Patricia González Prado, abogada especialista en temas de género, consideró que no hace falta un software para identificar la vulnerabilidad de la población y apuntó a la necesidad de dar educación sexual para prevenir los embarazos adolescentes.
inicia sesión o regístrate.
Patricia González Prado, abogada especialista en temas de género, consideró que no hace falta un software para identificar la vulnerabilidad de la población y apuntó a la necesidad de dar educación sexual para prevenir los embarazos adolescentes.
González Prado es doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídica Política de la Universidad de Barcelona. Su libro, “Aborto y autonomía sexual de las mujeres”, se presentará hoy a las 18.30 en la Legislatura, en Mitre 550.
En diálogo con El Tribuno, se refirió al debate que se está dando en el Congreso sobre la interrupción del embarazo y consideró que sería una vergüenza que se votara en contra de la despenalización.
También dijo que el Gobierno debería preocuparse por el hecho de que “el único proyecto vital para muchas mujeres de sectores populares sea la maternidad”.
En 2012 se dictó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aclaró que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo de vida de la madre. ¿Qué cree que pasó desde entonces? ¿Hubo una evolución o un cambio en la sociedad?
Creo que desde el inicio de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito empezó a andarse un camino de despenalización y legalización social del aborto que ha sido muy importante y ha permitido pensar en la exigencia del tratamiento legislativo, punto al que hemos llegado hoy.
El movimiento “Ni Una Menos” fue un punto de incidencia por lo masivo y por la comprensión de que la violencia de género es una problemática que está en el eje de la vida pública. Y la penalización del aborto es una forma de violencia contra las mujeres que persiste.
Creo que estos distintos caminos han confluido en que, en nuestra sociedad, haya un giro muy importante para reconocer que los abortos están. Los números que tenemos, comparados con otro país que legalizó son superiores. Tenemos que terminar con la hipocresía. El Estado tiene que garantizar que las mujeres no se mueran ni resulten dañadas.
¿Cómo cree que va a resultar el debate en el Congreso?
Creo que tiene muchas probabilidades de aprobarse, tanto la despenalización como la legalización. No es casual que este debate se largue al Congreso. Creo que está bastante medido este cambio en la sociedad y en la opinión pública.
Va a ser un debate muy enriquecedor. Pocas veces hemos tenido la posibilidad de escuchar esta cantidad de voces. Me siento muy optimista con respecto a que esto va a salir del Congreso. Creo que sería una vergüenza internacional si se largara un debate así y saliera negativo.
Salta es una de las provincias que, tras el fallo de 2012 de la Corte Suprema, dictó un protocolo de aborto no punible considerado restrictivo.
Salta es conocida por haber sacado un protocolo restrictivo a poco tiempo de haber salido la sentencia. El protocolo es inconstitucional porque los tratados de derechos humanos que reconocen el acceso a derechos sexuales y reproductivos forman parte de la Constitución Nacional.
Es lo mismo que pasó con la educación religiosa. Hasta que no llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Salta insistió con algo que era vulneratorio de derechos humanos fundamentales.
¿Escuchó las declaraciones del gobernador Juan Manuel Urtubey con respecto a un programa informático para predecir las probabilidades de que una adolescente se embarace? ¿Qué opina?
Lo escuché. Le diría que, antes de eso, hay disciplinas sociales que se encargan de anticipar cuáles son las poblaciones que están expuestas a los riesgos de un embarazo no deseado. No se requiere para eso de una aplicación o un software.
No se entiende muy bien qué quiere decir con esto. Lo interesante sería decir qué se hace para evitar que, para muchas mujeres de sectores populares, el único proyecto vital sea la maternidad... que el único proyecto que ofrece ese reconocimiento como personas, que casi que les da existencia, sea el proyecto de la maternidad. Y estoy dejando fuera las situaciones de violencia y de abuso, que son muchísimas.
Entonces, ¿qué es lo que hace, como gobernador, con esa información? ¿Cuáles son las alternativas para que esas niñas y adolescentes no tengan que pasar por experiencias de embarazos involuntarios?
Con respecto a la educación sexual, es ley desde 2006 y todavía se sigue formando a los y las docentes para que en algún momento empiecen a dar educación sexual integral. Y no solo en Salta. Esto tiene efectos muy duros, no solo en relación a los embarazos no deseados sino también a los abusos sexuales.