El conflicto de tierras más grande de la Argentina, en el que se disputan 643.000 hectáreas de Santa Victoria Este entre comunidades originarias y familias criollas, está llegando quizá a su etapa más complicada. Durante la semana pasada comenzaron rumores que, de a poco, se fueron confirmando. Ayer, el Gobierno provincial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Francisco Pérez, coordinador de la Asociación Indígena Lhaka Honat (Salta), confirmaron que existe la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el caso por los lotes 14 y 55 fuera derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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El conflicto de tierras más grande de la Argentina, en el que se disputan 643.000 hectáreas de Santa Victoria Este entre comunidades originarias y familias criollas, está llegando quizá a su etapa más complicada. Durante la semana pasada comenzaron rumores que, de a poco, se fueron confirmando. Ayer, el Gobierno provincial, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Francisco Pérez, coordinador de la Asociación Indígena Lhaka Honat (Salta), confirmaron que existe la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el caso por los lotes 14 y 55 fuera derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
De ahora en más, el órgano judicial internacional será el encargado de definir la situación de los exlotes fiscales en la provincia de Salta, que se encuentran ubicados en el departamento de Rivadavia. Finalmente podría cerrarse un conflicto que lleva más de 30 años de presentaciones judiciales.
Aunque todavía no está el comunicado oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El Tribuno pudo confirmar la noticia. Según logró saber este matutino, la CIDH no aceptó el pedido de prórroga de tres meses que había solicitado la parte peticionaria (CELS y Lhaka Honhat) para analizar la propuesta de trabajo que habían enviado el Estado nacional (Argentina) y provincial (Salta).
Es por ese motivo que el organismo internacional decidió elevar el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea el tribunal internacional quien adopte medidas provisionales.
El principio del fin
Esta decisión empezó a gestarse entre el 23 y el 27 de octubre de 2017 en Montevideo, Uruguay, donde se realizó la reunión de la Comisión Interamericana. En ese entonces, la CIDH les pidió a ambos estados (nacional y provincial) que realicen un plan de trabajo para el traspaso definitivo de esas tierras.
"La Comisión nos pidió que presentemos un plan de trabajo, en donde había una inversión importante por parte del Estado en la relocalización de criollos, cosa que se venía haciendo ya que estábamos entregando las escrituras a los criollos. En las 234.000 hectáreas se presentó un plan importante, serio, con obras de infraestructura con beneficios para los criollos, en donde había traslados de pasturas", remarcó Ricardo Echenique, secretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.
Pero para llevar adelante ese importante plan, los estados habían previsto un plazo de ocho años, algo que el CELS y los miembros de Lhaka Honhat rechazaron. El secretario provincial explicó que hasta el momento se habían entregado 47 escrituras gradualmente a los criollos que iban poniéndose de acuerdo. "Ese plan estaba solicitado a la Comisión y el compromiso de los dos estados estaba, ya que nos asegurábamos que se cumplan más allá de quien gobierne porque el acuerdo se iba a plasmar a través de decretos para así darle seguridad jurídica", explicó Ricardo Echenique.
Ese plan que habían presentado los estados fue rechazado por los peticionarios. Requirieron que se acorten los plazos y que, en vez ocho años, sean en dos.
"En octubre, la Comisión dio un plazo de tres meses para que los peticionarios acepten o no. Dos días antes de que el plazo venza el CELS pidió una prórroga de tres meses más para aclarar algunos puntos con el Gobierno nacional y provincial. Es ahí donde la CIDH dijo que no y que el caso pasa a la Corte Interamericana", aclaró el secretario de Asuntos Indígenas. "El CELS decía que veía como imposible un acuerdo con un plazo en ocho años, por lo que el Estado nacional insistió con su postura. El CELS pidió que sea en dos años a través del Ministerio de Derechos Humanos y Cancillería y, faltando dos días para que la comisión decida, Francisco Pérez y el CELS mandaron una nota pidiendo una prorroga de tres meses más. El 27 de enero nos mandaron una carta diciendo que no aceptaban el pedido del CELS y que el caso pasaba a la Corte”, declaró Ricardo Echenique.
Espera
En estos momentos, el Estado nacional y provincial están esperando que la Corte IDH pida las pruebas a las partes involucradas. El funcionario provincial explicó que esta instancia puede tener una duración de hasta tres meses.
“La próxima semana van a venir funcionarios nacionales, que son los que llevan los casos internacionales. Mientras tanto, nosotros no sabemos si esperamos la reacción de la Corte o seguimos avanzando en las necesidades de la gente. Con el Estado estábamos buscando ayudar”, afirmó Ricardo Echenique.
La noticia fue como un baldazo de agua fría
En off, funcionarios declararon a El Tribuno que la decisión de la Corte IDH cayó como un balde de agua fría en el Gobierno de Salta.
“Nos pareció raro, incluso para la gente de Cancillería. Es la primera vez que, tanto el Estado nacional como el provincial se pusieron de acuerdo en realizar un plan en conjunto, esto nos cayó un poco de sorpresa. Particularmente, lo que sí nos sorprende fue la negativa de Lhaka Honhat y el CELS de no aceptar una propuesta de trabajo seria, que tantas veces se pidió. En octubre no aceptó y dos días antes del vencimiento se pidió una prorroga”, remarcó Ricardo Echenique.
El Tribuno consultó a Edith Cruz, ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, quien también manifestó su sorpresa. “Sorprende el fallo de la Comisión pero son decisiones judiciales que se toman y ahora habrá que ver cómo avanzamos para adelante. La verdad es que la unidad ejecutoria venía trabajando bastante bien. Se buscó financiamiento para los pozos de agua, la distribución, los alambrados. Se coordinó con cada una de las comunidades, con los 61 comunidades originarias que tiene Santa Victoria, o sea que se iba avanzando en regularizaciones dominiales reales”, manifestó.
Etapa de diálogo
Según explicó Echenique, podría haber alguna instancia de diálogo entre los peticionarios y el Estado la que podrían ponerse de acuerdo. “Si existe la voluntad de ambas partes podríamos llegar a un acuerdo. Ahora está prevista una reunión la semana que viene, donde estamos esperando la decisión la Corte ya que estamos inmersos dentro de los procesos internacionales”, afirmó el Secretario de Asuntos Indígenas, y aclaró que hasta que la Corte no se defina el Estado no se puede seguir haciendo nada, como avanzar en la entrega de las escrituras.
“Con Francisco Pérez y el CELS nos tendremos que sentar a hablar”, finalizó.