Macri ordenó  que se  investiguen conflictos en los Valles

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, instruyó a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, para que avancen en resolver los "gravísimos problemas de seguridad jurídica y personal en los Valles Calchaquíes, la Quebrada del Toro y otras localidades de Salta" que la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, describió en la reunión de Gabinete del lunes. La funcionaria se había reunido el viernes 14 en Cachi con la Asociación de Productores de Fincas de los Valles Calchaquíes de Salta. El viaje se decidió en respuesta a la gestión de la comisión directiva, con la que compartió un almuerzo y un plenario. Los finqueros ya habían transmitido sus inquietudes a la ministra Bullrich en mayo pasado, cuando esta acompañó al presidente en una visita especial. Desde entonces, los conflictos de la región estuvieron en la agenda de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto de Asuntos Indígenas, que mantuvieron contactos con la Asociación. Ahora, después de la visita de Michetti, designada como coordinadora de la gestión encomendada a los ministros, hay expectativa de que el tema pase a la etapa de definiciones.

Usurpación y vandalismo

El presidente de la asociación, Carlos Portal, describió "un clima de usurpación y vandalismo" originado en "la aplicación arbitraria y politizada de una ley que estuvo destinada a preservar los derechos de los pueblos aborígenes"

A su vez, la vocal Adriana Bonifacio reivindicó la ley 26.160 en el 2006, "cuyo espíritu es acertado porque contempla las necesidades reales de pueblos originarios genuinos, existentes ancestralmente, comprobables genealógica y antropológicamente comprobable". Pero aclaró: "El problema es que esa buena ley es aprovechada por punteros políticos que se hacen pasar por aborígenes, aunque no hablan la lengua ni cultivan las costumbres, y que nunca ocuparon tierras ancestrales sino que ahora ocupan las fincas nuestras, porque les conviene".

Raúl Dávalos explicó que "se han creado comunidades con la promesa de otorgar títulos de tierras, pero integradas por personas que de ninguna manera se consideraban aborígenes hasta entonces".

"Las tierras en conflicto son privadas y en ningún caso la ley desconoce los derechos de los propietarios", acotaron los productores, quienes plantearon el equívoco que surge del concepto de "ocupación", que en los hechos se traduce como la "habilitación" para ocupar fincas que interesan a "los punteros - caciques rentados por el Estado".

De hecho, la mayoría de los "afiliados" a las comunidades son empleados o pensionados del Estado provincial.

La ley y la trampa

Las leyes que frenan los desalojos apuntan a proteger a aborígenes que viven en condiciones paupérrimas, generalmente el lotes fiscales; y para los casos de ocupación de tierras privadas, se prevé la expropiación e indemnización de los legítimos propietarios (dueños de pequeños predios que pertenecen a sus familias desde hace décadas y hasta más de un siglo, y que son los que el viernes dialogaron con la vicepresidente).

Los productores describieron "el enorme deterioro social que se ha producido en los últimos diez años y el clima de violencia que se ha generado en estos pacíficos valles debido a la arbitrariedad, a la injusticia y a la falta de seguridad jurídica".

Violencia brutal

Abundaron también en detalles sobre los ataques violentos que han sufrido numerosos propietarios, la usurpación de viviendas, que fueron demolidas por decisión de los falsos caciques y el clima de prepotencia que impera en la región:

"Usurpaciones; daños materiales como destrozo de cercas, canales de riegos; robo del agua; impedimentos de conservación, mejoras y producción de la tierra; lesiones físicas y daños morales". "La codicia destruye la paz", dijeron, y solicitaron que se hagan valer "derechos contemplados por la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos".

Lo que sucede en La Poma, Cachi, Cafayate o Quebrada del Toro parece muy remoto visto desde Buenos Aires.

En la provincia, ninguno de los tres poderes del Estado, hasta ahora, ha podido resolver una situación crítica que se entrelaza con el poder territorial.

Pero el problema toca al Estado nacional: los productores describieron ante la vicepresidente un verdadero polvorín, cuya mecha llega hasta los relevamientos territoriales y el reconocimiento de personerías realizados por un INAI absolutamente un politizado durante más de una década.

Expectativas en adelante

Los productores solicitaron “una clara y firme política indígena que proteja y respete con vehemencia los derechos de todos, de los propietarios y de las comunidades auténticas que viven en la marginalidad”.
“Que se establezcan parámetros claros en la aplicación de la ley 26160, y que no se la prorrogue más. Y que se elimine cualquier ambigüedad en la interpretación de la norma, respetando la propiedad privada”.

Los participantes de la reunión

La vicepresidenta Gabriela Michetti viajó a Cachi exclusivamente por invitación de Apfincas. Llegó acompañada por el jefe de Despacho, Santiago E. Riobó.
La recibieron los directivos de la entidad, Carlos Portal, Edgardo Nieva, Guillermo Colque, Christian Ammann, Raúl Dávalos y Adriana Bonifacio, y los socios Florencia Wayar, Facundo Robles, Carlos Urtasún y Miriam Gabriela Colque, los abogados Gonzalo Castañeda y Federico Frías, la escritora e historiadora Mercedes Puló y el presidente de la Asociación de Artesanos de Molinos, Juan Quiroga.

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