibición del uso del hábito religioso y residencia obligatoria en Tucumán. Además, el Comisario Pontificio dispuso “una investigación canónica preliminar, cuyas actuaciones fueron elevadas pocos meses más tarde a la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo vaticano que tiene competencia originaria en estos casos. En la actualidad, el proceso se encuentra radicado en dicha instancia”.