En un escandaloso fallo, el Concejo Deliberante de Cerrillos destituyó a la defensora del pueblo, la abogada Melisa Núñez, por pérdida de confianza en sus condiciones éticas para desempeñar el cargo y la inhabilitó por tres años para ejercer cualquier cargo público en esta jurisdicción.
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En un escandaloso fallo, el Concejo Deliberante de Cerrillos destituyó a la defensora del pueblo, la abogada Melisa Núñez, por pérdida de confianza en sus condiciones éticas para desempeñar el cargo y la inhabilitó por tres años para ejercer cualquier cargo público en esta jurisdicción.
El tedioso proceso de juicio político estuvo avalado en su decisión final sólo por 5 concejales de los 9 en ejercicio y hay que resaltar que hubo "recusación" a un edil para que no de su veredicto.
Además, no se tomó en cuenta el descargo de la abogada enjuiciada y los cuestionamientos esgrimidos como pruebas terminaron careciendo de entidad probatoria.
Es el segundo funcionario en ocupar el cargo creado por la Carta Orgánica Municipal hace 7 años. Al primero, el profesor Martín Paz, le ocurrió lo mismo y resultó destituido y reemplazado por Núñez.
Pareciera que ser defensor del pueblo en Cerrillos es un pesado karma político. Si no simpatiza con algún sector, sus días están contados.
Cabe destacar que Cerrillos es una de las pocas localidades de la provincia en contar con esta figura, que defiende los derechos, garantías e intereses de los vecinos, ante actos de la administración pública, que puedan perjudicar a la comunidad.
Lo que dijo la abogada
"No les importaron mi defensa ni las pruebas presentadas; había decisión política de destituirme desde antes que comience el juicio, porque el tiempo que se tomaron en la última sesión, en la que labraron la resolución de mi destitución con numerosos hojas para redactar, en donde supuestamente leyeron mis alegatos, y rechazan mis pruebas, les llevó apenas 30 minutos", manifestó al abogada Núñez.
Nuñez, fue destituida por no haber hecho frente a deudas salariales con empleados que se desempañaron en la gestión anterior de la Defensoría del Pueblo, y por un hecho de supuesta violencia psicológica contra una empleada del mismo organismo municipal, denuncia realizada en julio pasado, que todavía no tomó curso en la Fiscalía Penal de esta ciudad, como para saber si configura delito o no.
Deudas imposibles de pagar
"Nunca fui notificada de esta denuncia; me enteré por los medios de Cerrillos. Con respecto al pago de deudas dejadas por la administración anterior, era imposible llevar adelante los supuestos pagos exigidos. Como nuestro presupuesto viene atado al del Deliberante, las partidas dependen de que los fondos se remitan. Esto no ocurrió, llegaban en forma esporádica y limitaba nuestro funcionamiento".
"Desde que estoy en el cargo, tuve trabas del Concejo. Yo fui nombrada tras ganar una terna en diciembre por el cuerpo saliente. Pero conseguimos que la gente sepa que tiene una Defensoría a su alcance. Antes se atendían tres personas por mes y ahora cinco casos por día".
Presentará un recurso ante la Corte
Melisa Núñez, expuso en enero pasado la situación del organismo a su cargo y advirtió que estaba acorralado por las deudas, no contaba con los recursos correspondientes y funcionaba con muebles prestados.
En julio una empleada administrativa la denunció por hostigamiento, pero Núñez se enteró por los medios.
Y ahora, cuatro ediles no votaron su destitución. Luis Albeza, fue "recusado" por prejuzgar el procedimiento en declaraciones a los medios y Alfredo Russo se encuentra con licencia por enfermedad. Rechazaron el cuestionado veredicto Clelia Guzmán y Hugo Coronel.
La Carta Orgánica Municipal de Cerrillos establece en su artículo 186 que se requieren dos tercios de los votos del total de los miembros del Deliberante. Pero como había un concejal recusado y otro con licencia, concluyeron que con los presentes estaban dadas las condiciones para remover a la defensora del Pueblo.
Así, votaron por la destitución, Carlos Jorge, Gabriela Fernández, Ivana Aguilera, Daniel Cruz y Adrián Ustarez, en calidad de presidente del cuerpo. Ñúñez, insiste en que se trata de una maniobra política y por eso presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta.