La decisión del presidente brasileño Michael Temer de colocar bajo control militar a Río de Janeiro constituye un salto cualitativo en un vasto proceso de carácter regional orientado a replantear el rol de las Fuerzas Armadas en la problemática de la seguridad interior en los países latinoamericanos, en particular ante las denominadas "nuevas amenazas" encarnadas por el narcotráfico y el terrorismo transnacional.
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La decisión del presidente brasileño Michael Temer de colocar bajo control militar a Río de Janeiro constituye un salto cualitativo en un vasto proceso de carácter regional orientado a replantear el rol de las Fuerzas Armadas en la problemática de la seguridad interior en los países latinoamericanos, en particular ante las denominadas "nuevas amenazas" encarnadas por el narcotráfico y el terrorismo transnacional.
Un detalle significativo es que la iniciativa de Temer, avalada por una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, habría sido disparada por el hecho de que la presencia del Ejército en las calles de Río de Janeiro sería vista con simpatía por una amplia franja de la opinión pública brasileña. Las encuestas electorales indican el ascenso de la candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, un diputado ultraderechista que hace de la "mano dura" uno de sus ejes de campaña.
Importa señalar que ya en 2010 el propio Lula había asumido la responsabilidad de ordenar la intervención del Ejército para la pacificación de las "favelas" cariocas. Aquel operativo fue exitoso, pero sus resultados efímeros. Apenas retiradas las tropas, las bandas del narcotráfico recuperaron el territorio perdido. La experiencia indicaría que esta vez la presencia militar no será episódica sino prolongada, tal vez permanente.
Decisión estratégica
Pero esa medida de Temer de intervenir militarmente en Río fue solo el prólogo de una decisión estratégica: la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, que sugestivamente fue puesto a cargo del hasta entonces Ministro de Defensa, Raúl Jungmann, quien asumirá la tarea de "coordinar la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional, en colaboración con las autoridades regionales".
En el lugar de Jungmann fue designado el general Joaquim Silva y Luna, que es el primer militar en desempeñar la cartera de Defensa desde la restauración de la democracia en 1985.
En su primera aparición pública en sus nuevas funciones, Jungmann formuló un diagnóstico contundente. Señaló que desde 2012 en Brasil ocurren un promedio de 60.000 asesinatos por año y que a pesar de que en ese lapso el sistema penitenciario se expandió en un 160%, como la población carcelaria creció un 260%, hay una situación de colapso en las cárceles, puesto que el déficit alcanza hoy a 400.000 plazas.
Detrás de México y Colombia
En sintonía con lo que sucede en Brasil, México sancionó en diciembre pasado una Ley de Seguridad Interior que institucionaliza el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, una guerra declarada por el presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), en 2006 y continuada desde 2012 por su sucesor Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La ley tiende a brindar una mayor cobertura legal a los efectivos militares involucrados en la represión del narcotráfico.
Desde la intervención militar, hubo en México decenas de miles de muertes y los resultados de esta estrategia son todavía motivo de encendidas controversias. De hecho, la sanción de la ley, fuertemente resistida por los sectores de izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, coincide con un momento en que el número de homicidios alcanza el nivel más alto desde 2006.
Lo que en México es motivo de debate en Colombia constituye ya una realidad irreversible, que para algunos puede constituir incluso un modelo regional. El desafío planteado por la guerrilla y la expansión del narcotráfico obligaron a un profundo involucramiento de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior.
El Ejército colombiano, con la enorme experiencia acumulada en varias décadas de combate, es observado hoy con interés por los especialistas latinoamericanos en seguridad.
El acuerdo de paz celebrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) no modificaron el criterio imperante. La subsistencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, sobre todo, la presencia amenazante del narcotráfico asegura un amplio consenso político a la continuidad de la intervención militar para la preservación de la seguridad interior.
Cambio en la doctrina
México, Brasil y Colombia, en ese orden, tienen los tres ejércitos más poderosos de América Latina (el cuarto es la Argentina). Un análisis comparativo indica que siete de los diez países de la Unasur admiten, con distinta intensidad, la participación activa de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Las tres excepciones son Argentina, Uruguay y Chile.
Cabe precisar empero que el caso chileno tiene características muy particulares: por la naturaleza extremadamente centralista y unitaria de su sistema constitucional de gobierno, el país trasandino no permite la existencia de fuerzas de seguridad de carácter local (sean estaduales, provinciales o municipales). Existe, en cambio, el arma de Carabineros, que por su nivel de adiestramiento y su estructura militarizada constituye en los hechos una poderosa cuarta fuerza armada, que unifica en un solo cuerpo las funciones que en la Argentina están distribuidas entre la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional Marítima y las policías provinciales. De allí que la pregonada ausencia militar en las cuestiones de seguridad interior tenga un carácter altamente relativo.
Este nuevo escenario revela una paulatina modificación en la doctrina sobre la vinculación entre las problemáticas de la defensa nacional y la seguridad interior en toda la región. En la década del 80, con el agotamiento de los regímenes dictatoriales y la restauración de la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos, la necesidad política de acotar el poder militar para facilitar los primeros pasos de unas democracias incipientes forzó a una tajante división de funciones, que excluyó a los militares de cualquier injerencia en asuntos de índole interna. En los últimos años, el avance de las denominadas "nuevas amenazas", derivadas del avance del delito trasnacional, en especial la expansión del narcotráfico, fue diluyendo aquella separación nítida entre los conceptos tradicionales de defensa y seguridad y generó la necesidad de un replanteo profundo, cuyas manifestaciones ya están a la vista.
Más allá de antiguas disquisiciones ideológicas, esta discusión, que gira en torno de la nueva noción de "seguridad integral" o "seguridad ampliada", toca hoy las puertas de la Argentina.
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