Amnistía alertó sobre "señales alarmantes" de criminalización de la protesta en Argentina

Amnistía Internacional (AI) volvió a advertir hoy que Argentina muestra "señales alarmantes sobre el derecho a la protesta", evidenciadas en un "excesivo uso de la fuerza y detenciones arbitrarias" por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones callejeras.

 

Represión durante el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso.

"Es importante que las voces críticas puedan expresarse; hay una erosión del derecho a protestar y ahora el G20 pone a Argentina bajo el foco internacional como garante del respeto a los derechos humanos", expresó hoy el secretario general de la organización internacional, Salil Shetty, quien ayer se reunió con el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios, en el marco de una visita oficial al país.

Shetty, acompañado por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, y Mariela Belski, directora ejecutiva del capítulo argentino de la organización, ofreció esta tarde una conferencia de prensa en el Sheraton Hotel, en el barrio porteño de Retiro.

"La discusión sobre la economía no puede separarse de los derechos humanos", subrayó Shetty, para quien desconocer ese vínculo "alimenta el malestar social y político", una situación que "acecha al Continente".

De igual modo, Guevara de Rosas planteó la necesidad de que el G20 muestre "líderes políticos que impulsen una agenda sobre derechos humanos", algo que no fue formalizado con esos conceptos en los esquemas de trabajo del grupo internacional que durante este año se reúne en Argentina. 

Pueblos originarios
Si bien los referentes de la organización valoraron la "iniciativa" de Macri de "abrir el debate" sobre la legalización del aborto, Shetty admitió que en la reunión de ayer en Casa de Gobierno se mantuvieron en desacuerdo sobre cuestiones como la "criminalización de la protesta social" y la relación entre las autoridades y los pueblos originarios.
"Argentina está obligada a buscar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas", declaró el dirigente máximo de la organización internacional de derechos humanos, que tiene presencia en 159 países, con 7 millones de miembros, y que en 1977 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

Salil Shetty, dirigente de Amnistía Internacional.
Shetty, de origen indio, se refirió así al caso de los pueblos originarios que habitan la zona de Salinas Grandes, en Jujuy, a cuyos líderes visitó y de quienes escuchó la "preocupación" por el potencial impacto del crecimiento de la minería de litio en sus medios de subsistencia, la provisión de agua y el medio ambiente.
Amnistía reclamó que el gobierno realice una "consulta plena" a las comunidades y les garantice que "se beneficiarán de la extracción de litio" para así "demostrar que Argentina habla en serio sobre el mensaje de equidad y sostenibilidad que quiere dar durante su presidencia del G20".

El debate sobre el aborto
En cuanto al debate sobre el aborto, los tres referentes de AI expresaron su respaldo a la despenalización, consideraron "obsoleta" la ley vigente (aborto no punible) y lamentaron que las discusiones "se confundan con la libertad de culto".
En otro orden, la organización defendió el derecho al disenso de dirigentes y referentes de la sociedad civil hacia la gestión de Cambiemos y entendió que el gobierno "tiene la responsabilidad de proteger la libertad de expresión".

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