Los abogados de Lula Da Silva le dijeron a Ambito Financiero que la reclusión "no durará menos de un mes ni más que algunos meses". La constitucionalidad de la ejecución anticipada de condenas volverá al Supremo.
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Los abogados de Lula Da Silva le dijeron a Ambito Financiero que la reclusión "no durará menos de un mes ni más que algunos meses". La constitucionalidad de la ejecución anticipada de condenas volverá al Supremo.
Brasil entró desde ayer en terreno desconocido, cuando se cumpla, si nadie saca antes de la galera un nuevo conejo legal, la orden de prisión contra Luiz Inácio Lula da Silva librada el jueves pasado por el juez federal Sergio Moro.
La izquierda perderá a su candidato; el sistema político, su mayor punto de referencia de los últimos quince años, y la elección presidencial de octubre, la única postulación que no presentaba dudas sobre su viabilidad. Y, encima, una grieta que partirá cada vez con más furia a la sociedad brasileña.
Las clases medias urbanas, que odian visceralmente a todo lo que huela al Partido de los Trabajadores, tienen desde ahora un nuevo motivo para idolatrar al juez que es emblema de la operación "Lava Jato".
Sin embargo, el equipo jurídico del exmandatario ya se prepara para que el cautiverio tenga una duración mucho menor que los 12 años y un mes decididos por una corte de apelaciones de Porto Alegre.
Voto decisivo
La jueza del Supremo Tribunal Federal (STF) que emitió el voto decisivo en la noche del miércoles, Rosa Weber, aclaró que rechazó el hábeas corpus a favor de Lula para dar "seguridad jurídica" al país, algo que logró, dijo, respaldando la posición mayoritaria del cuerpo expresada en octubre de 2016, cuando entró en vigor la jurisprudencia que avala el cumplimiento anticipado de condenas.
Sin embargo, sugirió que si en el futuro se trata la cuestión de fondo, esto es si la prisión antes de que exista sentencia firme es constitucional o no, puede cambiar su postura.
En tal caso, Lula y otros reos (no solo los condenados por corrupción) podrán salir de la cárcel en tanto no haya causales que ameriten prisiones preventivas, como los peligros de fuga o de entorpecimiento de las causas.
La pregunta es cuándo ocurrirá dicha revisión.
La respuesta que le dio al periodista Marcelo Falak un asesor legal muy importante del líder del PT es que eso ocurrirá "no antes de un mes, pero no después de algunos meses".
El gran obstáculo para el tratamiento de dos "acciones de constitucionalidad" ya presentadas es la presidenta del STF, Cármen Lúcia Antunes, quien dejará su cargo en septiembre para ser reemplazada por un ministro "lulista", Dias Toffoli. Este debería habilitar el tratamiento del asunto y, considerando lo dicho por Weber, la garantía constitucional de que cualquier acusado tiene derecho a aguardar en libertad hasta agotar el "tránsito en juzgado" de sus causas recobraría su vigencia.
Weber, alguien capaz de fundamentar de modo impecable que es de día a las doce de la noche, merece un párrafo para ella sola. En 2016 votó contra la prisión anticipada, mientras que el último miércoles respaldó la continuidad de esa jurisprudencia y, a la vez, sugirió un voto futuro en contra de esta. Es decir que, alegando la necesidad de que Brasil tenga "certezas", avaló que un ciudadano, Lula en este caso, pierda su libertad en virtud de lo que ella misma considera una violación de la Constitución.
El mundo jurídico brasileño actual tiene razones que la razón no entiende.
Mientras, la defensa espera que haya novedades antes del reemplazo de Carmen Lucía por Dias Toffoli, si es que algún magistrado se anima a reclamar la inclusión del tema de fondo en una sesión. Se viene un juego muy fuerte de presiones que excederán largamente lo jurídico.
En medio de la confusión, lo que luce más claro es el futuro político de Lula, valga el oxímoron.
Será enorme el impacto de ver privado de su libertad al gran símbolo de los gobiernos progresistas y populistas que dominaron la política sudamericana de comienzos de siglo, algo que en el corto plazo supondrá un elemento desestabilizador para el sistema político brasileño. En términos más claros: sin Lula en la cancha, casi cualquier cosa puede salir de los comicios de octubre y cabe interrogarse, aun corriendo el riesgo de una anticipación exagerada, por la ilegitimidad que "medio Brasil" le achacará a un presidente surgido de un juego que considera amañado y proscriptivo.
El analista Paulo Kramer dijo desde Brasilia que "para el mercado financiero, un Lula impedido de competir o incluso imposibilitado de hacer campaña, es más importante que un Lula preso".