Hace un año, el activista Hernán Giardini encabezó la campaña de hostigamiento de Greenpeace contra Alejandro Braun Peña, un propietario de tierras en Salta, cuyo parentesco lejano con el jefe de Gabinete Marcos Peña lo convirtió en objetivo interesante para la multinacional. Le cuestionaban haber desmontado una porción de tierra que según la entidad estaban vedadas por el ordenamiento territorial. La realidad es que formaba parte de un total de 42 desarrollos rurales autorizados por el Gobierno provincial, que es el único con jurisdicción en la materia.
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Hace un año, el activista Hernán Giardini encabezó la campaña de hostigamiento de Greenpeace contra Alejandro Braun Peña, un propietario de tierras en Salta, cuyo parentesco lejano con el jefe de Gabinete Marcos Peña lo convirtió en objetivo interesante para la multinacional. Le cuestionaban haber desmontado una porción de tierra que según la entidad estaban vedadas por el ordenamiento territorial. La realidad es que formaba parte de un total de 42 desarrollos rurales autorizados por el Gobierno provincial, que es el único con jurisdicción en la materia.
Un par de meses después, el ahora secretario Sergio Bergman se hizo eco de la campaña y requirió al Gobierno de Salta que cesaran los desmontes en cuestión. Las autoridades salteñas respondieron que se trataba de una intromisión pero, igualmente, paralizaron las tareas. De ese modo, 42 fincas de la zona más pobre del país suspendieron su actividad. Un año perdido. En junio, la ministra Paula Bibini acordó con Bergman la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS) e invitó a Giardini a sumarse para participar de "la prevención, control y castigo a quienes produzcan daños ambientales". En treinta días debían dictaminar si en los 42 campos en cuestión había irregularidades.
Ahora se sabe que no las hubo y que todo lo que se hizo era correcto. Pero la APAS no lo publicó en el Boletín Oficial. Ayer, Greenpeace mandó a 30 activistas caracterizados a realizar una suerte de "carnaval" frente a la Casa de Salta, pero no para reclamar que se conozca el dictamen, sino para que no se les ocurra publicarlo. En medio de esta historia -que muestra nulo respeto por el ambiente y por el desarrollo humano- el ahora suspendido presidente Martín Prieto (denunciado por acoso) y el activista Giardini denunciaron a Braun Peña por amenazas debido a que el empresario les dijo que iba a iniciar una acción penal contra ellos. Como era de prever, la denuncia fue desestimada y Braun Peña, ahora sí, los demandó. Apenas se publique el dictamen de la APAS, la prueba será definitiva y Prieto y Giardini deberán pagar la indemnización. Al menos, ese es el temor de la multinacional y por eso montaron una extemporánea protesta a la que bautizaron "La Fiesta del Desmonte".
A pocas cuadras del ultracontaminado Río de la Plata, sentenciaron que "la deforestación es el problema ambiental más grave que tiene Argentina".