Unas 2.500 personas privadas de la libertad en toda la provincia están estudiando de acuerdo a datos de la Coordinación de Educación en Contexto de Encierro, que depende del Ministerio de Educación.
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Unas 2.500 personas privadas de la libertad en toda la provincia están estudiando de acuerdo a datos de la Coordinación de Educación en Contexto de Encierro, que depende del Ministerio de Educación.
La cifra abarca a varones y mujeres alojados en cárceles provinciales o federales y a 72 menores de 18 años que se encuentran en institutos para chicos en conflicto con la ley de capital e interior.
Los jóvenes continúan con la escolarización gracias a docentes preparados para apoyar a estudiantes que arrastran un atraso escolar, y dan tutorías para asistirlos en unidades de Salta, Tartagal y Orán.
En diálogo con El Tribuno, el titular de Coordinación de Educación en Contexto de Encierro, Francisco Villalobos, hizo un balance de las actividades que se realizaron durante el año.
"La escolarización primaria y secundaria es un derecho que tiene que garantizar el Estado y es nuestra tarea. Además, nuestros equipos capacitan a docentes y no docentes sobre la educación en contextos de encierro para todo aquel que quiera trabajar en esto", sostuvo Villalobos.
La oficina tiene a tres tutores que trabajan en las instituciones de Salta, Orán, Tartagal. Se trata de Judith Liendro, Florencia Aramayo y Hernán Gómez, respectivamente.
El área está a cargo de escuelas que funcionan en las cárceles federales y provinciales de Salta Capital, Orán, Tartagal, Metán, General Güemes, Cerrillos y Rosario de Lerma.
La lucha va más allá de lo pedagógico, ya que trabajan sobre los vínculos con el medio, la familia y la escuela. Es que en estos espacios no se puede abordar solo la enseñanza, ya que en el desarrollo inciden cuestiones familiares, sociales y económicas.
Los docentes trabajan con equipos de los BSPA (Bachillerato Salteño para Adultos) el secundario y primario.
A lo largo del año, desde el área capacitaron a 400 personas en una perspectiva que implica que la escuela se convierte en una alternativa de vida.
El objetivo es difundir una concepción desde la cual el aula no es un lugar de encierro sino un espacio que brinda la libertad.
Esta visión se opone a la perspectiva pedagógica de la escuela tradicional, que en algunos casos utiliza al aula como un espacio que limita el movimiento y hegemoniza el conocimiento. Para los presos, en cambio, es una puerta para respirar un poco de libertad.
Recuperación
Una de las noticias auspiciosas para la Coordinación de Educación en Contexto de Encierro fue que un joven menor de 18 años que está privado de su libertad, comenzó a ir al colegio secundario por tres días a la semana para recuperar las que tenía bajas calificaciones.
"Se trata de un joven que, asistido por una tutora de la Coordinación, pudo volver a recuperar la escuela. Es todo parte de un trabajo articulado entre los ministerios de Educación y de Justicia, donde pensamos que la mejor política está en el sostenimiento de la educación como un derecho que construye ciudadanía", dijo Francisco Villalobos.
Los educadores tienen en sus manos la enorme tarea de asegurar que los chicos y chicas que por cualquier razón estén alojados en institutos del Estado no pierdan la continuidad en la escolaridad.
Villalobos destacó que las personas son privadas de su libertad, pero el derecho a la educación se mantiene vigente.
De los chicos y chicas que están alojados en institutos penales en el país, solo el 50 por ciento iba a la escuela antes de perder la libertad, según una encuesta nacional que difundió esta semana Unicef.
El estudio también demuestra que un 77 por ciento repitió algún grado y casi el 80 por ciento abandonó la escuela en alguna etapa.
Más de 1.300 chicos, en los centros penales
Para especialistas de Unicef, el sistema de justicia juvenil en el país “es selectivo”.
El centro de chicos en conflicto de Salta. Archivo Pablo Yapura
Alrededor de 7.200 jóvenes se encuentran cumpliendo algún tipo de medida penal en todo el país, de los cuales 1.300 están en centros cerrados de acuerdo a un estudio nacional que difundió en los últimos días Unicef.
La organización encuestó al 40 por ciento de los adolescentes que están privados de su libertad en las diferentes provincias.
Las medidas penales son diversas e incluyen la privación de libertad en centros cerrados, alojamiento en centros de restricción de la libertad y medidas penales en territorio, también conocidas como medidas alternativas a la privación de la libertad.
“El Sistema de Justicia Juvenil es claramente selectivo”, advirtió Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef.
“El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros de privación de la libertad son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre. Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley”, explicó.
En la calle
El 28% de los chicos encerrados vivió antes en la calle. El 14% estuvo en “hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales” porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono o abuso sexual.
Casi el 40% manifestó haber sido maltratado por las “fuerzas de seguridad” antes del encierro y 3 de cada 10 sufrió algún tipo de violencia en la institución, pero la mayoría no pudo realizar la denuncia.
“La educación y la formación para el trabajo en los centros es fundamental. Los chicos valoran la escuela y los talleres de oficios, pero los recursos materiales y humanos son insuficientes y la calidad de las propuestas dependen de la voluntad de las personas que se desempeñan en las instituciones y no de una política establecida”, señaló Monath.
La investigación también indagó sobre las condiciones de vida en los centros y detectó, entre otras irregularidades, falta de acceso a tratamientos de salud, abusos en los regímenes disciplinarios, dificultades para mantener un contacto con el mundo exterior, situaciones de violencia.
Sin un proyecto de vida
La mayoría de los adolescentes que ingresa a un centro de privación de la libertad egresa sin un proyecto de vida que posibilite su reinserción social y les ayude a asumir un rol constructivo en la sociedad de acuerdo a lo que destacó un informe de Unicef.
En Argentina, 7 de cada 10 chicos desconoce cuánto estará encerrado. Esta situación genera incertidumbre y desconfianza.
“Hay una enorme distancia entre los chicos y el proceso judicial, y muchas dificultades para entender lo que les ocurre”, destacó Unicef.
En el estudio se considera que la privación de la libertad es “una medida sancionatoria ineficaz” para la educación y la reinserción.