El pasado viernes, Nora Elsa Punta se mostró en un medio gráfico con su hijo, Marcelo Raúl Benjamín Méndez, y afirmó que están autorizados por el municipio capitalino desde 2009 para vender terrenos en Finca Valdivia. La exmujer del fallecido empresario Jorge Federico Méndez sostuvo que las familias que se nieguen a pagar las cuotas a la administración que maneja su hijo podrían ser desalojadas.
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El pasado viernes, Nora Elsa Punta se mostró en un medio gráfico con su hijo, Marcelo Raúl Benjamín Méndez, y afirmó que están autorizados por el municipio capitalino desde 2009 para vender terrenos en Finca Valdivia. La exmujer del fallecido empresario Jorge Federico Méndez sostuvo que las familias que se nieguen a pagar las cuotas a la administración que maneja su hijo podrían ser desalojadas.
La supuesta autorización a la que aludió Punta es un acuerdo que Méndez firmó en diciembre de 2008 con los exfuncionarios municipales Luis Giacosa y Raúl Kalinsky.
Méndez nunca ejecutó las obras comprometidas en ese acuerdo para destrabar el permiso de su loteo. La ordenanza de excepción que aprobó el Concejo el pasado miércoles, para que 80 familias puedan tener servicio eléctrico en las viviendas que edificaron en la urbanización San Benjamín, confirmó los incumplimientos.
Ya en 2012 la entonces secretaria de Planeamiento municipal, Fanny Velarde, había aclarado ante los medios que la prefactibilidad y convalidación técnica extendida a Méndez no significaba "la aprobación del loteo, ni del reglamento de construcción, como tampoco un permiso para vender los lotes" con los que se defraudó a más de 600 familias. Esa cifra fue declarada en marzo último por el propio hijo de Méndez, como administrador provisorio de la sucesión, ante el juez Pablo Muiños.
Sin embargo, en la nota del pasado viernes, él y su madre dijeron que se vendieron entre 220 y 250 terrenos.
Abogados que patrocinan a familias afectadas no tardaron en salir al cruce. "Las manifestaciones de Punta y su hijo en el Nuevo Diario configuran una nueva irregularidad en el manejo de los fondos que pretenden administrar, porque llevan a mayor confusión a los ya defraudados compradores de los lotes, inducen al error en los actos futuros de pago e intimidan con declaraciones que son falsas de toda falsedad", denunció el abogado Marcelo Britos Astigueta.
El letrado, que representa a más de 30 familias defraudadas, aclaró que "si bien la Justicia primigeniamente dio su conformidad como administrador provisorio al Sr. Benjamín Méndez (H), eso no lo habilita judicialmente para recibir pagos de los compradores de los terrenos".
El estudio jurídico de Britos Astigueta aconsejó a sus asesorados y representados que "no paguen bajo ningún concepto a la administración, hasta tanto el Juzgado habilite una cuenta judicial a nombre de los obrados, para que aquellos que tienen lotes sin cancelar puedan depositar allí los saldos de acuerdo a lo que deben".
El letrado dijo que las advertencias que formuló Punta junto a su hijo "configuran una extorsión encubierta. Vamos a presentar, en cuanto corresponda a derecho de estas familias, las correspondientes denuncias por las amenazas solapadas", adelantó.
Britos Astigueta señaló que, a la par, se analizará un pedido de nulidad y revocación de la administración que fue confiada provisoriamente al hijo de Méndez. En este punto, recordó que aún resta vincular el patrimonio de Méndez con las empresas con pedido de quiebra, por lo que los supuestos sucesores "no tienen la habilidad jurídica de cobrar ni de otorgar recibos de ninguna índole". El titular del estudio jurídico BA & Asociados recordó que tanto Marcelo Benjamín Méndez como su madre y el apoderado, Washington Alvarez, "son solidariamente responsables, tanto civil como penalmente, frente a cualquier irregularidad en el manejo o desmanejo de los bienes traídos a colación en la presente sucesión y quiebra".