Un funcionario muy cercano a Macri ocultó más de un millón de dólares en un paraíso fiscal

Según el diario El País de España, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de futbolistas, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal.

Los documentos a los que accedió El País, gracias a que Andorra eliminó el secreto bancario el año pasado, señalan que Díaz Gilligan abrió la cuenta en 2012, cuando ya era asesor en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como jefe de gobierno. La firma mantuvo actividad hasta 2014, cuando el actual subsecretario general de Presidencia había alcanzando el cargo de director general de Promoción Turística.

De acuerdo a la investigación del diario español, "Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de 'clubs de fútbol'".

Díaz Gilligan, quien además es vocal del River Plate, aseguró a ese diario español que su nombre aparece solo por hacerle un favor a su amigo Paco Casal, empresario uruguayo dueño de Gol TV e involucrado en el FIFA Gate.

"Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", explicó Díaz Gilligan.

En cuanto a la continuidad de la actividad, que según los documentos del banco siguió hasta el 3 de noviembre de 2014, once meses después de que asumiera como funcionario en Promoción Turística del gobierno porteño, el actual subsecretario se defendió: "Creí que había cesado en julio de 2014".

En su declaración jurada de 2014, presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario no nombra ninguna participación en una sociedad en el extranjero. En ese entonces solo detalló que tenía acciones en una firma, Terra Sur, en la que era socio desde 2002, y donde invirtió $ 2800.

Sapag, el gobernador de los cinco millones de dólares

Por otra parte, la Banca privada d’Andorra (BPA) se negó a abrir en agosto de 2008 dos cuentas al entonces gobernador de la provincia argentina de Neuquén (233.000 habitantes) Jorge Augusto Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

El mandatario, que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, planeó ingresar en este banco cinco millones de dólares (cuatro millones de euros). Y distribuir los fondos en dos depósitos vinculados a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice, según un acta confidencial de la BPA.

Como beneficiario de una de estas cuentas, Sapag quiso incluir al exsecretario de Recursos Naturales y exministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.

El banco calificó a Sapag de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que es como se denominan en la jerga financiera a personalidades que, por ocupar o haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control para prevenir el blanqueo.

La BPA rechazó a Sapag y Coco como clientes al sospechar que su dinero procedía de sobornos. “Los fondos corresponden a comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”, recogió el banco en un informe interno fechado el 6 de agosto de 2008.

   Néstor y Cristina Fernández Kirchner y el exgobernador de Neuquén Jorge Sapag,en 2007.

Sapag preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares (819.700 euros) desde “una empresa off shore”. “Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el político a la BPA, según esta entidad.

Andorra eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.

 

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