Hoy, al comenzar a jugarse la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, se habrá consumado uno de los contrasentidos más dolorosos para los argentinos, que desnuda la vulnerabilidad de nuestra sociedad, la complacencia de los jueces, los dirigentes y la política hacia los violentos y la precariedad del Estado.
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Hoy, al comenzar a jugarse la final de la Copa Libertadores de América en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, se habrá consumado uno de los contrasentidos más dolorosos para los argentinos, que desnuda la vulnerabilidad de nuestra sociedad, la complacencia de los jueces, los dirigentes y la política hacia los violentos y la precariedad del Estado.
El enfrentamiento entre River y Boca para definir el principal torneo de América convierte a este partido de fútbol en único dentro de nuestra historia deportiva. Se trata de los clubes con más simpatizantes en el país y cuyas trayectorias acreditan mayores logros a lo largo del tiempo. El "superclásico" es uno de los espectáculos con más repercusión en el planeta. Y este es especial, ya que ambos equipos llegaron a la final porque dejaron atrás a todos los rivales, que fueron, justamente, los mejores del continente.
Que esta final se juegue en España resulta absurdo.
Ni los clubes ni el gobierno argentino pudieron garantizar la seguridad. Todos sabían que podía haber una emboscada con agresiones, como las que se registraron al paso del ómnibus que trasladaba a los jugadores de Boca, y sin embargo no tomaron medidas. El equipo visitante llegó absolutamente desguarnecido y fue objeto de un ataque brutal.
No solo la rivalidad histórica imponía medidas especiales. El decomiso de 300 entradas y $7.000.000 en la casa de uno de los jefes de las barras de River hacía razonable esperar una venganza.
Los protagonistas, nuevamente, fueron las asociaciones ilícitas que lucran con el fútbol, disfrazando sus negocios sucios con la apariencia de una pasión noble. Pero esas organizaciones actúan con la complicidad y el aval de la dirigencia, política y deportiva. Nadie informó aún quién repartió las entradas para que un violento apodado "Caverna" las revendiera, ni tampoco quién les otorga atribuciones a los barras para cobrar hasta mil pesos y garantizar a los que estacionan que sus compinches no le destrozarán el auto.
Hace dos décadas, una Cámara federal integrada por tres mujeres condenó a una gavilla conocida como "la Banda del Abuelo" por el asesinato de dos simpatizantes de River en las inmediaciones de la Bombonera. El fallo declaró a las barras como "asociación ilícita". En una sociedad dispuesta a combatir la violencia hubiera sentado jurisprudencia.
Pocos días antes del bochorno en el estadio Monumental, un pequeño grupo de provocadores de All Boys obligó a retroceder a varios patrulleros y 16 agentes resultaron heridos. Si policías y barras creyeran que existe un orden jurídico firme y en funcionamiento, no hubiera ocurrido.
El martes, una jueza autorizó a Rafael Di Zeo a viajar a España a ver el superclásico. Esta persona es un emblema de la violencia deportiva, procesado por varios delitos, entre ellos, haber impedido a la policía detener a un secuestrador que forma parte de la "barra oficial" de Boca.
El miércoles, Di Zeo dirigió personalmente, con algunos de sus lugartenientes, el despeje de las calles para facilitar la salida del plantel xeneize. No solo goza de impunidad, sino que el club lo inviste de autoridad y la policía le cede su espacio.
Otra jueza resolvió la situación de un hombre identificado como uno de los agresores en inmediaciones del Monumental: pidió perdón y quedó en libertad con una condena simbólica de menos de tres años.
Como contracara, la policía de España deportó a uno de los líderes de la barra apenas llegó al aeropuerto de Barajas, Di Zeo decidió suspender su viaje y la policía está dispuesta a impedir desórdenes.
España, como Inglaterra y otros países europeos, terminaron con los violentos del deporte porque la decisión política puso fin al pacto de impunidad.
Aquí, ni la Justicia ni el poder político manifiestan esa voluntad.
El jueves, los diputados nacionales bloquearon nuevamente el proyecto de ley para caracterizar como delitos graves los que comenten las bandas en los estadios.
Una prueba más de que la complicidad de la política y los clubes y la liviandad de la Justicia garantizan la impunidad a las bandas.