El pasado miércoles el Concejo capitalino aprobó una ordenanza que permitirá a cerca de 80 familias del barrio privado San Benjamín acceder al suministro eléctrico de manera excepcional.
inicia sesión o regístrate.
El pasado miércoles el Concejo capitalino aprobó una ordenanza que permitirá a cerca de 80 familias del barrio privado San Benjamín acceder al suministro eléctrico de manera excepcional.
Esas viviendas fueron construidas desde 2010 en parcelas que Federico Méndez vendió sin las habilitaciones legales ni los servicios básicos que exigen las normas vigentes. En todo este tiempo, carecieron de suministros regulares de luz, agua, cloacas y alumbrado. Tampoco cuentan con las matrículas individuales ni las escrituras que cientos de familias defraudadas empezaron a reclamar ante el juez Pablo Muiños. El magistrado, que entiende en la sucesión y las quiebras de las empresas de Méndez, convocó a herederos y acreedores, entre los que se incluyen los compradores de lotes, a acreditar sus derechos en 30 días. El plazo empezó a correr el pasado 20 de noviembre.
En este clima, y ante la indiferencia que mostraron fiscales, jueces y funcionarios tanto municipales como provincia les por más de una década, los concejales allanaron el camino para que las propias familias afectadas puedan procurarse el servicio eléctrico con un tendido aéreo. A tal fin, se las exceptuó del cumplimiento del artículo 293 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental, que exige instalaciones soterradas a los loteadores.
El miércoles, horas antes de que se sancionara la ordenanza, el abogado Francisco Herrera, uno de los siete coherederos testamentarios de Méndez, pidió a Edesa que corte seis suministros de energía que maneja la administración de la urbanización privada.
El penalista Herrera remarcó que esos medidores, que Méndez tramitó a través de la firma Wolsing, fueron aprobados por la empresa del servicio eléctrico sin las debidas "autorizaciones de la Municipalidad de Salta y la Dirección General de Inmuebles".
"Un solo medidor"
Sobre la ordenanza aprobada, el edil Alberto Castillo (PRO) sostuvo que "el Concejo se propuso empezar a solucionar la problemática que tienen muchos barrios de la ciudad y, entre los desarrollos urbanísticos, este es uno de los casos más emblemáticos. La red eléctrica y el trayecto del cableado pasa por 299 lotes, entre los cuales hay 80 familias ya viviendo que tienen un solo medidor", recalcó.
Luis López (MMS) aclaró que los concejales "tratamos de reparar una problemática que aqueja a vecinos que fueron víctimas de alguien que lamentablemente lucró con la necesidad y la buena fe".
El municipio, en deuda
Romina Arroyo (GSC) remarcó que "tenemos que dar una solución a estas familias humildes porque la situación por la que atraviesan es difícil. También debemos avanzar desde el municipio, en informar a la población sobre cuáles son los loteos que cumplen con la normativa vigente", insistió.
Angel Causarano (UCPS) recordó que los vecinos venían "pidiendo esto desde el año pasado" y que era el "momento de darles una respuesta".
Martín Del Frari (FCPV) resaltó que las familias afectadas peregrinaron por diferentes comisiones "buscando que se solucione la falta de algo tan elemental como es la luz".
"Vía libre para estafar"
Jacqueline Cobo (MMS) instó a "reforzar el rol del municipio para que los desarrollistas no tengan vía libre para estafar".
Lihué Figueroa (PV) manifestó que situaciones como las que se plantearon en las tierras de Finca Valdivia "vienen de muchos años atrás, a causa de un Ejecutivo que no controló a estas urbanizaciones privadas y dejó total albedrío. Por eso llegamos a la estafa hacia los vecinos".
Las ediles Sandra Vargas (UCR) y Claudia Serrano (FCPV) también acompañaron la aprobación de la ordenanza, que con la excepción otorgada abrió las puertas a planteos similares de vecinos afectados en otros loteos. Con esa duda, el concejal Ernesto Alvarado (PJ) había solicitado la vuelta a comisión del proyecto, para proseguir con su análisis.