Casi 200 millones de dólares es el impacto económico estimado que deja en Salta la paralización de los proyectos productivos en varios departamentos a partir de una resolución emitida por el Gobierno de la Provincia, en base a una "sugerencia" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
inicia sesión o regístrate.
Casi 200 millones de dólares es el impacto económico estimado que deja en Salta la paralización de los proyectos productivos en varios departamentos a partir de una resolución emitida por el Gobierno de la Provincia, en base a una "sugerencia" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La medida oficial paralizó desarrollos productivos agrícolas, ganaderos y planteos mixtos en las principales zonas productivas de Salta, específicamente en los departamentos Anta, San Martín, Metán, Orán, Rivadavia, General Gemes, Capital y La Caldera.
La decisión del Gobierno provincial, que cedió a la presión del ministro Sergio Bergman, quien cuenta en su equipo de trabajo con funcionarios ligados a la organización Greenpeace, deja a 32 productores que invertían en la provincia en una delicada situación de desamparo estatal y mina los cimientos del mensaje del Gobierno de Juan Manuel Urtubey cuando busca atraer inversores: la seguridad jurídica.
El 25 de enero pasado, el Gobierno provincial informaba que suspendía “la ejecución de los cambios de uso de suelo que fueron observados en una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
Si bien cuestionó la competencia de la cartera nacional para interferir en cuestiones de incumbencia provincial, el gobernador Juan Urtubey se allanó a la intimación del ministro Bergman y notificó a los productores que debían detener los trabajos en sus campos.
La justificación oficial fue poner a resguardo la seguridad jurídica de los inversores para evitarles luego posibles sanciones, argumento que fue rechazado tranqueras adentro por considerar que hacía, justamente, lo contrario y por entender que todo lo actuado en los campos se hizo conforme a la ley.
La medida, de la que ni Provincia ni Nación se hacen cargo por completo, causa perjuicio económico de distinta envergadura en los productores directamente afectados, deja sin trabajo a decenas de trabajadores que prestaban servicios en los distintos proyectos productivos y genera un clima de desconcierto en el sector inversor que empieza a cuestionarse si Salta es, a pesar de sus ventajas geográficas y sus recursos naturales, un buen destino al que apostar.
El dirigente de Federsal, Carlos Segón, estimó en casi 200 millones de dólares el impacto económico por la paralización de los trabajos. “Hoy, poner en marcha un campo ganadero -al margen del valor del terreno en sí- le cuesta al productor unos 2.000 dólares por hectárea. Si tomamos en cuenta que la resolución paró proyectos en unas 95 mil hectáreas, la afectación de las inversiones es de más de US$ 190 millones”.
Agregó que “si al cálculo se le desglosa lo que cuesta una producción agrícola, las pérdidas son aún mayores, ya que esta actividad demanda una inversión mayor por cada hectárea”.
Proyectos ganaderos
Un cálculo similar realiza Ignacio Pisani, expresidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y productor ganadero afectado. “Es difícil hablar de un número absoluto, pero al menos 1.700 dólares por hectárea es la inversión que hice en mi campo”, calculó.
Pisani enumeró: “Habilitar un campo ganadero hoy no cuesta menos de 700 dólares por hectárea. A eso hay que sumarle la inversión en infraestructura, más los 1.000 dólares que hoy vale un vientre”.
“Por lo tanto en ese campo, que yo habilité legalmente, tengo invertidos no menos de 1.700 dólares por hectárea”, hoy paralizadas”, se quejó.
En el campo, habilitado hace cuatro años en la zona de Luis Burela, Pisani desarrolló más de 800 hectáreas y dejó otras tantas de reserva. “Hoy tengo en el lugar un desarrollo ganadero ya instalado con personas a cargo de la ganadería, más ingenieros, más capataces, más los trabajos indirectos que genera el proyecto”, explicó.
Se trata de un desarrollo ganadero de cría de vientres en el que vende los terneros a destete. El proyecto apuesta a llegar a un ciclo completo a medida que se vaya intensificando la producción. “Estimo tener unos 500 terneros al año, los que serán recriados a pasto y, después, se los engordará en el mismo campo mediante un engorde a corral”, indicó.
Por su parte, Segón, que tiene a su cargo la administración de uno de los campos paralizados, detalló que “este proyecto tenía 7.600 hectáreas, de las cuales están habilitadas 3.000, con una inversión (al margen de la compra del campo) de unos US$ 6.000.000, a los que estaba previsto sumarse otra inversión similar”.
“Estos son campos que se compraron en 2005 y, en 2007 cuando ya estaban por salir sus permisos de desmontes, apareció la cautelar de la Corte y les frenó los trabajos por tres años hasta que, la misma Corte Suprema decidió que no tenía competencia porque esa era una jurisdicción del ámbito provincial”, explicó Segón y agregó que “se tuvieron que rehacer todos los estudios, lo que llevó dos años más hasta que se fijó la audiencia y se autorizó el proyecto, por tres módulos”.
El productor indicó que, tras la autorización, “se terminó el primer módulo, se presentaron los papeles para autorizar el segundo y, ahora, cuando estamos a mitad de ejecución de este tramo, aparece la resolución que causa una inseguridad jurídica muy grande para los inversores de Salta”.
“Hicimos una inversión importante desde la compra del campo. El proyecto cuenta con 3.000 cabezas y está en plena producción”, sentenció.
Proyectos agrícolas
Gastón Larrán es un productor agrícola que compró su campo en 2007, año en el que inició el expediente de permiso de desmonte, el cual no se concretó. “En 2012 inicié otro expediente a partir de la recategorización y, en 2014, me autorizaron el cambio de uso de suelo, previo cumplimiento de todos los pasos necesarios”, indicó.
“En mi caso -detalló- son 1.300 hectáreas, de las cuales el 40% se deja a resguardo y el resto se desmonta, pero cumpliendo pasos para garantizar la preservación”.
Larrán indicó que su proyecto se desarrolla en 778 hectáreas reales desmontadas, las que ya están verificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es el organismo que controla que estén los anchos de cortina y que sea correcta la parte perimetral, según el diseño pedido. “Había también un paso de aprovechamiento forestal, que también cumplí”, resaltó.
Se trata de un proyecto agrícola, específicamente porotero. “Solo conseguí desmontar el predio, pero no lo pude poner en producción, con lo cual tengo una inversión de US$ 2.000.000, sin contar el valor del campo, que no lo puedo poner a producir”, se quejó.
Finalmente, dijo que “la siguiente etapa del proyecto demandaba mucho trabajo manual, con lo cual era necesaria mano de obra, para lo cual había convenios con la gente del municipio de Ballivián”. Esos trabajos, por ahora, no se realizarán. El campo de Larrán está ubicado en una zona porotera por excelencia. Su proyecto apuntaba a la siembra de la variedad alubia. En Salta, el rinde de poroto estimado por hectárea ronda los 1.500 kilos con lo cual, por la paralización de este campo, hay un millón y medio de kilos de porotos que Salta deja de producir.
Agrobari es una empresa con actividades en la zona de Anta desde hace 19 años. El gerente de la firma, Ricardo Roquette, indicó a El Tibuno que “cuando llegamos al país desarrollamos un planteo agrícola y luego incorporamos ganadería hasta llegar a ser ésta nuestra principal actividad en la actualidad”.
“Creemos que la aptitud de nuestros campos es excepcional para la actividad ganadera. De hecho tenemos un planteo mixto con una parte de agricultura, destinada a suplementación para la ganadería, más algunos lotes para especialidades. Pero tenemos un proyecto mayormente ganadero, orientado a la cría y recría”, explicó.
En total, el campo que administra Roquette tiene 35 mil hectáreas, de las cuales 20 mil ya están en producción. “De las 15 mil restantes, habíamos pedido autorización y la obtuvimos para cambio de uso de suelo de 7.000 hectáreas. En esta sección del campo avanzamos en una primera parte del proyecto sobre 1.500 hectáreas, lo que nos demandó una inversión de 150 mil dólares, que ahora quedaron inutilizados”, lamentó.
Roquette indicó que “nosotros priorizamos gente de la zona, contratistas de la zona, trabajadores para aprovechamiento forestal, alambradores, siempre de la zona”.
“Creemos que, además de estar en la zona desde hace muchos años, somos referentes por cumplir con todas nuestras obligaciones laborales, entonces sentimos que esto no hace más que postergar el desarrollo en esta área”, cuestionó y lamentó que “hoy tenemos 58 empleados y, al no poder incorporar más hectáreas, obviamente no podemos incorporar más gente”.