El fallo que benefició al empresario Cristóbal López todavía tiene coletazos en la Justicia. El Consejo de la Magistratura dio esta mañana un nuevo paso en la investigación sobre los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que fueron quienes dispusieron su excarcelación y el cambio de carátula de la acusación, para que pase de fraude al Estado a evasión, un delito para el que se contemplan penas más bajas.
La comisión de Disciplina y Acusación aprobó que se entreguen todas las declaraciones juradas de los magistrados con sus correspondientes anexos reservados, según publicó La Nación.
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El fallo que benefició al empresario Cristóbal López todavía tiene coletazos en la Justicia. El Consejo de la Magistratura dio esta mañana un nuevo paso en la investigación sobre los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que fueron quienes dispusieron su excarcelación y el cambio de carátula de la acusación, para que pase de fraude al Estado a evasión, un delito para el que se contemplan penas más bajas.
La comisión de Disciplina y Acusación aprobó que se entreguen todas las declaraciones juradas de los magistrados con sus correspondientes anexos reservados, según publicó La Nación.
Declaraciones juradas de Ballestero y Farah
La investigación, a cargo del diputado Pablo Tonelli , se centra en el patrimonio de los camaristas a instancias de una denuncia de la diputada Elisa Carrió, que hace dos semanas pidió por nota al Consejo de la Magistratura que investigue los bienes del juez Ballestero, al considerar que el dictamen del viernes pudo haber estado "influido" por "intereses económicos".
"Solicito que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer la posibilidad de que ese decisorio voto pudiera haber estado influido por razones que podrían estar vinculadas con intereses económicos del magistrado", escribió la diputada, e hizo especial referencia a "la compra de un dúplex" en la avenida Figueroa Alcorta que se habría comprado -sostuvo- con un "crédito simulado".
Ballestero, camarista federal desde 2008, es el juez con mayor patrimonio declarado en Comodoro Py. Informó bienes por $12 millones, un crecimiento del 183% con respecto al año anterior, de acuerdo a un artículo publicado por La Nación.